De los 28 altos mandos imputados en la segunda fase del Subcaso de falsos positivos de la Costa Caribe, 25 reconocieron por escrito ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su participación en asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 604 personas, presentadas ilegítimamente como bajas en combate por 19 unidades militares.
En total tres generales, 18 oficiales y cuatro suboficiales del Ejército Nacional aceptaron su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2008, en el marco del denominado Caso 03 que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado.
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Entre quienes asumieron su responsabilidad se encuentran los mayores generales Hernán Giraldo Restrepo y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, así como el brigadier general Adolfo León Hernández Martínez, quienes ocuparon cargos de mando en brigadas y batallones clave de la región. También reconocieron su participación seis coroneles, tres tenientes coroneles y varios oficiales subalternos, además de cuatro suboficiales.
El reconocimiento llega después de que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP estableciera la existencia de un patrón macrocriminal en el Caribe, sostenido en presiones por resultados, recompensas a los comandantes y encubrimiento sistemático de ejecuciones extrajudiciales. Esta práctica permitió inflar artificialmente los reportes de bajas en combate como indicador de éxito militar.
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Con este avance, ya son cinco los generales que, en el marco del Caso 03, han aceptado su participación en crímenes cometidos en distintas regiones priorizadas. Los comparecientes manifestaron además su voluntad de reparar a las víctimas, las comunidades y los territorios afectados.
No obstante, tres oficiales retirados —el brigadier general Fabricio Cabrera Ortiz, el mayor general Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y el teniente coronel William Hernán Peña Forero— se negaron a aceptar responsabilidad. Sus procesos fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que definirá si los acusa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, escenario en el que podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
La JEP anunció que en los próximos meses se llevará a cabo la Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad, en la que los militares deberán admitir de manera pública y detallada los hechos ante las víctimas y la sociedad. En paralelo, el Tribunal para la Paz ya profirió una sentencia restaurativa contra 12 integrantes del Batallón La Popa que habían reconocido su responsabilidad en 2022 por hechos ocurridos entre 2002 y 2005.
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