Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, al menos 34 líderes y lideresas sociales, así como defensores de derechos humanos, fueron asesinados en Colombia, según un balance de la Defensoría del Pueblo. La entidad advirtió que cada uno de estos casos representa una afectación grave a la vida, al liderazgo social y a los procesos organizativos en los territorios.
De acuerdo con el reporte, los crímenes se distribuyen en 13 casos en enero, 14 en febrero y 7 en marzo. Del total de víctimas, 30 eran hombres y cuatro mujeres. Antioquia concentra la mayor cantidad de casos, con ocho asesinatos registrados en lo corrido del año.
A este panorama se suman otros hechos de gravedad. En el mismo periodo fueron asesinados tres firmantes del Acuerdo de Paz, en casos ocurridos en los departamentos de Caquetá, Cauca y Huila. Estos homicidios se distribuyen en dos casos en febrero y uno en marzo.
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La Defensoría alertó que, desde enero de 2016 hasta el 31 de marzo de 2026, Colombia tiene un registro de 1.699 homicidios de líderes sociales en el país. En un rango menor, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, un informe reciente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que los 410 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos registrados, consolidan un patrón estructural y un fenómeno extendido en todo el país.
El documento detalla que del total de víctimas, 354 eran hombres, 49 mujeres y siete personas LGBTIQ+ —entre ellas, cuatro mujeres trans, dos hombres gay y una persona no binaria—. Según el análisis, el impacto de estos crímenes recae de manera desproporcionada en poblaciones rurales y étnicas. En concreto, 171 víctimas eran campesinas, 94 indígenas y 43 afrodescendientes, lo que evidencia la relación entre la violencia y territorios marcados por disputas armadas y limitada presencia estatal.
Asimismo, documenta impactos diferenciados. En el caso de las mujeres defensoras, se registraron 49 homicidios y 608 ataques y amenazas, mientras que los defensores ambientales siguen siendo de los más expuestos, con 64 asesinatos concentrados en departamentos como Cauca, Putumayo, Nariño y Chocó.
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Lejos de tratarse de hechos aislados, la ONU insiste en que la violencia responde a dinámicas estructurales que persisten especialmente en zonas rurales, aunque también se han extendido a entornos urbanos y periurbanos.
El informe identifica patrones repetidos en distintas regiones del país y señala que la mayoría de los homicidios estarían relacionados con la acción de actores armados. De hecho, estima que el 73 % de los casos podría atribuirse a grupos como Eln, disidencias de las Farc, Clan del Golfo, entre otros.
Pese a algunos avances institucionales, la ONU alertó que la respuesta judicial sigue siendo limitada. Menos del 20 % de los casos ha llegado a sentencia, y en materia de amenazas la impunidad es aún mayor, con miles de denuncias sin avances investigativos.
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