La última vez que Wílmar Rodríguez vio a su hermano Gerson con vida tenía 11 años. Estaban en el patio de su casa y recuerda con lágrimas en sus ojos que con una pita le midió el pie al menor de sus hermanos y dijo que de Medellín le traería unos zapatos. Gerson Rodríguez era un conductor de 23 años. El cuarto de siete hermanos, y quien ayudaba a sostener su casa económicamente. No estaba metido en cosas turbias. Era la primera vez que lo contrataban para mover mercancía, su ruta quedó diseñada para que viajara de Cúcuta a Medellín. Fue el primer y último trabajo.
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En contexto: ¿Dónde están los 19 comerciantes asesinados y desaparecidos en el Magdalena Medio?
Gerson se convirtió en una cifra más de las víctimas del conflicto armado. El 6 de octubre de 1987, hace 35 años, él y 18 comerciantes desaparecieron mientras transportaban mercancía. El asesinato y posterior desaparición se registró en el municipio de Puerto Boyacá. Desmembraron sus cuerpos y los lanzaron a las aguas del caño El Ermitaño, que desemboca en el río Magdalena. La justicia colombiana no ha procesado a los responsables del crimen, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en 2004, condenó al Estado.
Los responsables, según el organismo internacional, son grupos paramilitares que tuvieron la ayuda de miembros del Ejército. En la condena se ordenó abrir una investigación para que se diera con los protagonistas del crimen. En 1996, la Fiscalía vinculó al proceso judicial a oficiales y suboficiales ya retirados: el sargento Otoniel Hernández Arciniegas, el mayor Óscar de Jesús Echandía Sánchez, el general Farouk Yanine Díaz y el coronel Hernando Navas Rubio. No obstante, hasta la fecha no hay condenas ni tampoco quién responda por la desaparición de los comerciantes.
Lo que dicen los expedientes judiciales y los familiares de los comerciantes es que a Álvaro Lobo Pacheco, Gerson Rodríguez, Israel Pundor, Ángel Barrera, Antonio Flórez, Carlos Riatiga, Víctor Ayala, Alirio Chaparro, Húber Pérez, Álvaro Camargo, Rubén Pineda, Gilberto Ortiz, Reinaldo Corso, Hernán Jáuregui, Juan Bautista, Alberto Gómez, Luis Sauza, Juan Montero y Ferney Fernández los señalaron de ser auxiliadores de grupos guerrilleros y por ello terminaron pagando con su vida. Esa hipótesis no la compran los familiares. Don Eliécer Rodríguez y doña Edilia Quintero se fueron a la tumba sin saber por qué le arrebataron a Gerson.
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Doña Edilia no supo lo que padeció su hijo. Los hermanos de Gerson prefirieron guardar silencio mientras veía cómo se le escapaba la vida a su madre sin que ella pudiera ver por última vez a uno de sus hijos. Don Eliécer conoció la verdad seis meses antes de su muerte. Se la contó su otro hijo, Wílmar, quien en diálogo con El Espectador dijo que su papá solo atinó a decir que “eran unos desgraciados” los que le hicieron daño a Gerson, y su cara se desdibujó en tristeza. Wílmar lleva una cruz que no soltará, dice, “hasta encontrar si quiera un pedacito” de su hermano y saber a ciencia cierta qué pasó.
Luz Marina Pinzón, por su parte, aún tiene la esperanza de encontrar vivo a su esposo Juan Alberto Montero, otra de las víctimas. Inicialmente, la travesía de los comerciantes empezó con 17, entre ellos Gerson que era el conductor, Montero apareció en escena días después, cuando decidió ir a buscar a sus compañeros que no aparecía. Pero lo único que encontró fue la muerte. Pinzón, quien padece de lupus hace más de 17 años, se ha sometido a cirugías y ha tenido varias hospitalizaciones, dijo que cuando conoció la noticia de la desaparición de su compañero sentimental decidió dejar todo atrás.
Con su hija mayor que, para la época, tenía cinco años, se trasladó a Bogotá. Quería hacer un borrón y cuenta nueva y olvidar todo. Sin embargo, no encontró la forma de decirle que su papá no regresaría. Nunca tuvo la fortaleza de hacerlo personalmente y por eso lo hizo indirectamente, cuando la niña, que hoy ya tiene 40 años, apenas estaba aprendiendo a leer, Pinzón dejaba regados por la casa recortes de periódicos que tenían la noticia de la muerte y desaparición de Juan Alberto Montero. Pinzón, en diálogo con este diario, dijo que en algún momento pensó que su esposo se había convertido en un habitante de calle y estuvo a punto de bajarse de un bus a buscarlo cuando creyó verlo.
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Hoy, 35 años después, le reprocha al Estado el abandono que ha vivido luego de la muerte y desaparición de los comerciantes. No descarta verlo con vida nuevamente, y aunque aduce que sus padecimientos físicos y de salud son por cuenta del sufrimiento causado, dice que perdonó a quienes le arrebataron al amor de su vida y padre de su hija. El mismo sinsabor de indefensión por parte del Estado lo siente Suney Jaureguí, quien perdió a su hermano Luis Hernando cuando tenía 29 años. Aún lo recuerda como el bastón de su casa.
“Hernando es un impulso por la vida. Recuerdo su tenacidad para sobrellevar cada una de las dificultades, el trabajo honesto y la superación. Él no veía las dificultades, sino las soluciones. Por eso vamos a llegar hasta el final, esa es la manera de hacerle un homenaje”, dijo Suney en diálogo con este diario. Luis Hernando era el segundo de 11 hijos y el primer varón, por eso, lo veía más que como un hermano, como un padre. Recuerda que los días para cuando se enteró de su desaparición toda la familia estuvo devastada.
Suney, aunque no existe una condena en firme por parte de la justicia colombiana, tiene claro que la decisión de desaparecer a su hermano estuvo en los escritorios de altos oficiales del Ejército. “Ellos ordenaron la muerte, justificaron 19 homicidios diciendo que eran auxiliadores de la guerrilla”, resaltó Suney. Pese a que la Fiscalía vinculó a varios uniformados, hasta el momento el proceso judicial no se ha movido y de la condena internacional al Estado lo único que han recibido es la reparación administrativa.
Los incumplimientos
En 2004, la Corte IDH dijo que el Estado colombiano debía iniciar una investigación para dar con los responsables. También ordenó otra serie de medidas: el Estado debía iniciar trámites de búsqueda, pedirles perdón a las víctimas, repararlas económicamente y, además, debían garantizarles el acceso gratuito al sistema de salud para que pudieran acceder a acompañamiento psicosocial. Hasta el momento las autoridades nacionales han cumplido a medias. De acuerdo con el abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) David Iregui, quien lleva el proceso, la Corte IDH ha supervisado el cumplimiento de estas órdenes y periódicamente envían reportes.
“La Corte determinó que hay miembros de la Fuerza Pública que actuaron en coadyuvancia con miembros de grupos paramilitares. A pesar de ello, y probada la responsabilidad del Estado, no hay a la fecha mayores avances en la investigación penal sobre la hipótesis de que miembros del Ejército participaron en los hechos”, dijo Iregui, y añadió que las investigaciones contra miembros de grupos paramilitares siguen su curso. En contraste, la reparación sí llegó para los familiares de los comerciantes. El pago lo realizaron entre el Ejército y el Ministerio de Hacienda, pero el resto de las obligaciones que ordenó la Corte IDH no se han cumplido.
Los familiares denunciaron que el acto de perdón no fue liderado por el presidente de turno, como lo estipuló el órgano internacional, que en esa época era el hoy exsenador Álvaro Uribe Vélez. Tampoco han tenido el plan de búsqueda para hallar a sus familiares. Si bien la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas asumió esa responsabilidad, todavía no han informado ningún resultado. “Se ha solicitado a la Fiscalía para que busque. Se han enviado informes a la Corte IDH encaminados a que se obligue al Estado a que se inicie la búsqueda. A pesar de todos los esfuerzos de las víctimas, nada ha servido para dar con el paradero de los comerciantes”, dijo el abogado.
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El jurista añadió que, si bien entre 2010 y 2015 hubo labores de búsqueda, esa situación fue aislada y no obedece a un plan sistemático. Sobre la gratuidad en el sistema de salud, Luz Marina Pinzón quien ha padecido más enfermedades durante este tiempo reprocha que deba pagar EPS y un plan complementario para tener acceso a ese derecho que la Corte IDH dijo que no tendría ningún costo para las víctimas. Tanto Pinzón como Wilmar y Suney coinciden en que ese es el mayor de los incumplimientos pese a que existen mesas nacionales y regionales que le hacen seguimiento a esa situación. Lo que han denunciado es que la solución de los anteriores gobiernos es que para eso existe el Sisbén.
Los incumplimientos de la sentencia, los desplantes de los gobiernos de turno, entre otras irregularidades, son parte del diario vivir que desde hace décadas es su historia. Pero ni ese turbio panorama, dicen las propias familias, basta para dejar de luchar por la verdad y encontrar a sus seres queridos. Algunos todavía creen que los encontrarán con vida, otros solo quieren cerrar ese doloroso ciclo con justicia y el castigo para quienes les arrebataron a sus seres queridos. Hoy, 35 años después del horror por el asesinato y desaparición de los 19 comerciantes, los familiares son más claros que nunca: no descansarán hasta que se haga justicia.
