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El Consejo Superior de la Judicatura y representantes de los trabajadores lograron convenir que más de tres centenares de empleados de distintas jurisdicciones vuelvan a tener el mismo salario que tenían antes de los últimos ajustes que vivió la rama con el proceso de reestructuración.
Así lo indicó el vocero de Asonal Judicial, Fabio Hernández, quien destacó la voluntad de la magistratura para dialogar y atender los requerimientos de los trabajadores, que resultaron perjudicados en esa eventualidad.
"Nos parece que la reunión ha sido bastante fructífera, en la medida en que se resuelve un problema importante generado con la reestructuración de las diferentes seccionales de administración judicial", precisó.
Otro de los puntos de acuerdo fue el compromiso del Consejo Superior de la Judicatura para aportar 10 mil millones de pesos, tendientes a la construcción del Palacio de Justicia de Cali, Pedro Elías Serrano Abadía, tras el atentado dev l que fue el año anterior.
Hernández dijo que ya era hora de que se le diera solución al drama que enfrenaban los trabajadores de esos despachos, pues venían desarrollando las funciones propias de sus cargos en condiciones inadecuadas.
Aclaró, no obstante, que los pactos aquí logrados nada tienen que ver con la declaratoria de huelga, cuya hora cero sigue estando fijada para el próximo 14 de octubre, pese a los diálogos que aún están pendientes con el Gobierno Nacional.
El presidente de la Sala Administrativa de la colegiatura, Jorge Castillo Rugeles, dijo que el ente a su cargo ya venía trabajando desde hace tiempo en las soluciones que surgieron como la conclusión de esta reunión.
Precisó que la reestructuración, si bien ha originado algunas complicaciones, es necesaria, pues es evidente que ha ido contribuyendo a la modernización del sistema judicial.
"Se trata de la implementación de la carrera a nivel de consejos seccionales en donde, por razones obvias, hubo unos impactos negativos, los cuales la Sala ha tratado de minimizar como le ha sido posible", manifestó.
Finalmente, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López, dijo que el balance de la solución era absolutamente positivo, pues no se trataba "de ofrecer expectativas sino de soluciones".