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En el Museo Casa de la Memoria de Medellín, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó una ceremonia de reconocimiento de responsabilidad, de perdón y de compromiso con la no repetición en la que 85 comparecientes de la fuerza pública repararon simbólicamente a las familias de 36 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, cometidas en Antioquia entre 2003 y 2008.
Según indicó la JEP, entre las víctimas de estos comparecientes, quienes no fueron seleccionados como máximos responsables, hay siete menores de edad y dos mujeres. En la ceremonia, a la que asistieron alrededor de 80 familiares de las víctimas, los integrantes de la fuerza pública reconocieron el daño causado tanto a ellas como a sus comunidades.
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Estas ejecuciones extrajudiciales ocurrieron cuando los comparecientes pertenecían a cinco unidades militares adscritas a la Cuarta Brigada: el Batallón de Infantería Número 32 ‘General Pedro Justo Berrío’; el Batallón de Artillería Número 4 ‘Coronel Jorge Eduardo Sánchez’; la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas Número 5 (A909FEUR 5); el GAULA Antioquia (Antioquia) y el GAULA Rionegro.
La JEP señaló que este acto de reconocimiento y perdón hace parte del proceso no sancionatorio de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esta justicia transicional, “mediante el cual los comparecientes que no han sido seleccionados como máximos responsables en crímenes no amnistiables pueden resolver su situación jurídica de manera definitiva, siempre y cuando cumplan con los requisitos de aportar verdad plena, detallada y exhaustiva”.
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Asimismo, los comparecientes deben cumplir con los requisitos de “reconocer responsabilidad en los hechos que correspondan; realizar acciones restaurativas orientadas a la reparación simbólica y moral de las víctimas, como la dignificación pública y la restitución de su buen nombre”, y asumir un compromiso efectivo que garantice que estos crímenes jamás vuelvan a ocurrir.
Según la JEP, fueron precisamente las familias de las víctimas quienes solicitaron este acto de dignificación como contribución a la reparación, con el fin de limpiar el buen nombre de sus seres queridos, quienes fueron falsamente presentados como delincuentes o guerrilleros por agentes del Estado para “engrosar las estadísticas de resultados operacionales y enviar un mensaje al país de que se estaba ganando la guerra contra la insurgencia”.
Durante la ceremonia, el compareciente Andrés Cervantes Blanco señaló: “Las víctimas eran parte de nuestra sociedad antioqueña. Queremos limpiar el buen nombre por la difamación y la estigmatización, queremos decir que no se puede justificar sus crímenes. Fallamos en proteger a los más vulnerables”.
De igual manera, Luis Fernando Toro Piedrahita, compareciente y representante de los demás miembros del BAJES, aseveró: “Nosotros somos responsables de su dolor. Ellos debieron volver a casa; se los arrebatamos. Montamos una mentira, sus nombres fueron usados injustamente y los hicimos parte de un conflicto al que no pertenecían. Tergiversamos su historia”.
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