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Una nueva condena dictó la justicia dentro de la investigación contra la red de corrupción liderada por el exsenador del Partido Liberal Mario Alberto Castaño Pérez, sentenciado a 15 años de prisión, en la que se direccionaban contratos en varios departamentos del país a cambio de quedarse con parte del dinero. En este caso, su pareja para el momento de los hechos, Daniela Ospina, deberá pagar cinco años de cárcel luego de aceptar los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.
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La investigación reveló que esta mujer fue intermediaria del exsenador, Mario Castaño y administró parte de los dineros obtenidos irregularmente, gestionó el pago de coimas, distribuyó los porcentajes que le correspondían a cada integrante de la organización criminal y prestó sus cuentas bancarias para recibir dineros producto de las actividades.
Se trata de Daniela Ospina Loaiza quien de manera libre, voluntaria y debidamente asesorada por su abogado, aceptó los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación. Por lo anterior, un juez de Bogotá la sentenció a cinco años de prisión que deberá… pic.twitter.com/rdKs4TqLdJ
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 5, 2023
La Fiscalía también encontró que Daniela Ospina obtuvo un incremento patrimonial de 60 millones de pesos por su actividad ilegal y suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales con el Congreso de la República, por el que recibió 20 millones de pesos, pero no ejecutó las actividades pactadas.
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El exsenador Mario Castaño fue condenado a 15 años de prisión por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por ser el líder de una red de corrupción en contratación estatal, integrada por servidores públicos y particulares, con injerencia en municipios de Caldas, Chocó, Risaralda y Cauca. De acuerdo con datos suministrados por la Fiscalía a El Espectador, en las cuatro fases de la investigación fueron capturadas 37 personas, de las cuales la mayoría ya aceptaron cargos o se encuentran a la espera de que un juez avale el preacuerdo que firmaron con el ente investigador.
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