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19 Aug 2020 - 8:48 p. m.

“A él le aterra un posible regreso a Colombia”, abogado de Salvatore Mancuso

La defensa del excomandante paramilitar pidió medidas cautelares en una corte de Washington para que Mancuso no sea traído a Colombia, donde probablemente vuelva a ser encarcelado. Hace unos días, él había dicho que le quería cumplir a la justicia y a las víctimas.
El exjefe paramilitar ya cumplió su condena hace unos tres meses y desde entonces se encuentra bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos.
El exjefe paramilitar ya cumplió su condena hace unos tres meses y desde entonces se encuentra bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos.
Foto: ASSOCIATED PRESS - Luis Benavides

Una moción de emergencia, recurso casi como un habeas corpus, fue radicado el pasado 18 de agosto en Washington (EE. UU.) por un abogado del exparamilitar Salvatore Mancuso. En el escrito, la defensa del excomandante del Bloque Catatumbo de las Auc dice que las autoridades estadounidenses lo han tenido privado de la libertad de manera ilegal por más de 90 días. Esto, pues, aunque ya cumplió su condena por narcotráfico en el país norteamericano, Mancuso no ha podido ser extraditado a Colombia. Así las cosas, sus abogados piden ahora que lo conduzcan a Italia, donde también es ciudadano. Defensoría del Pueblo pide que sea traído a Colombia.

(En contexto: El atropellado proceso para que Salvatore Mancuso regrese a Colombia)

Mancuso, hijo de un italiano y una cordobesa, es una de las figuras más visibles del paramilitarismo y fue extraditado a Estados Unidos junto a otra decena de exjefes paramilitares hace una década. Ahora que ya cumplió su condena en el extranjero su regreso a nuestro país se ha vuelto un novelón con tintes jurídico-políticos. Esta vez, con un nuevo elemento: a pesar de que él mismo dijo que quiere cumplirles a la justicia y las víctimas del conflicto colombiano, el abogado Héctor Mora radicó en representación suya la petición de que lo extraditen a Italia, que se suma a otra que había enviado en marzo en la que se lee: “A él y a su familia les aterra un posible regreso a Colombia”, según la Associated Press.

En el recurso, la defensa de Mancuso sostiene que el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr; el secretario de Seguridad Nacional, Chad Wold, y otros funcionarios del gobierno de Donald Trump lo han tenido bajo custodia de manera irregular. Y es que, aunque el exjefe paramilitar cumplió su condena hace más de tres meses, a su proceso de extradición se le atravesó la pandemia del COVID-19, tocando al propio Mancuso, quien no pudo asistir a una audiencia a la que estaba citado porque tenía coronavirus. Luego, se conoció que Colombia se había equivocado en la solicitud de extradición y otros trámites tienen el proceso embolatado.

(Lea también: “El caso Mancuso es un reto para la justicia colombiana”: magistrada del Tribunal de Bogotá)

El abogado Mora le aseguró a una corte de Washington que, en caso de ser llevado a Colombia, su cliente puede volver a ser encarcelado, a pesar de haber cumplido con los presupuestos de Justicia y Paz para quedar en libertad condicional; e incluso que su vida corre peligro. Además, aseguró que tras contraer el COVID-19 está en un delicado estado de salud. Sin embargo, hace apenas una semana, el propio Mancuso había dicho en un audio: “Reitero mi compromiso inquebrantable, inamovible con las víctimas, con las autoridades judiciales, con el país, con la paz de Colombia”.

Al conocerse de estas intenciones formales, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, expresó su preocupación por un escenario en el que Mancuso sea llevado a Italia, “eludiendo así los cientos de investigaciones pendientes en su contra por graves y masivas violaciones a los derechos humanos como masacres, desapariciones forzadas, homicidios selectivos, desplazamiento forzado y torturas, entre otras”. El alto funcionario anunció, entonces, que están evaluando si pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intervenga para que “las autoridades judiciales y administrativas con responsabilidades en este caso adopten con debida diligencia todas las acciones tendientes a garantizar (…) los derechos de las víctimas, especialmente a la verdad y la justicia”.

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