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La Procuraduría General le formuló pliego de cargos a la exfuncionaria Eva Katherine Carrascal Cantillo, quien entre 2015 y 2018 se desempeñó como superintendente delegada para para la supervisión institucional de la Superintendencia de Salud. Al parecer, mientras estuvo en el cargo, Carrascal aceptó dineros y hasta un millonario apartamento por agilizar trámites de pago a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Por estos mismos hechos, la Fiscalía la llamó a juicio disciplinario en julio del 2019 junto a Guillermo Grosso, expresidente de Cafesalud y exagente interventor de Saludcoop EPS. Ambos se declaran inocentes.
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La conducta concreta que le reprocha la Procuraduría a Carrascal es que la exfuncionaria habría “recibido dinero, utilidad y promesa remuneratoria por parte de Empresas e Instituciones Prestadoras de Salud, así como de otros terceros a cambio de que se agilizaran trámites para los pagos de cuentas médicas de las IPS que prestaban sus servicios a EPS, comportamiento con el que pudo realizar la conducta tipificada en el Código Penal como cohecho impropio”. De demostrarse estos hechos, Carrascal se vería enfrentada a sanciones como la inhabilidad para ejercer cargos públicos o millonarias multas.
Estas supuestas coimas, explicó el Ministerio Público, se dieron, por un lado, con la compra de un apartamento en una zona exclusiva de Bogotá, y, por otro, con pagos que ascenderían a los $140 millones. Sobre lo primero, la Procuraduría sospecha que “algunas IPS tomaron la decisión de pagarle a Carrascal Cantillo por sus servicios, y para ese propósito, se unieron Aser Salud, Clinical Corporation y G3 y, al parecer, adquirieron un apartamento en el condominio Bosque Residencial La Resera en Bogotá, por valor de $1.440 millones”. Los otros supuestos sobornos se detectaron al identificar un incremento patrimonial injustificado en las cuentas de Carrascal.
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Estas posibles irregularidades fueron calificadas por la Procuraduría como faltas gravísimas “dado que, al parecer, condujo su proceder a la obtención de dineros y prebendas de manera voluntaria y consciente, queriendo el resultado obtenido”. Asimismo, el ente de control reprochó que “la exsuperintendente delegada tenía como función principal la inspección y vigilancia de las entidades pertenecientes al sistema de salud nacional y territorial, y estaba llamada a dar ejemplo de rectitud, lealtad, honestidad y transparencia en su actuar”.
Por estos mismos hechos, la Fiscalía llamó a juicio penal a Carrascal y a Grosso, pues asegura que ambos coordinaron una red criminal al interior del sistema de salud. El ente investigador dice que Carrascal puso su cargo en la Superintendencia al servicio de terceros, “a fin de incrementar su patrimonio y a costa de los recursos destinados a los servicios de salud” y que Grosso era, dentro de esta red, “su persona más cercana”. Por eso, la acusaron formalmente a mediados de 2019 de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e impropio, prevaricato por omisión, utilización indebida de información privilegiada, asesoramiento y otras actuaciones ilegales, y falsedad en documento privado. Por su parte, a Grosso lo acusaron de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer.