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17 Feb 2021 - 9:59 p. m.

A juicio exgobernador Miguel Cotes por supuesto favorecimiento al imperio de “La Gata”

El exmandatario del Magdalena será acusado formalmente el próximo 19 de mayo ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Se cuestionan presuntas irregularidades en un contrato de juegos de apuestas en el 2012 suscrito con Aposmar S.A, vinculada a Enilce López, conocida como “La Gata”.
Luis Miguel Cotes Habeych, gobernador del Magdalena durante el periodo 2012-2015 y segundo en las elecciones de 2019 para el mismo cargo.
Luis Miguel Cotes Habeych, gobernador del Magdalena durante el periodo 2012-2015 y segundo en las elecciones de 2019 para el mismo cargo.
Foto: Archivo El Espectador

El 22 de octubre de 2012, el entonces gobernador del Magdalena Luis Miguel Cotes Haybech convocó una reunión para contratar la empresa que se encargaría de la operación del chance, durante cinco años, en tal departamento. Según la Fiscalía, el funcionario habría desplegado unas condiciones que solo los podía cumplir la firma Aposmar S.A., que estaba dentro del monopolio de apuestas de Enilce López, alias La Gata. Por la supuesta comisión del delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, Cotes Haybech fue llamado a juicio ante la Corte Suprema de Justicia.

En contexto: El exgobernador de Magdalena asegura que no favoreció a empresa de chance.

La próxima cita ante la justicia de Luis Miguel Cotes Haybech, quien también ha sido diputado de la Asamblea del Magdalena, será el próximo 19 de mayo ante la Sala de de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con la Fiscalía, si bien el Mello Cotes cumplió con la formalidad de abrir una licitación pública, la misma reunión solo podría describirse como una “mentira” y un “amaño”. Según la hipótesis investigativa, supuestamente se fraguaron todas las condiciones para que La Gata se quedara con el contrato, sin competidor alguno, incumpliendo con las normas de “transparencia, responsabilidad, selección objetiva, igualdad, libre concurrencia y legalidad”.

“El señor gobernador, faltando al deber de satisfacer el interés general en la actividad contractual del Estado y con desvío de poder hizo una mentirosa convocatoria pública, en la cual remitió a un pliego de condiciones a todas luces amañado con destinatario específico y único, pliego que finalmente condujo a la celebración del contrato 674 del 11 de diciembre de 2012”, agregó la Fiscalía en el escrito de acusación conocido por El Espectador. El Mello Cotes habría citado a empresas que contaran con las instalaciones, puntos de venta, vendedores, capacidad tecnológica, mano de obra, que solo Aposmar S.A. podría ofrecer.

Empresarios Asociados de Apuestas Permanentes del Departamento del Magdalena (Aposmar S.A), fue propiedad de Enilce López y de sus hijos, quienes durante décadas dominaron el negocio del chance en la Costa Caribe. Después se supo, tras decisiones judiciales en contra de La Gata, que tal emporio era un “lavadero” de dinero del paramilitarismo, específicamente del Bloque Norte de las Autodefensas. De hecho, el Mello Cotes suscribió el acuerdo con la empresa de La Gata, un año después de la condena dictada contra la misma mujer, por nexos con paramilitares, según lo determinó el Juzgado Sétimo Penal de Circuito de Bogotá el 27 de enero de 2011.

El exgobernador Cotes Haybech, entre los requisitos que estableció en la supuesta licitación pública, habría solicitado que la empresa que finalmente se quedara con el contrato tuviese una experiencia de 15 años, durante los últimos 20 años. ¿Había al menos dos entidades que cumplieran tal exigencia? Para la Fiscalía la respuesta es un rotundo “no”, pues solo la empresa de La Gata estaba acreditada con tal cualidad. Asimismo, el Mello Cotes supuestamente pidió empresas con una calificación de 100 puntos, que alcanzarían instituciones que tuvieran más de 150 puntos de venta, pero solo Aposmar S.A. cumpliría con esos estándares.

“Por lo demás, al único concesionario existente (Aposmar S.A.) se le habilitaba acreditar tales exigencias con una simple constancia, en tanto que cualquier otro oferente debía aportar promesas de contratos de arriendo o de compra de locales, con un operador de comunicaciones, de trabajo con cada posible trabajador con copias de sus cédulas, todo lo cual, de necesidad, le enviaba al último el mensaje de que no se presentara”, explicó la Fiscalía sobre el proceso penal del Mello Cotes. En conclusión, el ente investigador consideró que las peticiones del entonces gobernador encajaban como fichas de rompecabezas únicamente con la empresa de La Gata.

El 10 de julio de 2018, la Fiscalía imputó a Luis Miguel Cotes ante el Tribunal Superior de Bogotá. El procesado no aceptó cargos y, luego de la audiencia, ante los micrófonos de los medios de comunicación, dijo: “con mi defensa entraremos a demostrar mi inocencia y a demostrar jurídicamente cómo, de manera legal y apegada al derecho, se surtieron todas nuestras actuaciones en la administración”. Ahora los representantes del exgobernador deberán preparar su estrategia ante la Corte Suprema de Justicia.

En contexto: Llaman a juicio disciplinario a gobernadora y exgobernador de Magdalena por Vía la Prosperidad.

“La licitación como se planteó, en su momento buscando la idoneidad, ese proceso fue delgado al subsecretario del interior de la época y así mismo fue un proceso en el que participaron la oficina jurídica de la gobernación, asesores externos en materia de contratación. De tal manera que conforme a las actuaciones de la administración departamental en todos los procesos licitatorios siempre hemos actuado para que haya una libre competencia”, explicó Cotes en una entrevista con este diario el 10 de julio de 2018.

En diálogo con este diario, la defensa del exgobernador señaló que “la Procuraduría, en el proceso disciplinario señaló que cuando hay un único oferente la consecuencia no es declarar desierta la licitación y que se tiene la obligación de adjudicar a ese único oferente. Ese no es un elemento para señalar que hubo un direccionamiento”. Su equipo jurídico también señaló que no es cierto que un mismo oferente, en este caso la empresa de la Gata, no pueda presentarse en licitaciones seguidas. “Estamos haciendo un estudio en todo el país de empresas del chance y encontramos que varias empresas se lo han ganado varias veces seguidas porque son empresas que tienen la experiencia, la logística y otros factores”, concluye la defensa.

Por otro lado, el 5 de junio de 2019, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Luis Miguel Cotes y a la exgobernadora Rosa Cotes Vives, tía del Mello, por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto de infraestructura Vía de la Prosperidad, el cual contó con una inversión de $466.000 millones. El primero de octubre pasado, el Ministerio Público los sancionó por un año para ejercer cargos públicos y les impuso una multa de $100 millones. Se trata de un contrato suscrito en 2013, para mejorar la vía Palermo-Sitio Nuevo-Remolino- Guaimaro (Magdalena), que terminó siendo una apuesta fallida.

“La Procuraduría encontró que existieron faltas técnicas en la planeación del proceso de construcción del corredor vial, que se realizó con estudios y diseños desactualizados, elaborados en 2008 y 2009 para ser ejecutados a partir del año 2013, sin tener en consideración la ola invernal de 2010 y 2011, que cambió las condiciones físicas de la carretera, y la utilización de un presupuesto desfasado y sin sustento, en el que se modificaron las especificaciones del material que se proponía utilizar, situación que incrementó notablemente los costos en el transporte de los materiales para la construcción de terraplenes”, se explicó en la sanción.

Sin embargo, los Cotes le respondieron a la Procuraduría que iban a adelantar un proceso de revisión y valoración jurídica, pues en su concepto el órgano de control falló en considerar la conducta como dolosa -con plena conciencia del ejecutor- y no culposa. “Como ciudadanos respetuosos del ordenamiento jurídico colombiano, acatamos, pero no compartimos la decisión de primera instancia proferida por la Procuraduría; pero en el mismo sentido, confiamos y esperamos que en nuestra apelación (…) la decisión sea revocada y se nos absuelva de cualquier responsabilidad”, concluyeron en un comunicado. A pesar de los alegatos, el Ministerio Público confirmó la decisión el 29 de diciembre pasado.

La Gata, dueña de un ilegitimo imperio

En la actualidad, Enilce López cumple una condena de 37 años de prisión por los delitos de homicidio y concierto para delinquir. Así lo ratificó la Corte Suprema de Justicia, el 14 de agosto de 2013, tras un último recurso de La Gata por demostrar su inocencia por sus vínculos con el paramilitarismo y por la muerte del vigilante Amaury Fabián Ochoa Torres. La víctima perdió la vida a manos de paramilitares, el 12 de junio del 2000, luego de que La Gata lo señalara como informante de la guerrilla de las Farc, la cual operaba para entonces en el departamento de Sucre. Ochoa Torres cuidaba un peaje en la vía que conduce de Ovejas al Carmen de Bolívar.

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En principio, Enilce López fue condenada a nueve años de prisión por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá. Sin embargo, el Tribunal Superior de la capital rechazó tal decisión en diciembre de 2012 y agravó la pena de La Gata tras escuchar un puñado de testimonios de paramilitares, quienes la señalaron no solo como colaboradora del grupo armado, si no como la determinadora del crimen contra el vigilante. “La enjuiciada perpetró el acto sin ningún recato, disponiendo de la vida de otro ser humano y con claro abuso de su posición de patrocinadora y dirigente de las autodefensas, lo que amerita un mayor juicio de reproche”, concluyó el Tribunal.

¿De donde venía la relación entre La Gata y los paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas? De acuerdo con la DEA e investigadores de la Policía, desde 2004 la mujer utilizó sus negocios de apuestas como fachada para el dinero criminal del grupo armado y, de la misma forma, construir un castillo de billetes. La apuesta de La Gata fue delegar los millonarios bienes a personas cercanas y a sus hijos José Julio, Héctor y Jorge Alfonso López. Según las investigaciones, las empresas Aposmar, Uniapuestas, Unicat y Aposucre aparentaban legalidad, pero solo era la bolsa de los “paras” donde caían mes a mes entre $200 y $300 millones. De acuerdo con la Fiscalía, desde 2014 le han embargado decenas de bienes avaluados en $1,5 billones.

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