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La Fiscalía acusó formalmente al expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, y a otros tres exdirectivos de la entidad por su presunta participación en un esquema de alteración de estados financieros que habría permitido renovar la licencia de funcionamiento de la EPS y evitar una intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. La audiencia preparatoria de juicio será el próximo 23 de febrero.
La acusación fue presentada por la Dirección Especializada contra la Corrupción y también involucra al exvicepresidente Administrativo y Financiero, Juan Carlos Isaza Correa; al exgerente de Contabilidad, Édgar Pedraza Castellanos; y al exgerente de Cuentas Médicas, Fabián Antonio Peralta Núñez. Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2022.
De acuerdo con la investigación, fueron identificadas 3.419.015 facturas correspondientes a deudas con diferentes Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que habrían sido ocultadas y dejadas sin pago. Esta maniobra, sostiene el ente acusador, permitió presentar ante la junta directiva de la EPS una situación financiera ficticia, en la que se alteraron las cuentas de reserva técnica, costos, ingresos y patrimonio.
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La Fiscalía señaló que, con base en esa información financiera alterada, los exdirectivos reportaron utilidades por COP 70.563 millones, con el fin de aparentar solvencia y cubrir obligaciones pendientes, pese a que la entidad registraba pérdidas de manera sostenida. La información presuntamente falsa también habría sido remitida a la Superintendencia Nacional de Salud, con el objetivo de evitar una intervención administrativa y lograr la renovación de la licencia de funcionamiento de la Nueva EPS.
Los cuatro exdirectivos deberán enfrentar un juicio oral por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud, de acuerdo con su posible responsabilidad individual. Adicionalmente, al expresidente José Fernando Cardona Uribe se le imputó el delito de peculado por apropiación.
En el escrito de acusación, la Fiscalía expuso la presunta existencia de una política “conocida por cada una de las áreas de la alta dirección y consultada por las mismas, a través de los sistemas de información dispuestos por la Nueva EPS”, a partir de la cual se habría optado por procesar únicamente una parte de la facturación que era efectivamente radicada ante la entidad.
Según el documento, “la finalidad de consignar esta información falsa en los estados financieros era evidenciar una realidad económica distinta a la que tenía la Nueva EPS, y, por tanto, dar apariencia de que se reunían las condiciones de estabilidad (patrimonio adecuado, capital mínimo e inversión de reservas técnicas) para continuar prestando el aseguramiento de los afiliados de esta EPS”.
De acuerdo con la Fiscalía, esta presunta estrategia habría permitido que la Nueva EPS se beneficiara por un monto de COP 70.563 millones entre 2019 y 2022, con el aval del entonces presidente de la entidad, José Fernando Cardona. En la transcripción de la audiencia de imputación realizada en octubre de 2025, el ente acusador reiteró que los exdirectivos habrían sido los responsables de esa supuesta política de ocultamiento y precisó que, entre 2019 y 2022, “se dejó de procesar alrededor de catorce millones de facturas que habían sido expedidas por las diferentes IPS con las que la Nueva EPS había sostenido algún tipo de relación contractual”.
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La Fiscalía aclaró que el beneficio atribuido, por COP 70.563 millones, no correspondería a una ganancia directa ni a utilidades obtenidas año tras año. Por el contrario, sostuvo que se trató de una maniobra contable acumulada mediante la cual, entre 2019 y 2022, la Nueva EPS habría simulado utilidades inexistentes para absorber pérdidas de vigencias anteriores, reducir pasivos y presentar ante los organismos de control una situación financiera más favorable a la real.
Según el ente acusador, esta práctica habría permitido utilizar recursos parafiscales, es decir, fondos públicos administrados por la EPS y girados por la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), con el propósito de mostrar una apariencia de eficiencia y solvencia. Para la Fiscalía, estos hechos configuran una “apropiación en favor de la EPS” y una presunta defraudación al sistema general de salud.
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