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La Fiscalía General presentó llamó a juicio a tres integrantes del INPEC, quienes estarían involucrados en actos de tortura contra varios internos de la cárcel La Modelo de Bogotá, durante y después del motín ocurrido el 21 de marzo de 2020, en medio de las primeras semanas de confinamiento por el COVID-19. De acuerdo con la investigación, el dragoneante Julián Alberto Piñeros Gómez sería responsable de dos hechos de tortura.
“En uno, al parecer, golpeó y esposó desnudo a un privado de la libertad señalado de participar en la manifestación carcelaria. Posteriormente, lo habría sometido en cuclillas durante varias horas y lesionó con un arma cortopunzante. En el otro hecho, supuestamente, le propinó puños a un interno que estaba herido con un proyectil de arma de fuego, y le cortó el dedo índice de la mano izquierda”, señaló la Fiscalía a través de un comunicado de prensa.
Los dragoneantes Víctor Alfonso Cervera Piratova y Jefferson Fabián Hueso Escárraga habrían atacado con la tonfa a dos internos que estaban en el Hospital La Misericordia, a donde fueron remitidos para ser atendidos por heridas de arma de fuego. pic.twitter.com/QSnScul6OT
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 17, 2022
Asimismo, dice la Fiscalía, los dragoneantes Víctor Alfonso Cervera Piratova y Jefferson Fabián Hueso Escárraga, presuntamente, atacaron con un bastón de mando a dos presos que estaban en el Hospital La Misericordia, a donde fueron remitidos para ser atendidos por heridas de arma de fuego que sufrieron durante el motín. Estos dos hombres habrían recibido múltiples golpes mientras estaban esposados en una camilla. Luego, cuando regresaron al establecimiento carcelario, fueron castigados violentamente, dice el ente investigador.
El pasado 18 de octubre de 2021, los tres guardias fueron capturados por miembros del CTI y desde entonces las audiencias en su contra han avanzado mientras están detenidos preventivamente. Como ha contado este diario, lo que comenzó como un “cacerolazo” en el que los internos golpeaban sus celdas a modo de protesta, pronto escaló a un enfrentamiento, pues algunos privados de la libertad atacaron a guardias y les quitaron las armas.
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El denominado “cacerolazo” se presentó en medio de un hacinamiento que superaba el 50 % y una crisis constante de derechos humanos. En La Modelo, la segunda cárcel más grande de Bogotá, la situación se salió de control: videos mostraban a los reclusos con las armas de dotación de los guardias del Inpec y solo hasta las tres de la madrugada se restableció el orden. En su momento, el fiscal Francisco Barbosa dijo que había indicios de participación de las disidencias de las Farc, pero no se han revelado mayores pruebas al respecto. La Procuraduría, por su parte, en cabeza de Margarita Cabello está investigando a funcionarios del Inpec.
En su momento, la jefe del Ministerio Público, entonces ministra de justicia dijo que todo se trató de un “plan criminal de fuga” planeado a nivel nacional. Mientras las autoridades adelantaban labores investigativas y levantamientos de los cuerpos, en la entrada de la cárcel, familiares de algunos de los más de 4.900 reclusos se agolpaban pidiendo información justo cuando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, impuso un simulacro de confinamiento cuando el nuevo coronavirus empezaba a cobrar sus primeros muertos en el país.