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Los sargentos Edison Steven Rodríguez Lancheros y Jorge Alberto Angulo Lozano, son señalados de extraer armas, munición, uniformes y otros elementos de los batallones y fuertes militares a donde fueron asignados en su vida labor cotidiana. La extracción de esos elementos, según la Fiscalía, fue con fines de tráfico ilícito. Por estos hechos, fueron capturados y enviados a la cárcel.
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La investigación da cuenta que los funcionarios, al parecer, se valieron de su posición y cargos para obtener de manera irregular material de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y ponerlo a disposición de particulares. Sobre el sargento Rodríguez Lancheros, la Fiscalía dijo que mientras se desempeñó como bodeguero en una sede militar de Medellín (Antioquia), entre 2021 y 2022, habría desviado armas y munición para fusil de manera sistemática.
Para evitar ser descubierto, presuntamente, modificó los documentos de inventario y alteró las cantidades de material que eran despachadas a las distintas unidades. Además, la Fiscalía también tiene pruebas de que, al parecer, extrajo una ametralladora M249 y la reemplazó por una réplica inservible para intentar subsanar la ausencia del arma.
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A finales de 2022, el suboficial fue trasladado a un batallón en Chocó, donde hay indicios de que continuó con la actividad ilegal hasta el día de su captura, en un inmueble de Medellín. En las diligencias los investigadores del CTI y del Gaula Militar encontraron 300 cartuchos para fusil, vainillas de proyectiles percutidos, uniformes y un casco del Ejército.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir, utilización ilegal de uniformes e insignias, y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
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Respecto del sargento Angulo Lozano, la Fiscalía encontró que, en su condición de almacenista de un batallón de apoyo y servicio en Medellín contribuyó en la desviación de armamento y munición para fusil, y la adulteración de los inventarios para tratar de ocultar la salida de estos elementos a manos de terceras personas.En una inspección realizada al almacén, se constató que faltaban 28.000 cartuchos calibre 5.56.
Posterior a esta situación, el uniformado, presuntamente, logró su traslado al Fuerte Militar de Tolemaida (Tolima) en enero de este año donde posiblemente continuaba con los actos ilegales. A este suboficial, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Ambos uniformados no aceptaron responsabilidad.
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