Las construcciones ilegales que allí se han hecho afectan enormemente el área continental y marítima, lo que ha causado la degradación de sus ecosistemas. Estos antecedentes, manifestó el Consejo de Estado, son lo suficientemente graves como para ordenar que los edificios que se han construido en las islas sean demolidos y además que se desarrolle un plan sostenible para recuperar las áreas perjudicadas.
En su fallo el alto tribunal, apoyado en un informe de la Contraloría, resaltó la responsabilidad de cuatro entidades estatales en el daño ambiental del que las Islas del Rosario han sido víctimas: el desaparecido Incora, la Fiscalía, Parques Nacionales y la Corporación Regional del Canal del Dique (Cardique), cuyas acciones y omisiones terminaron repercutiendo en la “indebida ocupación de los bienes de la Nación y la alteración sistemática de los ecosistemas naturales de las Islas del Rosario y de la Ciénaga de la Virgen”.
Un ‘jalón de orejas’, además, recibieron las autoridades ambientales de Cartagena, en particular Cardique y la Dirección Marítima General (Dimar), por no tomar medidas para evitar que el área marina protegida del archipiélago se viera perjudicada por las construcciones erigidas en estos terrenos. En consecuencia, el Consejo de Estado determinó que el Ministerio de Ambiente, el Incoder, la Cardique, el Distrito Turístico de Cartagena y la Dimar, con vigilancia de la Procuraduría, continúen en la labor de formular el Plan de Manejo del Área Marina Protegida.