Durante más de seis décadas, la violencia ha marcado la vida de las generaciones que crecen en medio del conflicto armado colombiano. La tendencia pareciera ser la misma para 2026, que acaba de arrancar con una crisis humanitaria en Catatumbo.
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La guerra entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias de las Farc, que se sostuvo durante todo el año anterior y amenaza con recrudecerse, ha dejado más de 500 desplazados y más de 6.000 personas en riesgo de confinamiento desde el 29 de diciembre del año pasado y el pasado 2 de enero, según la organización Vivamos Humanos.
Ante este grave panorama, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó la atención por un asunto particular: el prolongado abandono estatal.
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Para explicar este fenómeno que ha consolidado a las economías ilícitas y a las estructuras armadas, la CIDH puso en contexto los registros de reclutamiento forzado, la violencia sexual y la violencia contra defensores de derechos humanos.
“La falta de institucionalidad estatal en vastas zonas del país ha resultado en la negación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, profundizando la desigualdad estructural y perpetuando la pobreza y la exclusión. La débil presencia de la justicia, la educación y la salud refuerza la percepción de abandono estatal y permite la consolidación de órdenes paralelos violentos y excluyentes”, se lee en el documento que se presentó en diciembre de 2025.
Por un lado, según detalló el informe, las economías ilícitas han construido en los territorios un orden social, político y económico a través de la violencia para mantenerse. Esto se agrava debido a la presencia limitada del Estado, lo que crea un caldo de cultivo para el fortalecimiento de los grupos ilegales.
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“La dimensión estructural de la violencia también exhibe la violencia institucional de la que son objeto diferentes grupos sociales, en la medida que el Estado, por acción u omisión, permite que se mantengan las condiciones para la reproducción de la violencia”, agrega el documento de la CIDH.
En ese contexto de acción u omisión del Estado, el país ha enfrentado una rápida reconfiguración del conflicto armado a partir de la expansión sostenida de grupos armados y organizaciones criminales, lo que ha generado graves impactos en los derechos humanos, sobre todo en los territorios con presencia de economías ilícitas.
“Grupos como el Clan del Golfo, el Eln, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia ejercen control territorial e imponen dinámicas violentas sobre las comunidades, afectando su vida cotidiana, su organización social y su seguridad, en particular la de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y campesinas”, detalló la Comisión.
El panorama es desalentador cuando se mira desde los datos recogidos por la CIDH en su visita y a través de información suministrada por el Gobierno. Los grupos criminales ocupan actualmente cerca de 450 municipios en 22 departamentos, de los 32 que hay en el país.
Según el informe, el Clan del Golfo lidera esta expansión, pasando de 253 municipios en 2022 a 392 en 2023, y operando actualmente en 15 departamentos con aproximadamente 6.000 hombres en armas. El Eln tiene presencia en 19 departamentos y 156 municipios con más de 6.000 integrantes; el Estado Mayor Central tiene presencia en 21 departamentos y 161 municipios; y la Segunda Marquetalia, con presencia en seis departamentos y en Venezuela, Perú y Ecuador.
La sevicia contra las mujeres campesinas, indígenas y afro
Esa misma reconfiguración del conflicto armado se ha traducido en violencias basadas en género, particularmente contra mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas.
“De los 5.845.045 casos de violencia contra las mujeres registrados entre enero de 1985 y abril de 2025, alrededor del 13,2% fueron registrados contra personas afrodescendientes y 6,7% indígenas. Las violencias —que incluyeron homicidios, feminicidios, violencia sexual, desapariciones, desplazamientos forzados y trata de personas— ocurrieron con mayor frecuencia en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Nariño, Valle de Cauca y Cauca”, resaltó la CIDH.
Según organizaciones sociales consultadas por la Comisión, gran parte de los feminicidios exhiben elevados niveles de violencia y sevicia. En varios casos documentados por la sociedad civil, las mujeres son violadas, asesinadas y sus cuerpos tirados al costado de una ruta.
Asimismo, han alertado por entierros en los que las mujeres no tienen su cuerpo completo. Como expresó una lideresa a la CIDH: “Antes se luchaba para vivir con dignidad, ahora se pelea para por lo menos morir con dignidad”. A este grave panorama se suma la desconfianza institucional y el miedo a represalias. Según detalló el informe, las organizaciones han denunciado filtraciones de denuncias a grupos armados.
“La violencia sexual, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, la violencia contra personas defensoras y la persistencia y magnitud del desplazamiento forzado, evidencian cómo estos factores de discriminación estructural están entrelazados con la persistencia del conflicto”, se lee en el informe.
Y agrega: “La impunidad en estos casos, sumada a la falta de respuestas adecuadas, refuerza un mensaje de tolerancia institucional y desprecio a la verdad frente a las violencias, socavando la confianza en las instituciones y limitando las posibilidades de reconciliación”.
El periodismo: una actividad de alto riesgo
El informe de la CIDH hizo énfasis en la violencia contra periodistas. Las agresiones a la prensa van desde asesinatos, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados, extorsiones, secuestros, obstrucción al trabajo, hasta estigmatización y campañas de desprestigio. Los discursos de funcionarios públicos, incluso del presidente Gustavo Petro, hacia periodistas y defensores de derechos humanos, son la constante.
“Esto se atribuye principalmente a declaraciones sistemáticas y agresivas de funcionarios públicos, que podrían intensificar la violencia e intolerancia contra medios de comunicación y sectores críticos, y contribuir a un ambiente de polarización y rechazo a la crítica”, señaló el informe.
Sobre este contexto, varias organizaciones de la sociedad civil advirtieron a la CIDH que funcionarios, tanto a nivel nacional como local, han atacado a periodistas debido a su trabajo. Asimismo, afirmaron que es habitual que desde la voz presidencial se descalifique a la prensa mediante etiquetas como ‘opositores’, ‘neonazis’, ‘extrema derecha’, ‘periodismo Mossad’ o ‘muñecas de la mafia’, entre otras expresiones.
“Estos señalamientos pueden derivar en entornos permisivos a los actos de violencia contra la prensa y otros sectores, particularmente en contextos de manifestación social, eventos de relevancia pública y períodos electorales”, agregó el documento.
Con todo este panorama, la CIDH resumió gran parte de las recomendaciones de su informe en la necesidad de que haya un Estado presente en los territorios y garantista con respecto al cumplimiento de los derechos humanos de las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Asimismo, pidió tener una justicia más activa para evitar la impunidad, a través del fortalecimiento de las instituciones.
“Para avanzar hacia una paz sostenible, la CIDH subraya la necesidad urgente de desmantelar las estructuras criminales y abordar las causas estructurales que las sostienen, como la corrupción, el lavado de activos y el tráfico de armas. Ello requiere una política de Estado coherente y sostenida”, concluyó el informe.
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