“Algunas de las propuestas que se han ventilado por diferentes medios podrían generar riesgos adicionales para los derechos humanos, en un contexto que ya es crítico en esta materia”. Esa es la advertencia que le hace la defensora del Pueblo, Iris Marín, al presidente electo, Abelardo de la Espriella. La funcionaria le envió una carta al mandatario resaltando que, aunque “colaborará armónicamente con su Gobierno para avanzar en la solución de las graves problemáticas de derechos humanos que enfrenta el país”, tiene preocupaciones por varios temas.
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La carta, de 10 páginas, resalta que la cooperación la harán “desde nuestra independencia y autonomía constitucionales, con el propósito de contribuir a que todas las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos”. Asimismo, que espera que se adelante un diálogo entre a institución y el Ejecutivo después de la posesión del próximo viernes 7 de agosto. Sin embargo, que genera preocupación “algunos anuncios realizados por usted y por integrantes de su equipo de gobierno designado”.
Para la defensora del Pueblo, “si bien el Presidente de la República tiene la facultad constitucional para definir las políticas y la organización del Gobierno, algunas de las propuestas que se han ventilado por diferentes medios podrían generar riesgos adicionales para los derechos humanos, en un contexto que ya es crítico en esta materia”. En la misiva, Marín le propone a De la Espriella “primero, ofrecerle elementos para que evalúe los riesgos en materia de derechos humanos antes de adoptar decisiones; y segundo, formular recomendaciones desde una perspectiva constitucional, las cuales podrán profundizarse en espacios de trabajo conjunto”.
Libertad de expresión, prensa e información
El primer punto abordado en la carta tiene que ver con la libertad de expresión, prensa e información. “Cuando presentan información, medios y periodistas están obligados a la veracidad de esta y a la previa contrastación de fuentes. Cuando tiene diferencias, el Presidente de la República y su gobierno pueden opinar o disentir públicamente, pedir la clarificación de información que consideren imprecisa o incorrecta, pero no les corresponde calificar quién es periodista y quién no lo es”, se lee en el documento. Marín recordó que De la Espriella públicamente “planteó una diferencia entre auténticos periodistas y “activistas”, rechazando a los segundos" . Frente a esto, dice la defensora, “es importante recordar que al Presidente de la República le corresponde proteger a todas las personas que ejercen el periodismo, inclusive a aquellas que controviertan al Gobierno o sean adversas a sus líneas de política”.
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Por eso, le pidió al presidente electo que garantice “la libertad de prensa, de expresión y de información, fomentar el debate libre e informado de ideas en la opinión pública, y evitar que sus declaraciones o acciones puedan ser tomadas como aliento a la persecución, la estigmatización o la violencia. Le solicito especialmente protección a las mujeres periodistas, quienes enfrentan riesgos agravados en el ejercicio de su profesión”.
Protesta social
Otro de los puntos resaltados por la defensora del Pueblo tiene que ver con la protesta social. “Su equipo designado ha anunciado la derogatoria del Decreto 003 de 2021 y el regreso al modelo del antiguo ESMAD para la contención de los disturbios que se produzcan en la protesta social”. Según Marín, la Corte Suprema de Justicia ordenó la adopción de un “Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores” a la protesta social, basado en el principio de neutralidad e imparcialidad de la Fuerza Pública. Por eso, resalta que el decreto “fue producto de una mesa de trabajo en la que participó la ciudadanía, los órganos de control y mandatarios locales. En consecuencia, le solicito asegurar que las reformas a la regulación de la respuesta a la protesta social que contemple tengan en cuenta las directrices de la mencionada sentencia”.
Derechos de la oposición política
“Durante todo el proceso electoral, la Defensoría del Pueblo monitoreó y verificó hechos de polarización extrema, altos niveles de violencia simbólica y en el lenguaje, estigmatización y difamación entre las campañas. Terminado el proceso electoral, y habiendo resultado usted electo como presidente de la República, representará la unidad de la Nación y tendrá el deber de garantizar y respetar los derechos de todas las personas, inclusive los de su oposición política”, escribió Marín en la misiva. La defensora del Pueblo dijo también que sus declaraciones públicas sobre el excandidato Iván Cepeda y su partido político pueden “alentar asociaciones indebidas entre oposición política y violencia que estigmatizan y pueden poner en riesgo a la oposición. En este contexto, le pido ofrecer garantías democráticas y de seguridad inequívocas para periodistas, medios de comunicación y a la oposición”.
Garantías de idoneidad e imparcialidad
“Usted anunció la designación del nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). En días pasados han circulado publicaciones pasadas del director designado con expresiones ofensivas y estigmatizantes contra medios de comunicación, periodistas, dirigentes políticos y sectores de oposición . Esto resulta especialmente preocupante porque la entidad debe proteger a personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, integrantes de la oposición y firmantes del Acuerdo de Paz”, resaltó Iris Marín en su carta. De igual manera señaló que “quien dirija la UNP debe generar confianza y ofrecer garantías de absoluta imparcialidad frente a todos los sectores sujeto de protección. En consecuencia, le solicito evaluar esta designación y garantizar que quien asuma el cargo actúe con idoneidad, imparcialidad y pleno respeto por el pluralismo”.
Institucionalidad para los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz
En su carta, la Defensoría resalta que De la Espriella ha anunciado la reestructuración desde la Presidencia de la República en la que eliminaría algunas dependencias como la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y derecho internacional humanitario, así como instancias que actualmente lideran la implementación del Acuerdo Final de Paz. “Como nuevo Presidente, usted tendrá la facultad de organizar la rama ejecutiva como considere, suprimir oficinas o fusionarlas, entre otras. Lo que es desaconsejable constitucionalmente, pero también por conveniencia para la seguridad de las regiones, es desacelerar o suspender la implementación del Acuerdo de Paz, así como reducir la coordinación al primer nivel del Estado de los asuntos de derechos humanos y derecho internacional humanitario”.
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Marín sostiene que “sea cual fuere la arquitectura ejecutiva que decida, se requiere una estructura institucional de paz que fortalezca y acelere el cumplimiento del Acuerdo de Paz. El Acuerdo es una política de Estado cuyo cumplimiento integral y de buena fe constituye una obligación constitucional para todas las autoridades”. La carta también señala que “cumplir el Acuerdo de Paz es un deber y una agenda de desarrollo y seguridad para las regiones”.
Derechos territoriales de los pueblos étnicos
“El nuevo Gobierno tendría la intención de derogar los decretos que dieron lugar a la creación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI). En los últimos años, el Estado avanzó en la implementación de estas entidades, que ponen en marcha el reconocimiento constitucional de Colombia como una nación diversa étnica y culturalmente, y materializan derechos relacionados con la autonomía, el gobierno propio, la administración de recursos y la coordinación con las demás autoridades del Estado”, dijo la defensora. Por eso, le solicitó al presidente electo que “no adopte decisiones regresivas constitucionalmente”.
Protección de los derechos de las comunidades y de la Naturaleza
“En el portal ‘Defensores de la Patria’ se anuncia que, desde el primer día de gobierno, se retomará la fumigación aérea de cultivos de uso ilícito ‘mediante bioherbicidas de última generación, con tecnologías que no representen riesgos para la salud humana ni para el medioambiente’ . Por otra parte, el ministro de Ambiente designado ha anunciado la reforma al licenciamiento ambiental y la consulta previa, así como que se retomará la implementación de técnicas de fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos ‘fracking’”. Ante ese panorama, Marín pidió que “las decisiones que adopte en estos dos ámbitos respeten y garanticen los derechos de los pueblos étnicos y la protección de la Naturaleza, de conformidad con la Constitución y la jurisprudencia constitucional.” La funcionaria dijo que “las medidas que adopte deben respetar los derechos de participación y de consulta previa de comunidades campesinas y pueblos étnicos. La consulta y participación son obligatorias y permiten ponderar los legítimos intereses del desarrollo económico y la necesidad de erradicación de cultivos de uso ilícito”.
Protección de colombianos en el exterior
En su misiva, la defensora Marín puso de presente que miles de colombianos y colombianas “enfrentan xenofobia, discriminación, detenciones, deportaciones y otras vulneraciones de sus derechos”. Señaló que “en 2025, la Defensoría del Pueblo acompañó la recepción de 48 vuelos de deportación, en los que retornaron 5.121 personas procedentes principalmente de Estados Unidos, pero también de España, Chile y Panamá. Durante este acompañamiento documentamos afectaciones al debido proceso, malos tratos que en algunos casos pudieron constituir tratos crueles y degradantes, pérdida de pertenencias y hechos de violencia física o sexual”. La jefa de la entidad señaló en el documento que “hemos observado que ni usted ni su equipo de trabajo se han pronunciado al respecto. Señor Presidente electo, le pido que abogue por nuestros connacionales en el exterior. Miles de ellos han sido víctimas de xenofobia y discriminación por no ser nacionales del país que habitan”.
Para la defensora, “es importante que la política exterior y consular priorice su protección efectiva, garantice asistencia jurídica y humanitaria y active los mecanismos diplomáticos necesarios frente a posibles vulneraciones. La Defensoría del Pueblo está dispuesta a articular con el Ministerio de Relaciones Exteriores acciones de acompañamiento, seguimiento y protección”.
Marín concluyó su carta a De la Espriella diciendo que “estas observaciones buscan prevenir retrocesos y contribuir a que las decisiones iniciales de su Gobierno gocen de la legitimidad necesaria dada por nuestro marco constitucional. Le reitero mi entera disposición a acompañar a su Gobierno en la discusión de sus decisiones en estos y otros temas asociados con los derechos humanos”. La funcionaria propuso “instalar, durante los primeros días de su mandato, un canal de trabajo de alto nivel entre la Presidencia, los ministerios competentes y la Defensoría del Pueblo, que permita examinar estas preocupaciones, presentar nuestras recomendaciones y establecer mecanismos de seguimiento”.
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