En la mañana de este martes 13 de octubre, el abogado del expresidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, radicó una denuncia penal contra el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, por presuntas irregularidades y fraude en los resultados de las elecciones. La denuncia fue presentada ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.
El documento, de 44 páginas, señala al registrador por los presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, alteración de resultados electorales, perturbación del certamen democrático, favorecimiento de voto fraudulento, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático.
Según la denuncia, los formularios E-14 de las elecciones presidenciales fueron publicados "sin las garantías de autenticidad, integridad y trazabilidad que exigían la ley estatutaria, la jurisprudencia del Consejo de Estado y la práctica de la propia entidad". En el documento, se señala que el registrador recibió por escrito, antes de la segunda vuelta, advertencias concretas sobre esos riesgos.
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Asimismo, la denuncia sostiene que dichas advertencias se materializaron: "Respondió que las garantías estaban aseguradas, y el día de la elección presentó al país como candado de integridad de cada acta un valor que existía antes que el acta misma". En esa línea, asegura que en los documentos existen "alteraciones y divergencias que constan en piezas identificadas".
A renglón seguido, el documento enumera varios hallazgos: archivos recompuestos con herramientas de edición después de su digitalización; páginas no digitalizadas; una misma mesa con resultados opuestos en imágenes que el propio registrador presentó ante el Consejo de Estado, y 161 mesas cuyos ejemplares, que la ley ordena que sean idénticos, presentan diferencias gráficas.
Asimismo, los denunciantes señalaron que encontraron un identificador reutilizado para documentos distintos, una pieza oficial de verificación de integridad con huellas que no corresponden al archivo verificado y "patrones en el orden de las mesas que, según los informes técnicos aportados, son improbables bajo la hipótesis de azar y cuya causa no ha sido explicada".
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En ese sentido, el abogado Carranza pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue las acciones y presuntas omisiones del registrador, entre ellas, "haber dirigido la elección con un sistema documental incapaz de acreditar la correspondencia entre el acta firmada y su representación digital, en contravía de mandatos legales y judiciales precisos".
También señaló que se habrían afirmado "garantías de integridad inexistentes; no haber preservado ni exigido al contratista la trazabilidad del proceso; y haber omitido actuar frente a advertencias que le fueron dirigidas personalmente". Además, el defensor del expresidente pidió establecer si las presuntas alteraciones modificaron los resultados de las mesas y quiénes habrían intervenido en ellas.
La denuncia del abogado Alejandro Carranza se conoce luego de que, el pasado 30 de septiembre, el magistrado Nicolás Yepes Corrales aceptara estudiar una tutela interpuesta ante el Consejo de Estado por el registrador contra el expresidente.
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Como lo contó en su momento El Espectador, el registrador Penagos sostiene que el expresidente Petro habría usado el poder de la Presidencia de la República durante los últimos meses en los que estuvo en su cargo, con el objetivo de construir una narrativa sobre un presunto fraude electoral, desacreditando a quienes organizaron las elecciones y erosionando la confianza de la ciudadanía en el voto y en las instituciones.
La tutela presentada por el registrador Hernán Penagos contra el expresidente sostiene, entre otras cosas, que "la imputación (de Petro) no solo atribuye hechos que no ocurrieron: atribuye poderes que no existen". Entre ellos, menciona el supuesto poder de la Registraduría sobre los resultados electorales. "El Registrador no cuenta votos ni declara resultados", señala la tutela, que fue admitida para estudio por el alto tribunal.
Asimismo, en la mañana de este 13 de octubre, Penagos volvió a pronunciarse sobre el tema y aseguró que el buen nombre de la Registraduría está en manos de la justicia. En esa línea, señaló que el principal objetivo del recurso es defender la transparencia de la entidad durante las elecciones presidenciales. "Lo que hemos hecho es pedir que se proteja el buen nombre de la Registraduría Nacional, en vista de que el proceso electoral colombiano transcurrió de manera transparente", dijo el funcionario.
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