JEP imputa a exjefes de las Farc por crímenes contra cinco pueblos indígenas

La investigación estableció que la guerrilla impuso su autoridad mediante asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos y persecuciones contra líderes y comunidades indígenas. También documentó el uso de minas antipersonal y ataques indiscriminados, incluida la voladura de oleoductos que provocó graves daños ambientales en territorios ancestrales.

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Para la JEP, estos crímenes no solo afectaron a las víctimas individuales, sino que comprometieron la supervivencia física, cultural y espiritual de pueblos enteros. La imputación atribuye responsabilidad a antiguos mandos guerrilleros por patrones de violencia que destruyeron formas de gobierno propio, alteraron tradiciones ancestrales y amenazaron la existencia de estas comunidades.

La audiencia inició con la intervención del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien señaló que "con esta nueva decisión que anunciamos el día de hoy, la jurisdicción llega al país lejano, yo diría la Colombia profunda, que muchas veces es desconocida desde Bogotá". En esa línea, sostuvo que la "JEP pone una vez más a disposición del país, de las víctimas y la comunidad internacional, un análisis detallado y exhaustivo de los repertorios de violencia que cometieron las Farc durante el conflicto armado contra los pueblos y territorios indígenas de la Amazonía y la Orinoquía. Y aunque a muchos les resulte exagerado insistir en este tipo de afirmaciones, no hay otra manera de presentarlo".

Ramelli se refirió al auto como "una decisión inédita en la justicia colombiana en lo que tiene que ver con la investigación de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Pero especialmente en lo relacionado con las afectaciones a la naturaleza y el medio ambiente, en una región que resulta vital para la subsistencia y el equilibrio del planeta".

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La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que las antiguas Farc, mediante su presencia armada en los territorios de cinco pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía, impusieron un control social y territorial que afectó las formas de gobierno propio y las cosmovisiones de esas comunidades. Según la Sala, el objetivo era frenar los procesos de defensa y reivindicación de los derechos colectivos e individuales de estos pueblos, pues la guerrilla los consideraba contrarios a sus intereses estratégicos, políticos y militares.

La jurisdicción atribuyó a diez antiguos miembros de las Farc crímenes de lesa humanidad (exterminio, asesinato, desaparición forzada, traslado forzoso, tortura y persecución) y crímenes de guerra (homicidios, desplazamientos forzados, uso de minas antipersonal y daños al medio ambiente natural). La Sala imputó 96 conductas criminales, agrupadas en dos grandes patrones de macrocriminalidad.

El primero consistió en ataques contra la autodeterminación, la autonomía, la cultura y el gobierno propio de cinco pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía, con el fin de ejercer control social y territorial y frenar procesos de defensa de sus derechos que la guerrilla consideraba contrarios a sus intereses estratégicos, políticos y militares.

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Dentro de ese primer patrón, la Sala identificó dos modalidades. La primera fueron los ataques contra gobernadores, caciques, sabedores, médicos tradicionales, docentes y líderes que se oponían a la guerrilla y eran señalados de colaborar con el enemigo; esto derivó en homicidios selectivos, masacres, torturas, persecuciones, desapariciones y desplazamientos, y afectó la transmisión de conocimientos y la preservación cultural.

Uno de los casos más graves ocurrió en 1997 contra el pueblo Korebajü o Koreguaje: el 25 de julio, integrantes de los frentes 15 y 49 entraron al resguardo San Luis, en Milán (Caquetá), y, siguiendo una lista, asesinaron a siete autoridades, líderes y comuneros, entre ellos el cacique Reimundo Figueroa y dos docentes. El 4 de septiembre repitieron el ataque en el resguardo San José del Cuerazo, donde mataron a cuatro hombres, entre ellos la autoridad tradicional Alejandro Piranga Pizarro.

La segunda modalidad fue la eliminación o el destierro de indígenas acusados de ser informantes o aliados del enemigo, una acusación que, según la Sala, casi nunca se contrastaba. El pueblo Jiw perdió así a varios docentes y promotores de salud, lo que golpeó la educación, la salud y la transmisión del idioma y de los saberes ancestrales. Entre 2000 y 2003, integrantes del frente 44 del Bloque Oriental asesinaron y desaparecieron al docente bilingüe Saúl Enrique Niño, al promotor de salud Luis Carlos González y al etnoeducador Jorge Santos Aguilar, mientras que otros líderes, como Emilio Prorio y Arturo Ignacio Rodríguez Prorio, debieron desplazarse tras amenazas y persecuciones.

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El segundo patrón agrupa los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas en medio de las hostilidades, también en dos modalidades. Por un lado, los bloques Sur y Oriental sembraron minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados en territorios indígenas, con muertes, lesiones permanentes, confinamientos, desplazamientos y restricciones a la pesca, la caza y la movilidad. Entre los casos están la muerte de la sabedora zio bain María Eloísa Yaiguaje Payaguaje, en 2012, y las víctimas del pueblo Hitnü, en Arauca, entre ellas una niña de ocho años herida en 2007 y el cacique y médico ancestral Rafael Pérez Pérez, fallecido en 2011.

Por otro lado, hubo ataques indiscriminados con graves daños ambientales, como las voladuras del oleoducto San Miguel-Orito, que contaminaron el río Luzón, en territorio siona. En junio de 2015 se obligó a verter 3.210 barriles de petróleo de 23 carrotanques y, tres días después, otros 722 barriles. Para el pueblo Siona o Zio Bain, esto afectó su territorio ancestral Mãi Yija, concebido como un ser vivo, y limitó prácticas como las ceremonias del yagé y los procesos de sanación espiritual.

Por estos crímenes, la Sala llamó a reconocer responsabilidad a diez antiguos integrantes de las antiguas Farc. Tres de ellos hicieron parte del último Secretariado de la guerrilla: Milton de Jesús Toncel Arredondo, alias “Joaquín Gómez”; Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias “El Médico”, y Julián Gallo Cubillos, alias “Carlos Antonio Lozada”. A ellos se suma Elmer Caviedes, alias “Albeiro Córdoba”, quien perteneció al Estado Mayor del Bloque Oriental.

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La lista continúa con cuatro integrantes del Estado Mayor del Bloque Sur: Fabián Ramírez Cabrera, conocido como “Fabián Ramírez”; Floresmiro Burbano, alias “Martín Corena”; Darío Lee Díaz, alias “Robledo”, y Luis Enrique Montes, alias “Euclides Bermúdez”. Completan el grupo dos miembros del Estado Mayor del Frente 48, adscrito al Bloque Sur: Gustavo Cuéllar Pajoy, alias “Manuel Político”, y Liberman Imbachi Chilito, alias “Norbey Ramírez”.

La JEP estableció que 598 de las victimizaciones registradas contra pueblos indígenas se atribuyen al Bloque Sur y 536 al Bloque Oriental de las antiguas Farc, para un total de 1.134. El auto ilustra los dos patrones de macrocriminalidad con el análisis de 40 hechos ocurridos contra los cinco pueblos indígenas. Aun así, la investigación advierte que “las cifras de victimizaciones registradas no reflejan por sí solas la verdadera dimensión de los daños. Los Pueblos Nükak Baká, Siona, Korebajü, Hitnü y Jiw suman en conjunto 10.073 personas. Esa dimensión colectiva ayuda a entender las afectaciones causadas a estos pueblos indígenas”.

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