Abogado de Uribe radicó solicitud para levantar la reserva de su expediente

Jaime Granados consideró que la reserva sumarial se ha convertido en “letra muerta”, pues no se respeta, ni se cumple, a pesar de los múltiples requerimientos que se han elevando desde la defensa del senador Álvaro Uribe.

Jaime Granados, abogado del senador Álvaro Uribe, envió a la Corte Suprema la solicitud de que se levante la reserva sumarial del proceso que avanza en contra de su defendido por presunto soborno y fraude en la actuación procesal. El defensor apoyó su solicitud en el artículo 4 de la Constitución Política en el que se consagra la figura de “excepción de inconstitucionalidad o control difuso de constitucionalidad”.

El defensor reconoció que, si bien la reserva sumarial está instruida para salvaguardar la integridad y eficacia de la actuación, y tiene un vínculo íntimo con los derechos fundamentales como el debido proceso, la garantía de la presunción de inocencia y el derecho a la intimidad y buen nombre; “en algunas ocasiones, como tristemente ocurre en este caso, la razón del legislador puede distorsionarse en razón a situaciones de hecho, que se presentan en determinado caso concreto, y las normas pueden terminar teniendo efectos totalmente contrarios a los inicialmente perseguidos”, indicó, a través de un comunicado.

“En este caso, lo digo con todo respeto por la Sala pero con absoluta franqueza, la reserva sumarial, por razones que desconocemos, de facto ha dejado de existir desde hace mucho tiempo, presentándose, como es un hecho notorio, constantes y sistemáticas filtraciones de todo tipo de piezas procesales, las cuales desfilan ante los medios de comunicación y la ciudadanía”, agregó Granados señalando que no se trata de un caso cualquiera, sino en el que se investiga a un hombre público, tal vez el ciudadano más público del país en relación a los cargos que ha desempeñado.

Pero, pese a lo anterior, manifestó que la connotación pública del investigado, no lo despoja de sus derechos fundamentales, entre ellos, la presunción de inocencia, el debido proceso, a la intimidad y al buen nombre. No obstante, el abogado dijo que “desde el inicio de la investigación previa, cuando las partes no habían accedido al expediente, se ha venido filtrando, casi que en tiempo, todo tipo de piezas procesales, en su gran mayoría, desde tribunas que manejan personas abiertamente contrarias al doctor Álvaro Uribe Vélez, generándose el ‘juicio paralelo’, como nunca antes visto en la historia reciente del país, claramente dirigido a imponer una condena mediática, de carácter anticipado”.

Por tanto, Granados consideró que, en este caso, la reserva sumarial se ha convertido en “letra muerta, pues no se respeta, ni se cumple, a pesar de los múltiples requerimientos que hemos elevado desde la defensa en este sentido”. Así las cosas, el abogado indicó que se encuentran en un linchamiento mediático y que la norma legal, que busca evitar precisamente ese esenario, termina por impedir que la defensa o el procesado hagan frente a esta “avalancha de información parcializada que viene del expediente, pues de hacer podríamos ver comprometida nuestra responsabilidad desde el punto de vista penal, disciplinario y profesional.

“La disposición legal, legítima en principio, ante las particularidades inéditas de este caso, termina por generar un efecto abiertamente inconstitucional, pues lejos de proteger la intimidad, el buen nombre y la presunción de inocencia se convierte en una barrera para defender dichos derechos, lo cual impone que las mismas, en virtud del mandato establecido en el artículo 4 de la constitución, sean inaplicadas y se disponga la publicidad del expediente (...) sería una decisión conteste con otros valores y principios de rango constitucional, como el principio de transparencia, no solo aplicable a la administración pública, sino a todas las ramas del poder”, explicó Granados.

El abogado de Uribe reforzó lo anterior indicando que una decisión de esa naturaleza solo puede entenderse como un acto democrático, pues facilitaría a los medios de comunicación y a la ciudadanía el acceder a la información de foma libre y completa, “sin filtros ideológicos, como ha venido sucediendo (...) sería un importante precedente que se ajusta a lo que se ha venido discutiendo y proponiendo, a nivel interamericano, desde las más altas esferas de la administración judicial”. En ese sentido, solicitó respetuosamente a la Sala que no aplicque las normas que establecen la reserva de sumario y disponga el levantamiento de la misma en este proceso.

El pasado martes 4 de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en una decisión unánime, dictó medida de aseguramiento contra el actual senador y expresidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, quien es investigado por los delitos de soborno y fraude procesal. Esta es la primera vez que, por orden judicial, un exmandatario de Colombia se ve restringido en su libertad. De acuerdo con el alto tribunal, la decisión se basa en un riguroso estudio jurídico que determinó que, estando en libertad, Uribe podría representar un riesgo de osbtrucción de la justicia.

La decisión se adoptó en una sala extraordinaria conformada por cinco de los seis magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pues la magistrada Cristina Lombana fue separada del caso. El alto tribunal encontró que, al parecer, el senador Uribe sí promovió acciones indebidas para manipular testigos, razón por la cual la Corte abrió un proceso en su contra en 2018. El abogados Diego Cadena, quien representaba a Uribe, y el socio de este, Juan José Salazar, son investigados por la Fiscalía en una causa paralela.