La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por presuntas interceptaciones telefónicas ilegales al candidato presidencial Abelardo de La Espriella. Como parte de las primeras actuaciones, el ente de control anunció una inspección disciplinaria a la entidad.
La Sala Disciplinaria de Instrucción indicó que la actuación se originó en información divulgada por medios de comunicación, según la cual servidores de la DNI habrían elaborado informes de inteligencia sobre una conversación entre de la Espriella y los hermanos Bautista, principales accionistas de la empresa Thomas Greg & Sons, firma que ha tenido a su cargo la elaboración de pasaportes en Colombia y ha participado en la logística electoral del país.
Esta información fue señalada esta semana por el presidente Gustavo Petro, quien afirmó contar con información de inteligencia —sin entregar detalles o pruebas— sobre presuntos contactos entre Abelardo de La Espriella, sectores de la Procuraduría General de la Nación y la firma Thomas Greg & Sons.
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“No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y De la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a De La Espriella”, publicó Petro en cuenta de X.
Ante esto, dentro de las diligencias, el Ministerio Público ordenó escuchar en declaración al entonces director de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, quien, según la noticia disciplinaria, habría afirmado que “sí existieron las famosas chuzadas”, aunque aseguró que estas se habrían realizado “bajo orden judicial”.
En esa línea, la Procuraduría dispuso verificar, con apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, si efectivamente existió una autorización judicial para adelantar dichas interceptaciones. Asimismo, el ente de control decretó la práctica de pruebas para establecer si efactivamente los hechos ocurrieron, identificar a los posibles responsables y determinar si hubo faltas disciplinarias.
Los señalamientos del presidente también llevaron a la Fiscalía General de la Nación a investigar las presuntas interceptaciones a Abelardo De La Espriella. Tras la revisión de cerca de 13.000 interceptaciones legales realizadas a través de la plataforma Esperanza, el sistema oficial utilizado por la entidad bajo autorización judicial, se concluyó que ni el candidato presidencial ni su campaña han sido objeto de escuchas telefónicas.
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La actuación de la Fiscalía se produjo luego de una solicitud formal presentada por la campaña de De la Espriella, que pidió esclarecer si su candidatura estaba siendo interceptada. En ese contexto, advirtieron que las afirmaciones del jefe de Estado en la red social X sugerían un eventual acceso del Gobierno a conversaciones del candidato, por lo que exigieron establecer “si dichas conversaciones fueron obtenidas mediante interceptaciones y bajo qué condiciones”.
En respuesta, la Fiscalía analizó más de 13.000 archivos legales y, de manera preliminar, determinó que no existe una interceptación autorizada al número telefónico de Abelardo De la Espriella.
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