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La Procuraduría ordenó abrir una investigación disciplinaria en contra del exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega Medina, por presuntas irregularidades en el proceso de compra de un predio en Chimichagua, Cesar. El terreno se habría comprado por un valor más alto del que tenía y posteriormente se adjudicó a campesinos de la zona.
Medios de comunicación, como la revista Cambio, habrían dado a conocer los posibles costos que tuvo la compra y adjudicación del predio. Sumado a esto, se habría explicado que el 32% del terreno tendría una baja fertilidad, es decir, que parte de él no se podría utilizar para producción agropecuaria. Por este motivo, el ente de control investigará si el funcionario aprobó que se comprara este predio con un precio más elevado del que se cree tenía.
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También se estudiará el análisis de mercado, por medio del cual se estudiaron las opciones y se decidió, finalmente, ofrecer dinero para la compra de este terreno en particular. Además, la entidad revisará si la Agencia analizó otros cuatro predios que tienen características similares, para determinar el valor que pagaría por el elegido.
El valor de estas propiedades similares estaría entre los $1.000 y los $4.800 millones Sin embargo, por la elegida se ofrecieron inicialmente $8.500 millones, pero se cree que el precio final estuvo sobre los $5.000 millones. Finalmente, el Ministerio Público ordenó que se realizaran pruebas para establecer si esta conducta determina una falta disciplinaria.
Gerardo Vega fue director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desde que Gustavo Petro comenzó su mandato hasta principios de febrero de este año. Mientras estuvo en el cargo tuvo algunos choques con la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, respecto a la cifra que la ANT le entregó al presidente Petro sobre la formalización de tierras en el país. Sin embargo, el ex director se mantuvo firme en que la entidad ha formalizado 1,4 millones de tierras, y le comento a este diario que su discusión con la jefa de cartera “fue un debate tecnocrático”
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El pasado lunes le dijo a Caracol Radio que: “Eso es un compromiso del Gobierno, de la Unidad de Restitución de Tierras, del Ministerio del Interior, y la Agencia de Tierras. Desde octubre de 2022, cuando hubo un paro en Chimichagua, fueron todas las entidades y se hizo un examen de ese paro de ese sector”.
Vega dijo que una funcionaria que envió la ministra de Agricultura Jhenifer Mojica indicó que el propietario, Fernández de Castro, tenía investigaciones judiciales en su contra y ese fue el argumento para detener la compra. Vega aseguró que hasta hoy, en la Fiscalía General no hay ninguna condena en contra del propietario.
El segundo argumento de Vega fue que la tierra no era apta para la adquisición: “Yo aquí tengo el estudio de la funcionaria que hoy es viceministra el Ministerio de Agricultura que dice que un 76% es apta la tierra. Se hizo un avalúo por 8.543 millones y se pidió un re avaluó de 4.000 millones de pesos, en mi opinión esa finca hay que comprarla y cumplirle a esos campesinos”.
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