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La denuncia de la exconcejala de Bogotá y nueva ministra de Ambiente, Susana Muhamad, acaba de lograr su eco en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La entidad, que investiga y juzga la conducta de los jueces y magistrados, con ponencia del magistrado Mauricio Rodríguez abrió una investigación contra la togada Nelly Villamizar, miembro del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y garante de la histórica sentencia (2014) para la recuperación del río Bogotá.
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Según denunció Muhamad, las decisiones de Villamizar sobre la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre (PTAR Salitre) buscarían, en todos los caminos, favorecer al Consorcio Expansión PTAR Salitre (CEPS), contratista del proyecto. Este consorcio, en 2016, se comprometió vía contrato a ampliar la planta que se supone tratará el 30% de las aguas negras de la capital. Villamizar es la encargada de que el proyecto de CEPS se cumpla y a pesar de reiteradas denuncias por irregularidades, entre ellas que la obra no está completa, la magistrada insiste en que debe entrar en funcionamiento.
La historia de la ampliación de la PTAR Salitre da cuenta de que debería estar lista desde septiembre del año pasado y en manos del Acueducto de Bogotá. Sin embargo, esta última entidad se niega a recibir el proyecto, denunciando que CEPS le entregó maquinaria dañada e, incluso, que no le dejaron manuales de operación de algunos equipos.
“Esta situación hace imposible la operación automática de la planta, como exige el contrato, e implica realizarla de manera manual, poniéndola en riesgo. Por otra parte, no han entregado a la CAR los manuales de operación y mantenimiento para poder operar correctamente la planta por procesos y realizar el mantenimiento de acuerdo a como fue diseñada y contratada”, indicó la gerente del Acueducto, Cristina Arango.
Otra denuncia del Acueducto es que el 31 % de los equipos críticos (de los 90 necesarios y básicos para operar) están por fuera de operación. Y por supuesto, que la obra física no está finalizada. “Están pendientes el edificio de taller, el edificio de mantenimiento, el aula ambiental, el edificio del casino, el laboratorio, las obras de urbanismo de toda la planta, el parque metropolitano, los dos espesadores y el almacenador”.
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Aun así, la magistrada Villamizar hace casi un año ordenó que la planta iniciara funcionamiento. La posición de Villamizar en este enredo es clave, dado que desde 2014 es la encargada de verificar que se cumpla la histórica sentencia del río Bogotá. Entre las órdenes que en su momento entregó el Consejo de Estado, está la ampliación de la PTAR Salitre y la construcción de una nueva planta para la ciudad.
Dentro sus maniobras sobre la PTAR Salitre, Villamizar en los últimos días le ordenó a la Corporación Autonoma Regional (CAR) pagarle unos dineros adeudados al contratista CEPS.
La Procuraduría puso los ojos sobre esa orden, dado que en su concepto “el juez de los derechos colectivos no tiene competencia para pronunciarse y resolver asuntos sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales”. El órgano de control, además, explicó que no se puede ordenar un pago cuando no se ha comprobado el cumplimiento por parte del contratista. De esta manera, la magistrada será investigada por una presunta extralimitación de sus funciones en las órdenes que ha dado para descontaminar el río Bogotá.
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La nueva ministra Muhamad también dejó claro en su denuncia que las decisiones de Villamizar son, al menos, debatibles: “Ha hecho uso del poder judicial (…) para una finalidad distinta a la prevista en la norma, dado que no existen los elementos técnicos previstos en el contrato que sustenten sus decisiones, más aún cuando se trata de un megaproyecto de saneamiento del río Bogotá. Con ello se observa que las decisiones judiciales proferidas por la magistrada Villamizar en el Incidente 070, tienden a favorecer intereses de terceros (CEPS)”.
Por el momento, falta un mes y 14 días para el CEPS entregue la expansión de la PTAR Salitre al Acueducto de Bogotá. Sin embargo, el Distrito hizo un llamado, el pasado 26 de julio, a la Corporación Autónoma Regional (CAR) y al consorcio para entregar lo contratado por 1,5 billones de pesos.
Para la administración de Claudia López, los recursos de todos los bogotanos están en riesgo, ya que, si la PTAR Salitre no funciona adecuadamente, en los próximos años los ciudadanos deberán asumir los sobrecostos (a través de las tarifas) para reparar las fallas.
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