Absuelven a médico señalado de asesinar a una líder sindical en Bucaramanga

Tuvieron que pasar siete años para que un juez, en primera instancia, librara de culpa a Hugo Castellanos Chalela, un médico anestesiólogo oriundo de Bucaramanga, quien fue llevado ante los estrados judiciales por el homicidio de Carmen Elisa Nova Hernández, una enfermera afiliada al Sindicato de Trabajadores de Clínicas y Hospitales de Santander (Sintraclínicas). Se trataba de una mujer asesinada en la noche del 15 de julio de 2004 a manos de dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta de color negro. La enfermera llegó a desempeñarse como revisora fiscal del sindicato y, además, se convirtió en una acérrima defensora de derechos humanos.

Tuvieron que pasar siete años para que un juez, en primera instancia, librara de culpa a Hugo Castellanos Chalela, un médico anestesiólogo oriundo de Bucaramanga, quien fue llevado ante los estrados judiciales por el homicidio de Carmen Elisa Nova Hernández, una enfermera afiliada al Sindicato de Trabajadores de Clínicas y Hospitales de Santander (Sintraclínicas). Se trataba de una mujer asesinada en la noche del 15 de julio de 2004 a manos de dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta de color negro. La enfermera llegó a desempeñarse como revisora fiscal del sindicato y, además, se convirtió en una acérrima defensora de derechos humanos.

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La enfermera Nova Hernández es parte de las altas cifras de asesinatos a líderes sindicalistas que se registraron entre el 2000 y 2006. Organizaciones nacionales e internacionales, para la época, denunciaron sobre los sistemáticos homicidios que fueron adjudicados al Bloque Central Bolívar de las AUC. Si bien, la estructura guerrillera buscaba tener el dominio del territorio por su actuar criminal, también se dedicaron a atacar, disminuir y debilitar los movimientos sindicales en esa zona. De acuerdo con la Fiscalía, tesis que fue desvirtuada, la enfermera fue víctima de alianzas entre la estructura guerrillera y en particular el galeno Castellanos Chalela, de ahí que en 2004 se materializara su captura.

La Fiscalía empezó a atar cabos y concluyó que para la época de los hechos hacía presencia en Bucaramanga el denominado frente Fidel Castaño del Bloque Central Bolívar de las AUC, que estaba bajo el mando de Francis Arrieta alias Gustavo Alarcón, quien sufrió un accidente en helicóptero y, supuestamente, fue atendido por Castellanos Chalela. Según la Fiscalía, el galeno no solo lo atendió, sino que, además, lo ayudó a escapar de la clínica evitando su captura. La lupa entonces se posó sobre el anestesiólogo quien también fue señalado de brindar atención médica gratuita y clandestina a miembros del grupo delictivo sin que esta quedara reseñada en la minuta de la clínica.

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Con ese antecedente, la hipótesis de la Fiscalía sobre la responsabilidad del galeno en la muerte de Nova Hernández empezó a tomar más fuerza tras los testimonios que rindieron miembros del sindicato en los que pusieron de presente la animadversión que existía entre las directivas de la institución y la colectividad. “Los directivos del centro clínico veían en los afiliados del sindicato a aquellos que debían combatir a toda costa y por eso en sus protestas fueron amedrentados y fotografiados”, reposa en el dicho de la Fiscalía que añadió que el pregón de la administración era acabar con la agremiación. Prueba de ello, según el ente acusador, fueron unas llamadas que vinculaban a Castellanos Chalela con el homicidio de la enfermera.

En la llamada telefónica, supuestamente, se escuchó el nombre del anestesiólogo y de Enrique Rincón alias El Gato y Édgar Cristancho alias Jorge en donde se advertía que fueron los supuestos responsables de la muerte de Nova Hernández. A ese antecedente se sumó el dicho de Teresa Báez, entonces presidenta del sindicato, quien aseguró que la muerte de la enfermera obedeció a las múltiples denuncias que hizo, y al reporte que entregó sobre la atención de tres personas que llegaron heridas y fueron atendidas en la sección de maternas. Ante esa situación, Báez dijo que no se dio aviso a las autoridades, pero sí hubo presencia de alias El Gato y dos escoltas de Castellanos Chalela que estuvieron pendientes de los lesionados.

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En el expediente quedó plasmado, según testigos, los múltiples encuentros que sostuvo el galeno con miembros de las AUC para darle fin a la vida de la enfermera y a dos de sus escoltas aduciendo que conocían la verdad sobre la forma en la que se planeó el deceso de la mujer. Así las cosas, la hipótesis sobre la responsabilidad de Castellanos Chalela cobraba más forma debido a que, según testimonios, el único enemigo que pudo tener la enfermera era la enemistad que se generó con la administración de la clínica por su labor sindicalista. Sin embargo, el dicho de la Fiscalía quedó desvirtuado en juicio.

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Gómez Quintero, quien defiende los intereses del médico resaltó que la mayoría de los testimonios que reveló la Fiscalía no solo mostraban contradicciones entre sí, sino que muchos de ellos fueron objeto de retractaciones durante el juicio. La defensa reprochó que, durante los 30 años de labor médica de Castellanos Chalela, si bien fungió como socio de la junta directiva de la clínica su trabajo principal se desarrolló en las salas de cirugía como anestesiólogo. Sobre la supuesta atención clandestina a los miembros del grupo guerrillero, expusieron que la entidad guarda las mismas proporciones de atención a una clínica principal en Bogotá. Es decir, supervisión en la entrada y salida de establecimiento y permanente presencia de policía lo cual impedía una actuación como la que se le endilgó.

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Respecto de las personas que llegaban con heridas de bala, dijo el médico y su abogado, estas eran reportadas ante las autoridades. Sobre las enemistades entre las directivas y el sindicato, adujeron que no eran más que diferencias laborales y económicas que terminaban siendo resueltas. El abogado Gómez Quintero, incluso, desvirtuó lo dicho por la Fiscalía en relación con la atención médico que se le brindó a “Gustavo Alarcón”. Lo que quedó registrado es que fue atendido en un hospital en Medellín y no hubo manera de que siquiera hubiera llegado remitido a Bucaramanga para recibir ayuda médica por parte de Castellanos Chalela.

Con lo anterior, la defensa del anestesiólogo alegó que su cliente no podía ser responsable de las supuestas atenciones médicas a los miembros del grupo subversivo, ni tampoco pudo solicitar al comandante del frente que se le diera muerte, no solo a la enfermera, sino también a sus dos escoltas que cumplían labores de seguridad por cuenta de las amenazas y extorsiones que recibió en su momento por estructuras al margen de la ley. Incluso, el abogado trajo a colación que, en marzo de 2020, la propia Fiscalía precluyó una segunda investigación por el homicidio del escolta Wharlon Alexander Rengifo que le era adjudicado a su cliente.

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Los argumentos de la defensa, así como los de la Fiscalía fueron analizados por el Juzgado Décimo Penal de Bucaramanga, quien, en primera instancia, dijo que la acusación hecha contra el médico carece de pruebas para endilgarle los delitos de homicidio y concierto para delinquir. Sobre la muerte de la enfermera el despacho concluyó que la responsabilidad del crimen se le adjudicó a alias El Gato, quien era el comandante urbano de las AUC en Bucaramanga. El crimen de Nova Hernández, según el juzgado, finalmente no fue por su labor de sindical, sino por ser, presuntamente, colaboradora o pertenecer al ELN.

Sobre el delito de concierto para delinquir, el juzgado dijo que “carece de todo respaldo probatorio endilgarle la comisión del delito, por haber financiado a los paramilitares en Bucaramanga, Santander, poniendo a disposición de estos, los servicios médicos en la Clínica Bucaramanga, pues como se advierte, tales servicios no existieron, al menos los que se mencionaron en esta actuación quedaron desvirtuados”, dijo el despacho en su providencia en la que, además, ordenó librar la boleta de salida de la cárcel para el anestesiólogo que permaneció durante un poco más de siete años bajo detención preventiva.

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