Acoso en la Corte Constitucional, ¿cuál es el siguiente paso?
El alto tribunal ordenó una consultoría a USAID como parte de una política pública de equidad de género, que reveló la existencia de actos de acoso laboral y sexual. Organizaciones piden que sea el punto de partida para que en la Rama Judicial se hagan informes similares.
Una tormenta se desató sobre la Corte Constitucional luego de que se conociera un informe elaborado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), por iniciativa del propio tribunal, que reveló la existencia de actos de acoso sexual y laboral en esa corporación. La sorpresa fue evidente, dado que se trata de la corporación que debe velar por los derechos fundamentales, y entre los hallazgos del reporte hay situaciones preocupantes, como jornadas de trabajo extenuantes, tocamientos, caricias, roces, comentarios sexistas y propuestas sexuales en el marco de relaciones laborales, siendo las judicantes las personas más vulnerables. ¿Y ahora qué sigue?
La Corte Constitucional explicó que este informe hace parte de una estrategia que busca implementar una política en materia de equidad de género y de proscripción de la violencia de género, razón por la cual en 2019 la entonces presidenta del alto tribunal, magistrada Gloria Ortiz, buscó la financiación con USAID para el informe. El reporte se entregó en abril, se socializó a los magistrados titulares en mayo y varios de ellos, en la Sala Plena y en cartas, recomendaron su publicación como una medida de transparencia. No obstante, esa publicación no llegó, según dicen en la Corte, porque era apenas una primera fase de diagnóstico que hace parte de una estrategia más elaborada que se seguirá desarrollando con USAID. El informe lo publicó Revista Semana.
(En contexto: El informe que revela acoso laboral y sexual en la Corte Constitucional)
La filtración, en todo caso, tiene molestos a varios magistrados que insisten en que en la Corte Constitucional no hay una política de tolerancia a hechos tan graves como los encontrados, sino que, al contrario, el estudio se ordenó con la plena conciencia de que las mujeres enfrentan condiciones de desigualdad y de discriminación en sus trabajos. Por eso algunos de sus integrantes consideran injustas las críticas que han recibido. “La buena acción de Ortiz terminó convirtiéndose en un segundo caso (Jorge) Pretelt”, dijo una fuente en referencia al exmagistrado condenado por corrupción. “Nadie en la rama Judicial había ordenado una evaluación así”, señaló.
Otra fuente del alto tribunal apuntó: “El acoso se ha normalizado en las instituciones y hablan mal de la única entidad que pone la cara como la Corte Constitucional, porque hay una doble moral en el país Porque todos tienden a ver la astilla en el ojo ajeno. Esto es un ejemplo de lo que pasa en las entidades en Colombia y no debe pasar. Somos unos comprometidos totales en la defensa de las mujeres”, dijo una fuente. Pero, ¿cómo contrarrestará la Corte Constitucional hechos tan graves como los tratados en el estudio?
(Lea también: Hacer un informe sobre acoso laboral y sexual fue iniciativa nuestra: Corte Constitucional)
El presidente de la Corte, magistrado Alberto Rojas, señaló que no hay una denuncia o queja formal ante las autoridades individualizando los actos de acoso, pero anunció que se “adoptarán las acciones e investigaciones” necesarias, con apoyo de la USAID. En entrevista con El Espectador, el magistrado Rojas dijo que ahora viene una fase de contratación de expertos que hagan “asistencia técnica para el fortalecimiento de la equidad de género a través de la creación de escenarios y mecanismos que la propicien”.
En la Corte se explicó a este diario que ahora, con USAID, se pondrá en marcha otro contrato que se suscribió para desplegar políticas que frenen comportamientos sexistas normalizados, así como para mejorar relaciones laborales y estrategias de comunicación dentro de la Corte. “No es ‘bizcocho o mamita, tráigame tal cosa’, no”, relató una fuente. Y la otra línea de acción será sobre los procesos de selección de estudiantes para que hagan su judicatura y en los temas de las empleadas y funcionarias del alto tribunal, que tienen pocas horas de descanso por los trabajos de cuidado que deben seguir realizando una vez llegan a casa.
(Le puede interesar: “La justicia está en deuda con las mujeres”: Women’s Link sobre acoso en la Corte Constitucional)
Un integrante de la Corte dijo que, en todo caso, debe haber rutas y protocolos diferentes, ya que el acoso sexual es una acción sistemática contra las mujeres y que el acoso laboral suele ocurrirles tanto a mujeres como a hombres. De otro lado, el magistrado Rojas Ríos indicó que la falta de individualización de las personas sobre los hechos que describe el informe les “impide reaccionar concretamente, pero nos da la oportunidad de seguir trabajando para llegar a las metas que nos hemos propuesto”. Precisamente, más de 54 organizaciones lideradas por Women’s Link le solicitaron al alto tribunal que active sendas investigaciones y reformas para librar a las mujeres de actitudes violentas y que se hagan estudios miliares en la Rama Judicial.
Fuentes le explicaron a El Espectador que en la Corte Suprema funciona un Comité de Convivencia (al igual que en la Corte Constitucional) en donde, en 2018 y 2019, se tramitaron algunos casos de presunto acoso laboral que se pudieron conciliar, mientras que a otros se le dio traslado a la autoridad competente. “No hubo nunca denuncia por acoso sexual”, dijo un alto funcionario. Otras voces consultadas aseguraron que, salvo algunas diferencias en las secretarías, no se ha registrado un caso de la magnitud revelada por el informe en la Corte Constitucional. “Me quedé pasmada, nunca se había pasado por mi mente algo así”, dijo una funcionaria de la Corte Suprema. Otra persona dijo que si llega a Sala Plena una propuesta de realizar una evaluación como esta se tendrá que analizar a fondo.
(Lea también: “Debe buscarse una instancia para tratar casos de acoso”: magistrado Carlos Bernal)
Y otro funcionario explicó que también se debe diferenciar entre la exigencia propia de una alta Corte que tiene en sus manos los destinos de muchas personas, con decisiones que tienen impacto social, y la carga laboral, con actos ya de acoso. En este sentido, en todas las altas Cortes ha habido menciones a las dificultades que ha implicado acostumbrarse al teletrabajo en la pandemia, cuando a veces los funcionarios no tenían todos los elementos personales para hacerlo. El presidente del Consejo de Estado, magistrado Álvaro Namén, le dijo a este diario que tiene una Comisión de Género y No Discriminación activa, conformada por diez magistrados titulares (cinco hombres y cinco mujeres), que será convocada para analizar el informe de la Corte Constitucional.
“De tiempo atrás hemos considerado muy importante diseñar con urgencia un protocolo especial de atención para los casos de acoso laboral o sexual, con el fin de prevenir, combatir y eliminar estas conductas, aplicable no solo a las servidoras y servidores de nuestra institución, sino a todos los miembros de la rama Judicial. En esto hemos trabajado desde marzo con la ayuda de varias expertas en perspectiva de género”, dijo Namén. El magistrado explicó que al comienzo del aislamiento obligatorio se hicieron recomendaciones y crearon canales de atención en caso de violencia o discriminación de género durante esta época, provengan esos actos del ámbito de la casa o del ámbito laboral.
“También hicimos una gran encuesta para conocer las condiciones de las servidoras y los servidores del Consejo de Estado durante la época de trabajo en casa con ocasión del COVID-19, para coordinar medidas con la ARL”, dijo el magistrado. Para el presidente del Consejo de Estado, debe haber un sistema específico de prevención, detección y tratamiento, que permita la protección, censura, sanción y erradicación de este tipo de conductas de violencia y discriminación contra la mujer, y crear una cultura a este respecto por el Estado y las instituciones de los sectores público y privado.
Una tormenta se desató sobre la Corte Constitucional luego de que se conociera un informe elaborado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), por iniciativa del propio tribunal, que reveló la existencia de actos de acoso sexual y laboral en esa corporación. La sorpresa fue evidente, dado que se trata de la corporación que debe velar por los derechos fundamentales, y entre los hallazgos del reporte hay situaciones preocupantes, como jornadas de trabajo extenuantes, tocamientos, caricias, roces, comentarios sexistas y propuestas sexuales en el marco de relaciones laborales, siendo las judicantes las personas más vulnerables. ¿Y ahora qué sigue?
La Corte Constitucional explicó que este informe hace parte de una estrategia que busca implementar una política en materia de equidad de género y de proscripción de la violencia de género, razón por la cual en 2019 la entonces presidenta del alto tribunal, magistrada Gloria Ortiz, buscó la financiación con USAID para el informe. El reporte se entregó en abril, se socializó a los magistrados titulares en mayo y varios de ellos, en la Sala Plena y en cartas, recomendaron su publicación como una medida de transparencia. No obstante, esa publicación no llegó, según dicen en la Corte, porque era apenas una primera fase de diagnóstico que hace parte de una estrategia más elaborada que se seguirá desarrollando con USAID. El informe lo publicó Revista Semana.
(En contexto: El informe que revela acoso laboral y sexual en la Corte Constitucional)
La filtración, en todo caso, tiene molestos a varios magistrados que insisten en que en la Corte Constitucional no hay una política de tolerancia a hechos tan graves como los encontrados, sino que, al contrario, el estudio se ordenó con la plena conciencia de que las mujeres enfrentan condiciones de desigualdad y de discriminación en sus trabajos. Por eso algunos de sus integrantes consideran injustas las críticas que han recibido. “La buena acción de Ortiz terminó convirtiéndose en un segundo caso (Jorge) Pretelt”, dijo una fuente en referencia al exmagistrado condenado por corrupción. “Nadie en la rama Judicial había ordenado una evaluación así”, señaló.
Otra fuente del alto tribunal apuntó: “El acoso se ha normalizado en las instituciones y hablan mal de la única entidad que pone la cara como la Corte Constitucional, porque hay una doble moral en el país Porque todos tienden a ver la astilla en el ojo ajeno. Esto es un ejemplo de lo que pasa en las entidades en Colombia y no debe pasar. Somos unos comprometidos totales en la defensa de las mujeres”, dijo una fuente. Pero, ¿cómo contrarrestará la Corte Constitucional hechos tan graves como los tratados en el estudio?
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El presidente de la Corte, magistrado Alberto Rojas, señaló que no hay una denuncia o queja formal ante las autoridades individualizando los actos de acoso, pero anunció que se “adoptarán las acciones e investigaciones” necesarias, con apoyo de la USAID. En entrevista con El Espectador, el magistrado Rojas dijo que ahora viene una fase de contratación de expertos que hagan “asistencia técnica para el fortalecimiento de la equidad de género a través de la creación de escenarios y mecanismos que la propicien”.
En la Corte se explicó a este diario que ahora, con USAID, se pondrá en marcha otro contrato que se suscribió para desplegar políticas que frenen comportamientos sexistas normalizados, así como para mejorar relaciones laborales y estrategias de comunicación dentro de la Corte. “No es ‘bizcocho o mamita, tráigame tal cosa’, no”, relató una fuente. Y la otra línea de acción será sobre los procesos de selección de estudiantes para que hagan su judicatura y en los temas de las empleadas y funcionarias del alto tribunal, que tienen pocas horas de descanso por los trabajos de cuidado que deben seguir realizando una vez llegan a casa.
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Un integrante de la Corte dijo que, en todo caso, debe haber rutas y protocolos diferentes, ya que el acoso sexual es una acción sistemática contra las mujeres y que el acoso laboral suele ocurrirles tanto a mujeres como a hombres. De otro lado, el magistrado Rojas Ríos indicó que la falta de individualización de las personas sobre los hechos que describe el informe les “impide reaccionar concretamente, pero nos da la oportunidad de seguir trabajando para llegar a las metas que nos hemos propuesto”. Precisamente, más de 54 organizaciones lideradas por Women’s Link le solicitaron al alto tribunal que active sendas investigaciones y reformas para librar a las mujeres de actitudes violentas y que se hagan estudios miliares en la Rama Judicial.
Fuentes le explicaron a El Espectador que en la Corte Suprema funciona un Comité de Convivencia (al igual que en la Corte Constitucional) en donde, en 2018 y 2019, se tramitaron algunos casos de presunto acoso laboral que se pudieron conciliar, mientras que a otros se le dio traslado a la autoridad competente. “No hubo nunca denuncia por acoso sexual”, dijo un alto funcionario. Otras voces consultadas aseguraron que, salvo algunas diferencias en las secretarías, no se ha registrado un caso de la magnitud revelada por el informe en la Corte Constitucional. “Me quedé pasmada, nunca se había pasado por mi mente algo así”, dijo una funcionaria de la Corte Suprema. Otra persona dijo que si llega a Sala Plena una propuesta de realizar una evaluación como esta se tendrá que analizar a fondo.
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Y otro funcionario explicó que también se debe diferenciar entre la exigencia propia de una alta Corte que tiene en sus manos los destinos de muchas personas, con decisiones que tienen impacto social, y la carga laboral, con actos ya de acoso. En este sentido, en todas las altas Cortes ha habido menciones a las dificultades que ha implicado acostumbrarse al teletrabajo en la pandemia, cuando a veces los funcionarios no tenían todos los elementos personales para hacerlo. El presidente del Consejo de Estado, magistrado Álvaro Namén, le dijo a este diario que tiene una Comisión de Género y No Discriminación activa, conformada por diez magistrados titulares (cinco hombres y cinco mujeres), que será convocada para analizar el informe de la Corte Constitucional.
“De tiempo atrás hemos considerado muy importante diseñar con urgencia un protocolo especial de atención para los casos de acoso laboral o sexual, con el fin de prevenir, combatir y eliminar estas conductas, aplicable no solo a las servidoras y servidores de nuestra institución, sino a todos los miembros de la rama Judicial. En esto hemos trabajado desde marzo con la ayuda de varias expertas en perspectiva de género”, dijo Namén. El magistrado explicó que al comienzo del aislamiento obligatorio se hicieron recomendaciones y crearon canales de atención en caso de violencia o discriminación de género durante esta época, provengan esos actos del ámbito de la casa o del ámbito laboral.
“También hicimos una gran encuesta para conocer las condiciones de las servidoras y los servidores del Consejo de Estado durante la época de trabajo en casa con ocasión del COVID-19, para coordinar medidas con la ARL”, dijo el magistrado. Para el presidente del Consejo de Estado, debe haber un sistema específico de prevención, detección y tratamiento, que permita la protección, censura, sanción y erradicación de este tipo de conductas de violencia y discriminación contra la mujer, y crear una cultura a este respecto por el Estado y las instituciones de los sectores público y privado.