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Este jueves, ante un juez de Bogotá, la Fiscalía presentó el preacuerdo que negoció con John Rafael Garzón y Julián Gutiérrez, acusados de comprar votos en favor del entonces candidato a la Cámara de Representantes, Diego Caro, y su fórmula al Senado de la República, María Fernanda Cabal.
Garzón y Gutiérrez aceptarían los delitos de constreñimiento y corrupción al sufragante, y pedirían perdón al partido político (Centro Democrático) y a la congresista por el uso indebido e inconsulto de su nombre. La audiencia, sin embargo, se suspendió, por lo que se reprogramó para febrero de 2019. El juez deberá definir se acepta o niega el preacuerdo.
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Sigue a El Espectador en WhatsAppDe acuerdo con la Fiscalía, desde noviembre de 2017 Julián Gutiérrez, quien se desempeñó como contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, supuestamente exigió a las profesoras de jardines infantiles de la localidad de Kennedy que votaran de forma direccionada por Diego Caro y María Fernanda Cabal.
Para confirmar ese compromiso, según la investigación, Julián Gutiérrez les habría exigido a las maestras que elaboraran un listado con el nombre de al menos diez familiares, sus números de cédula y barrio de residencia, y la participación en reuniones a las que asistían mínimo veinte personas. En alguno de esos encuentros habría asistido como veedor Jhon Francisco Rodríguez, subdirector regional de la Secretaría de Integración Social de Kennedy.
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El ente investigador aseguró que uno de los encuentros se presentó el 8 de marzo de 2018, Día de la Mujer, cuando las habrían citado con la mencionada excusa a varias de las profesoras que habían cumplido con los “requisitos”, y se les habría entregado un sobre con $200.000 como reconocimiento por la “colaboración”. Este dinero, al parecer, lo transportaban en un maletín.
Aunque la senadora dijo que no tenía nada que ver con estos hechos, y la Fiscalía tampoco compulsó copias a la Corte Suprema, en junio de este año fue radicada una denuncia para establecer si la congresista tendría alguna responsabilidad. El abogado Montaña Gallego, quien interpuso la denuncia, argumentó que Cabal podría haber incurrido en el delito constreñimiento al sufragante.