Acusaron a dos exfuncionarios de la Cancillería por irregularidades en Cumbre de las Américas

La Cumbre de las Américas que se realizó en Cartagena en 2012, fue calificada como éxito político y diplomático por el Gobierno de ese momento. / Archivo

Luego de que en 2017 la Fiscalía revelara una presuntas irregularidades con unos contratos para el apoyo logístico y operativo para la realización de la VI Cumbre de las Américas en Cartagena en 2012, el ente investigador acusó hoy a las tres personas que habrían participado de las faltas, dos de ellas eran funcionarios de la Cancillería. 

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Se trata de Araminta Beltrán Urrego, directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores para la fecha de los hechos investigados, Alexánder Potdevin Gutiérrez, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y supervisor del contrato; y Antonio Porras Gutiérrez, representante legal del consorcio Unión Temporal Cumbre de Las Américas Cartagena 2012. 

Según la Fiscalía, al contrato que es materia de investigación, fue tasado en un valor de $43 mil millones, en la primera negociación. Sin embargo, más adelante, le hicieron una adición presupuestal de $12 mil millones para, supuestamente, cubrir actividades que estaban contempladas en el contrato inicial, como servicios de salud, imprevistos y gastos generales.

El ente investigador logró documentar que los socios de la unión temporal cuestionada son las empresas Aviatur, Gema Tours, Contacto SAS, Marketmedios Comunicaciones S.A - de propiedad de Roberto Prieto y familia, uno de los hombres más cercanos al presidente Juan Manuel Santos,- y Creativa Producciones, quienes debían realizar actividades de logística.

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Adicionalmente, la Fiscalía asegura que se habría pactado un monto de $6 mil millones para la producción y transmisión de televisión.  De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, esa adición no era viable porque, por su monto, era necesario que la Cancillería realizara otro proceso de licitación, en el que debían cambiar los referentes “para garantizar los principios de planeación, economía, eficiencia y selección objetiva”. 

Sin embargo, esto no ocurrió. La Fiscalía, además, tasó los sobrecostos de este contrato en aproximadamente $4 mil millones. Por este caso, el ente investigador compulsó compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que asuma la investigación contra María Margarita Salas Mejía, entonces secretaria general de la Cancillería, y quien hasta hace poco fue la jefe de la misión consular de la Embajada de Colombia en Madrid (España).