29 Jan 2020 - 3:05 p. m.

Admiten demanda que obligaría al Gobierno y al Congreso a regular funcionamiento de Uber

Una acción popular que estudiará el Tribunal de Cundinamarca pide obligar al presidente, al Ministerio de Transporte y al Congreso, a regular con urgencia el servicio de este tipo de plataformas tecnológicas.

Redacción Judicial

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular que busca frenar la salida de Uber de Colombia. Desde el pasado 20 de diciembre un juez de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó que la compañía cesara su actividad en Colombia, al concluir que incurría en competencia desleal. Sin embargo, en esta nueva demanda, que será estudiada por el Tribunal, un ciudadano asegura que la eventual salida de la plataforma del país viola derechos fundamentales de los colombianos.

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Según el abogado detrás de la acción popular, Hermann Garrido, el hecho que la compañía con casa matriz en Holanda cese de operar en nuestro país podría afectar el patrimonio público, “porque se dejarán de percibir millonarios recursos por IVA y demás impuestos que Uber viene tributando, los cuales no se podrán recuperar de ninguna manera” —solo en 2019 pagó $35.000 millones en IVA—. Asimismo, se verían afectados los cerca de “90.000 conductores y sus familias que derivan su sustento de prestar el servicio de transporte a través de Uber”. Por último, el demandante asegura que se privará a los consumidores de elegir qué servicio de transporte prefieren.

Estos eventuales perjuicios, añade, serían irremediables y obedecerían a omisiones del presidente de la República, Iván Duque, del Ministerio de Transporte y del Congreso de la República por no regular el servicio de transporte ofrecido a través de plataformas como Uber. En la demanda se detallan las funciones de cada una de estas entidades y se señala que no habrían hecho lo suficiente por reglamentar este servicio “presentándose una situación sui géneris en la que el Estado percibe millonarios impuestos por una actividad que es considerada ilegal, lo cual es un contrasentido”.

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Por ende, el demandante le pidió al Tribunal que declare que, con sus omisiones, el Gobierno y el Legislativo han vulnerado los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público, así como los derechos de los consumidores a acceder a servicios públicos. Además, pidió que se le ordene al Gobierno “presentar ante el Congreso de la República un proyecto de Ley ora para que regule el servicio de transporte privado a través de plataformas tecnológicas”, que se debería tramitar con mensaje de urgencia; y al ministerio de Transporte sentarse en una mesa de negociación con las plataformas.

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Para evitar que los supuestos daños se materializaran, el demandante también le había pedido al Tribunal que suspendiera, de manera temporal, los efectos de la sentencia de la SIC que le ordenó a Uber salir del país, mientras esta nueva demanda es resuelta. Sin embargo, para la magistrada que estudia la acción popular, no era una medida que pudiera tomar ella directamente, pues se trata de una jurisdicción diferente. Así las cosas, a pesar de esta nueva acción que se cruza en la novela judicial de Uber, por ahora la compañía dejará de prestar su servicio, como ha dicho, desde el próximo 1 de febrero.

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