La ruptura de una aparente tregua entre el Eln y el grupo delincuencial conocido como La Mafia tiene en riesgo a 12.320 habitantes de Mercaderes, en el sur del Cauca. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo en una alerta temprana de inminencia, en la que documentó enfrentamientos, amenazas, desplazamientos y ataques con explosivos transportados por drones en zonas pobladas.
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La alerta comprende la cabecera municipal, con especial atención sobre los sectores La Y, El Porvenir y Las 100 Casas, así como los corregimientos de Arboleda y San Joaquín. Aunque Mercaderes tiene cerca de 19.070 habitantes, la entidad calculó que más de 12.000 personas viven en las áreas directamente expuestas a la confrontación.
Según la Defensoría, La Mafia empezó a actuar en el municipio aproximadamente en enero de 2026. Su actividad habría estado relacionada con el cobro de extorsiones y cobros extorsivos, o vacunas, la minería ilegal y la prestación de servicios de vigilancia y custodia en enclaves mineros. Durante los primeros meses, el grupo habría coexistido en una forma de tregua sin enfrentarse abiertamente con el frente Manuel Vásquez Castaño del Eln.
Sin embargo, esa relación comenzó a romperse en julio, cuando las dos estructuras entraron en una disputa por el territorio, las rentas ilegales y el control sobre la población. Mercaderes tiene una ubicación estratégica porque comunica el valle del río Patía, el macizo colombiano, el sur del Cauca y el norte de Nariño. Sus corredores también facilitan el tránsito de hombres, armas y recursos de los grupos armados.
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Uno de los momentos más graves ocurrió el 15 de julio en la vereda Canta Llano. Integrantes del Eln habrían llegado hasta una vivienda en la que, presuntamente, permanecían miembros de La Mafia y lanzaron explosivos mediante drones modificados. El ataque desencadenó una respuesta armada que afectó viviendas y otros bienes civiles.
La Defensoría conoció, además, que durante esos enfrentamientos murieron varias personas. No obstante, no logró establecer su identidad porque sus cuerpos habrían sido retirados por integrantes de las estructuras involucradas. En otro episodio, un habitante resultó herido con arma de fuego después de quedar en medio de los combates.
Las hostilidades también llegaron a sectores densamente poblados y a caminos utilizados diariamente por las comunidades. A esto se sumó la circulación, el 17 de julio, de un panfleto en el que varias personas fueron señaladas de colaborar con La Mafia. Para la entidad, estos señalamientos pueden desencadenar en amenazas, homicidios selectivos, desplazamientos y el abandono de bienes.
Entre el primero y el 24 de julio, la Defensoría recibió más de 14 declaraciones relacionadas con hechos de violencia, amenazas, desplazamientos y abandono u ocupación de propiedades. También confirmó que los dos firmantes del Acuerdo de Paz que residían en Mercaderes tuvieron que desplazarse junto con sus familias después de una incursión del Eln en viviendas civiles del corregimiento de Arboleda.
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La población afrodescendiente y campesina, mujeres, menores de edad, personas mayores, líderes sociales, docentes y funcionarios públicos se encuentran entre los sectores más expuestos. La alerta señala riesgos de confinamiento, reclutamiento de niños y adolescentes, violencia basada en género, deserción escolar, interrupción de actividades productivas y restricciones para el ingreso de la atención humanitaria.
El escenario, advierte el documento, podría agravarse si La Mafia establece alianzas con estructuras de las disidencias de las Farc conocidas como Estado Mayor Central, y sus frentes Carlos Patiño, Andrés Patiño o Franco Benavides, o con facciones de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. La Defensoría aclaró que esta posibilidad constituye una hipótesis que deberá ser analizada por las autoridades.
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Ante esta situación, la entidad formuló 13 recomendaciones dirigidas a instituciones nacionales y territoriales. Entre ellas pidió al Ejército adelantar acciones de prevención y control territorial respetando los principios del Derecho Internacional Humanitario, y a la Policía reforzar la vigilancia en sectores residenciales, establecimientos educativos y corredores utilizados por la población.
También solicitó fortalecer la prevención del reclutamiento de menores, garantizar la continuidad de las clases, atender a las víctimas y proteger a los liderazgos, firmantes de paz y servidores públicos amenazados. La Defensoría insistió en que la respuesta estatal no puede reducirse a medidas de orden público, sino que debe proteger la vida, los medios de subsistencia y el tejido social de las comunidades.
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