Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
“Las imágenes y las palabras de quienes representan el poder público importan. Por eso no deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”. Con estas palabras, la defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la exhibición de cuerpos que ha hecho el presidente Abelardo de la Espriella al anunciar las más recientes operaciones contra grupos criminales.
Entre estas acciones militares, el pasado 30 de abril, el jefe de Estado confirmó la muerte de 24 presuntos disidentes de las Farc al mando de “Iván Mordisco”. Días después, el pasado 4 de septiembre, Medicina Legal confirmó que entre esos cuerpos, en los que se vio a De la Espriella caminando alrededor y señalándolos, había dos menores de edad. Esta misma exhibición de cuerpos ocurrió con la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor” o “Naín”, jefe del comando menor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), además de tres presuntos miembros del grupo.
Lea: Mueren siete presuntos disidentes de las Farc de “Mordisco” en operación militar en Nariño
Ante este panorama, la defensora Marín fue contundente: “El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o quién convierte la muerte en demostración de poder”.
La cabeza de la Defensoría del Pueblo recordó que, aunque Colombia lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada, es la primera vez que se ve a un “presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”. Ante un Estado de derecho, Marín sostuvo que el deber del Estado es “proteger a la población y enfrentar, dentro de la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), a los grupos armados responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos”.
Asimismo, la defensora Marín también precisó que su cuestionamiento no busca poner en entredicho el trabajo legítimo de la Fuerza Pública. “Esta reflexión no desconoce ese deber ni cuestiona por sí mismas las operaciones legítimas de la Fuerza Pública. Se refiere más bien a algo distinto, a la manera como el Estado ejerce el poder y comunica sus resultados”, señaló.
Le recomendamos: El silencio que dejó el asesinato de los líderes María Ovidia y James Flor en Cajibío, Cauca
La funcionaria recordó que la Constitución consagra el derecho a la vida como un derecho fundamental de aplicación inmediata, que no puede suspenderse ni siquiera en estados de excepción, pues es de “carácter inviolable y nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente”. No obstante, aclaró que este derecho no es absoluto: el ordenamiento jurídico colombiano admite interpretaciones restrictivas en casos puntuales, “como por ejemplo cuando se trata de la legítima defensa como causal de exclusión de la responsabilidad penal en un homicidio o la permisión de baja de combatientes en situaciones de conflicto armado de acuerdo con el DIH”.
Aun así, insistió en que “la privación del derecho a la vida no puede ser arbitraria” y que su ejercicio exige analizar la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad de cada acción, “porque incluso en la guerra existen límites”.
La Defensoría del Pueblo fue enfática en que “los muertos deben ser respetados y tratados dignamente”. En esa línea, la funcionaria planteó que “la posibilidad de desplegar acciones militares en las que personas pueden perder la vida es posible, en muchas ocasiones es necesario, quizás indispensable, pero no son deseables. Aunque la baja de una persona responsable de los crímenes más aberrantes pueda ser legal, la protección del derecho a la vida sigue teniendo un lugar preferencial en nuestro ordenamiento jurídico”.
Lea también: Mindefensa anuncia nuevas medidas de seguridad tras ataque con drones del Eln en Ocaña
Marín también llamó la atención sobre la existencia de “un portal denominado Las Bajas del Tigre, que no se ha confirmado que sea una página oficial, pero allí se cuentan los muertos y otros resultados operacionales desde la posesión del nuevo presidente de la República”. Sobre este punto hizo especial énfasis, pues en el pasado la política que evaluaba resultados en bajas de combate derivó en un crimen de sistema que hoy es investigado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): los llamados falsos positivos.
La defensora fue clara en que “no planteamos con esto que los cuerpos de la Operación Azarias atiendan esa lógica, pero sí invitamos a tener indicadores más comprensivos de lo que significa la seguridad, que se mide en derechos garantizados y en vidas salvadas, especialmente para la población civil sometida a la acción de grupos criminales”.
En su intervención, la defensora del Pueblo advirtió que “la humanidad aprendió después de guerras y violencias extremas que deshumanizar al adversario termina también deshumanizando a quien ejerce el poder”. Recordó que Colombia conoce bien esa historia, pues durante décadas distintos actores armados han utilizado los cuerpos, la humillación y el miedo como formas de enviar mensajes de dominio y terror.
Marín subrayó que cada gesto y cada imagen difundida desde una institución pública comunica algo sobre lo que representa el Estado y los valores que defiende: “cuando ese poder simbólico se pone al servicio del espectáculo de la humillación deja de fortalecer la autoridad legítima y empieza a erosionarla, porque la legitimidad no nace del miedo que el Estado puede infundir, sino de la confianza que es capaz de inspirar”.
Más noticias: Nuevo juez restringe bombardeos en Guaviare por riesgo a menores reclutados por disidencias
Finalmente, la defensora reconoció que la acción militar del Estado es un deber que los miembros de la Fuerza Pública cumplen exponiendo su vida para proteger a la población, pero insistió en que debe prevalecer siempre la acción de la justicia: “Ese lenguaje de quienes prefieren la muerte a la vida no puede convertirse en el lenguaje del Estado”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
