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Ha pasado un mes del terremoto y terminó la primera etapa de la emergencia. ¿Qué está fallando hoy en la respuesta del Estado y qué es lo que más le preocupa de la reconstrucción?
En primer lugar, manifestar la solidaridad con las víctimas, también con las autoridades. Siempre se ve a la Defensoría del Pueblo como quien indica lo que no está funcionando, pero creo que esto ha desbordado a todas las instituciones. Hay que tener en cuenta que el terremoto ocurrió tres días después de la posesión del nuevo gobierno. Ha sido un reto para todas las instituciones y, por supuesto, para las comunidades. Por eso nuestro rol es tratar de colaborar e identificar algunas dificultades que, por supuesto, siguen habiendo, hacer invitaciones para que se pueda avanzar hacia la reconstrucción con un enfoque de derechos humanos. Yo creo que aquí el primer tema es el de la prevención.
El primer asunto que preocupa es el de los derechos humanos. Siempre se ha entendido que esos desastres son naturales, porque un terremoto es impredecible, pero cada vez más esa teoría está revaluada, porque los desastres, aunque no son prevenibles, los impactos sí se pueden prevenir. La gestión de riesgos de desastres mostró una vez más que no tenía la preparación necesaria para enfrentar esta situación. Los primeros días no hubo respuesta rápida en albergues; muchas personas estuvieron sin casa, pernoctando donde familiares y amigos, habiéndolo perdido todo. Yo creo que hay un mensaje que nos deja esta situación del terremoto y es fortalecer el sistema de gestión de riesgos de desastres con un enfoque de prevención de los daños en derechos humanos. Ese es uno de los llamados que hacemos en nuestras decisiones impostergables para el nuevo gobierno.
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¿Qué le ha hecho falta a la Presidencia frente a esta situación?
Llama la atención que el Ejecutivo se haya demorado más de 10 días en declarar la emergencia económica y social y solo hasta la semana pasada haya empezado a sacar los decretos. Se necesitaban unas medidas mucho más urgentes y con mayor antelación. En este momento vemos que hay retos en el tema del registro único de personas damnificadas y también en la evaluación de daños y análisis de necesidades. Todavía hay disparidad entre la información que se reporta en terreno por las alcaldías y el reporte oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Poder consolidar un sistema de información creíble es básico para poder planear la reconstrucción.
¿Y sobre el tema de salud o educación, por ejemplo, qué es lo más urgente?
El sector salud fue uno de los que pudo reaccionar de mejor manera y adecuarse rápidamente a la crisis para atender esta situación, a pesar de que muchas sedes hospitalarias sufrieron daños. Es importante reforzar la capacidad hospitalaria y de los puestos de salud, especialmente en zonas rurales donde sigue habiendo afectaciones. En cuanto al tema de educación, creemos que hay una oportunidad de avanzar. La pérdida de infraestructura educativa fue uno de los grandes daños, además de las viviendas, que causó el terremoto en zonas donde ya tenían retrasos históricos en el sistema, como por ejemplo Chocó y algunos municipios del Valle del Cauca. Creemos que es una oportunidad para avanzar en un plan serio y financiado, porque creo que falta claridad sobre la financiación para la reconstrucción de la estructura educativa.
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También está todo el tema de vivienda. Muchas personas perdieron sus casas, pero tienen que seguir pagando los créditos. La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) hizo unos anuncios respecto de alivios crediticios, pero eso hubiera sido un tema de regulación rápida por parte del gobierno. El tema de subsidios de arriendos, que se ha dicho que a partir de octubre empiezan, pero mientras tanto las personas y las familias tienen que enfrentar esas crisis individualmente.
En departamentos como Chocó, la emergencia se cruzó con territorios controlados o disputados por grupos armados. ¿Qué riesgo hay frente al hecho de que el conflicto termine decidiendo quién recibe ayuda, quién puede reconstruir y quién vuelve a quedar abandonado?
Efectivamente, en el Chocó, en todo el río San Juan, hay comunidades que se vieron afectadas y que tienen presencia de grupos armados. Hay una disputa entre el Clan del Golfo y Eln. Vimos que durante los días posteriores al terremoto hubo acciones armadas y eso también condiciona, no solo el ingreso de la institucionalidad para la atención humanitaria y para la recuperación, sino que también puede terminar definiendo que los grupos armados, dentro del control territorial y poblacional que tienen, terminen por desviar las ayudas. Desde el primer día le pedimos a los grupos armados que respetaran, como parte de sus obligaciones bajo el Derecho Internacional Humanitario, la distribución de ayuda humanitaria en condiciones que sean equitativas y que vayan a las personas que más lo necesitan, que no interfirieran y que hicieran una suerte de cese de hostilidades para permitir la recuperación y la atención humanitaria. Pero no ha ocurrido así, especialmente en el Chocó.
Antes de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, usted advirtió sobre varias de sus propuestas en derechos humanos y ya ha tenido choques públicos con miembros de su gobierno. ¿La nueva administración está escuchando a la Defensoría o está tratando sus advertencias como si fueran oposición política?
Yo veo que el gobierno ha tenido una actitud de apertura en cuanto a la relación con la Defensoría del Pueblo, en la medida en que hemos podido tener reuniones con los ministros del Interior, Justicia, Salud, así como conversaciones telefónicas con el ministro de Defensa. Se nota un tono de apertura, no necesariamente a aceptar todas las recomendaciones, pero sí a un diálogo constructivo y con respeto. Sin embargo, no vemos que el gobierno esté adoptando medidas que tomen seriamente las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo en varios aspectos. Las invitaciones que hemos hecho son a revisar el tema de alertas tempranas, también a que se convoque la comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento, que está en Consejería Presidencial de Derechos Humanos. Lo que vemos es que sigue en una interinidad en la que nadie está liderando la prevención del reclutamiento forzado, pero que también podría revisar temas urgentes, como el de fumigaciones de cultivos ilícitos y el los bombardeos. Entonces, el tono en lo personal y en lo institucional es colaborativo y amable. Pero en la respuesta sustantiva a las recomendaciones, no veo realmente un diálogo donde haya apertura para escuchar a la Defensoría.
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Hace una semana usted cuestionó que el presidente mostrara públicamente los cuerpos de personas muertas en operaciones militar. El ministro del Interior contestó que consideraban una equivocación que equiparara al Estado con bandas narcoterroristas. ¿Se equivocó al hacer esa comparación?
Creo que la discusión en redes ha sido bastante hostil y se tienden a calificar las propuestas y las posiciones de la Defensoría como una oposición política o, inclusive, alinearla con la posición de grupos armados, cayendo en la polarización, difamación, estigmatización. Sobre mis palabras, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, dio unas declaraciones diciendo que tal vez había sido un lapsus de parte mía. Pero no fue ningún lapsus. Es una posición institucional muy sopesada y decantada con el equipo directivo y es la posición de la Defensoría. No fue un error. No quiero condescendencia de parte del gobierno, como tratando de mantener la amabilidad, pero restando validez a las posiciones de le entidad. Por el contrario, me gustaría que se las tomen en serio y, si no están de acuerdo con ellas, pues que lo digan y mantengamos un debate abierto, claro, transparente y sin condescendencias.
¿Qué mensaje le preocupa que envíe un presidente cuando presenta cadáveres como demostración del éxito militar?
Lo que ocurre es que cuando el presidente de la República, que es la imagen del jefe de Estado, se presenta orgulloso entre cuerpos de personas muertas, parece estarle dando más fortaleza a la respuesta de la muerte que a la respuesta de la vida. Sobra decir que en la Constitución, el derecho a la vida es uno de los derechos fundamentales, un valor fundante del modelo constitucional. El hecho de que las muertes en combate y en bombardeos puedan ser legítimas, necesarias, inclusive indispensables, no desplaza el valor de la vida en el ordenamiento constitucional. Aun cuando esas vidas son de personas que han cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad, como los miembros de las disidencias o grupos armados criminales.
¿Por qué esa demostración del presidente podría violar normas del DIH?
En el DIH, que regula la guerra, se protege, por ejemplo, a las personas muertas. Parece muy básico aclarar que las personas muertas ya están fuera de combate. Pero lo importante es entender que el DIH obliga a tratar con dignidad los cuerpos, es decir, evitar mutilaciones, exhibiciones indecentes innecesarias, someterlas a desaparición forzada. Por eso, entre otras cosas, creo que las imágenes que hemos visto cambian la jerarquía de los valores constitucionales respecto de la vida, la justicia y los derechos que tienen, inclusive, las personas que son responsables de crímenes. Creo que esas acciones del presidente vanagloria la guerra y la muerte.
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Otro tema en el que ha sido certera con sus declaraciones es sobre el tema de bombardeos a campamentos donde puede haber menores de edad. El Gobierno sostiene que la responsabilidad por los niños y adolescentes muertos en esas operaciones es de quienes los reclutaron. ¿Esa explicación exime al Estado de responsabilidad cuando sabe que puede haber niños reclutados en los lugares donde bombardea?
Yo coincido con el gobierno en que hay una responsabilidad muy importante de parte de los grupos armados ilegales. Es decir, ellos tienen el deber de no reclutar a menores de edad y no ponerlos además en hostilidades ni en labores de combate. Es importante recordar esta obligación, porque, si no, ellos podrían sencillamente excusarse en la responsabilidad del Estado para ignorar la propia responsabilidad. El reclutamiento es un crimen de guerra que se comete en Colombia. Dicho esto, el Estado es, por decirlo de alguna manera, el adulto responsable en esta situación.
¿A qué se refiere?
El Estado no puede eximirse de su responsabilidad porque los grupos armados estén cometiendo el crimen de reclutamiento. Los menores de edad siguen siendo víctimas aun cuando pasaron a ser combatientes. Además, no se puede presumir que eran combatientes por el solo hecho de que estaban dentro de un campamento o que estaban dentro de un grupo de combatientes. No se puede además eliminar la calidad de víctimas que tienen estos menores de edad. Por consiguiente, en las operaciones militares, no solo los bombardeos, sino todo tipo de acciones hostiles, se tienen que extremar las medidas de precaución para evitar que los menores mueran y, si no se extreman esas medidas de precaución, puede llegar a haber una responsabilidad de parte del Estado por la muerte de estos menores de edad.
Además, es presumible que muchos de estos grupos, por lo menos en ciertas zonas del país, tengan menores de edad en sus filas. Por ejemplo, en Guaviare, Catatumbo y Cauca es previsible. Esto es información con la que cuenta el Estado, la fuerza pública, y tiene que ser usada en la planeación de estos bombardeos y hostilidades. No nos podemos acostumbrar a que en todos los bombardeos haya menores de edad muertos. Si eso se vuelve panorama, quiere decir que el Estado está asumiendo como un daño colateral la muerte de menores reclutados dentro de sus operaciones militares y ese no puede ser el mensaje. Esa no puede ser la decisión del gobierno. La decisión del Estado tiene que ser protegerlos.
El ICBF ha sido cuestionado por dejar de utilizar específicamente la palabra “niñas”. ¿Estamos ante una simple discusión de lenguaje o dejar de nombrarlas puede terminar debilitando su protección por parte del Estado?
El lenguaje es un reflejo de la realidad. Cuando nombramos, es una representación del mundo. Es decir, yo nombro las cosas como las entiendo y las comprendo. El mundo, las realidades, las personas, la naturaleza, etcétera. Sabemos que la Real Academia de la Lengua Española sigue diciendo que “niños” comprende niñas y niños, que “hombres” comprende hombres y mujeres. Pero no es así. Ya hemos llegado a un punto en que inclusive la Corte Constitucional ha reconocido que visibilizar a las mujeres y a las niñas en el lenguaje es una forma de nombrar una realidad específica y distinta.
¿Por qué?
Porque las mujeres, y en particular las niñas, tenemos una posición de disfrute de menores condiciones que los hombres y niños. Entonces, mencionarlas permite abordar las afectaciones diferenciales y permite también trabajar diferencialmente para lograr la igualdad entre niños y niñas. Las niñas y las adolescentes son las mayores víctimas de violencia sexual, no solo en el conflicto armado, sino en violencia intrafamiliar, en ambientes comunitarios y escolares. Más del 60 % de las niñas y las adolescentes sufren esto. Si no pensamos y no expresamos la diferencia de necesidades de las niñas y las mujeres, pues no vamos a hacer políticas diferenciales que aborden por qué ellas son las que sufren más la violencia sexual. Invisibilizarlas me parece que es un esfuerzo muy grande del ICBF. reo que es un daño innecesario. Prohibir decir “niñas” es generar una invisibilización para un grupo poblacional que ya está invisible y que además todavía no tiene la respuesta suficiente del Estado. Es un mensaje muy perverso.
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Hace un mes usted advertía sobre posibles riesgos para la libertad de expresión, la oposición, la paz y otros derechos. Después de este primer mes de Gobierno, ¿alguno de los temores que tenía sobre Abelardo de la Espriella empezó a materializarse?
Hay varios asuntos que se han venido materializando. Por ejemplo, cuando se nombró al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), expresamos nuestra preocupación porque se trata de un funcionario (Didier Blanco) que en el pasado se ha comunicado con expresiones ofensivas y estigmatizantes contra medios de comunicación, periodistas, dirigentes políticos y sectores de oposición. Confío en que la advertencia implique que va a tener un respeto por el servicio público, por la objetividad del cargo, pero pues el llamado era para generar confianza. No se trata de una objeción personal con él, sino la necesidad de que las instituciones generen confianza, especialmente quien brinda protección a quienes tienen en riesgo su vida. Segundo, ya se ha anunciado el inicio de un pilotaje de aspersión aérea. Dicen que va a ser un herbicida natural que no es glifosato y que no causa daños a la salud y a la naturaleza. Nosotros lo que le hemos pedido es que se haga pública y transparente la información de qué herbicida se trata para que se puedan realmente conocer cuáles son los efectos, o si no los tiene, a la salud y a la naturaleza. No tengo información de que haya un herbicida que cumpla esa función.
Creo que hay que dar el debate público porque el crecimiento de los cultivos de uso ilícito es dramático. Se requiere pensar en alternativas y creo que en eso el gobierno tiene un buen punto. Desde una mirada integral de la seguridad, es necesario enfrentar la sustitución de cultivos de uso ilícito, pero no podemos pasarnos por alto la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ya prohibió la aspersión aérea con glifosato. También vemos un discurso muy decidido en las limitaciones a la consulta previa. Se ve como si fuera una amenaza al desarrollo. Creemos que siempre ha habido una tensión allí, de orden constitucional, pero que tiene que resolverse sin agravar la situación de los pueblos étnicos, que además muchos de ellos están en riesgo de extinción, en zonas de violencia y conflicto armado.
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Y por último, el tema de la laicidad del Estado. Hemos visto expresiones desde la posesión del señor presidente y otras también de la ahora exministra de Educación, Viviane Morales, con un interés y afán de revisar las cartillas, textos educativos e información del sistema público. Eso nos preocupa porque todas las personas tienen derecho a la libertad religiosa y el Estado no debe prohibir ninguna religión, sino que tiene que habilitar las condiciones para que todas las personas puedan profesar libremente su culto o su religión dentro de un ambiente de pluralismo. Por esa misma razón, el Estado no puede tomar partido por un culto específico. Si toma partido, puede ir en desmedro de los derechos del resto de las personas que tengan otras creencias y eso ir en contra del pluralismo religioso.
En el ámbito educativo, hemos visto que se ha convertido muchas veces en una visión muy restrictiva del derecho al libre desarrollo de la personalidad de menores de edad que durante la adolescencia, principalmente, empiezan a definir su identidad y orientación sexual. El Estado tiene que acompañar y apoyar ese proceso, dentro de un ámbito de libertad que es progresivo. Cuando se han adoptado posiciones prohibitivas, hemos visto tragedias. Por ejemplo, el caso de Sergio Urrego, un menor de edad que pensó que el hecho de que su orientación e identidad sexual era tan mala, tan dañina, que no tenía lugar en este mundo y deicidó quitarse la vida. Esto no es un juego. No es un problema ideológico. Es un problema de derechos que tienen que ser protegidos y acompañados por el Estado.
Colombia acordó nuevas operaciones conjuntas con Estados Unidos y se vinculó al llamado Escudo de las Américas. ¿Le preocupa que el país esté permitiendo una participación militar estadounidense cuyo alcance y límites todavía no están claros para los colombianos?
Hay un tema de transparencia y una brecha entre las declaraciones públicas y lo que se conoce formalmente. Nosotros hicimos una solicitud a la Cancillería para preguntar por esos anuncios alrededor de unas operaciones conjuntas que se harían en territorio nacional con fuerzas de Estados Unidos. Preguntamos porque las declaraciones fueron ambiguas. La respuesta de la Cancillería es que no va a haber operaciones conjuntas entre tropas o fuerzas de seguridad de Estados Unidos y Colombia y que saben que eso tendría que pasar por autorización del Senado.
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Entonces, ¿qué es lo que hay?
Dicen que lo que hay es una cooperación técnica y militar que ha existido toda la vida. El problema es que en el discurso público se sigue hablando de estas operaciones conjuntas. Entonces no sabemos cuál es la verdad: si la que responden en el derecho de petición o la que dicen públicamente. Quisiéramos tener más claridad porque las palabras del gobierno importan y, si algún funcionario público del alto nivel del gobierno o el propio presidente de la República hace anuncios en ese sentido, uno no puede partir del hecho de que está diciendo mentiras.
Con las nuevas alertas que ha emitido la Defensoría, ¿en qué lugar del país teme usted que pueda ocurrir la próxima gran crisis humanitaria si el Estado no actúa ahora?
Creo que hay unos fenómenos de expansión y de agravamiento de la situación. Quisiéramos decir que con esta nueva respuesta del Estado la situación va a mejorar, si se complementa con otras acciones. Puede que en un mediano plazo mejore. En lo inmediato, es previsible que haya un empeoramiento de zonas que ya tienen una situación humanitaria compleja, como lo son Catatumbo, Guaviare, el suroccidente del país, algunas zonas de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, el nordeste antioqueño y la Sierra Nevada de Santa Marta. Los grupos van a reaccionar y mostrar su poderío. Eso, en lo inmediato, va a generar una mayor afectación humanitaria a la población civil por el miedo, desplazamientos, confinamientos, etcétera. Eso no quiere decir que la acción del Estado sea ilegítima. Eso quiere decir que la mayor militarización y confrontación armada genera riesgos para la población civil.
Hay otras zonas donde se ven riesgos de expansión de los grupos armados que pueden eventualmente generar unas nuevas crisis humanitarias relacionadas con nuevas disputas territoriales por la expansión de unos sobre el territorio. Eso lo vemos, por ejemplo, con la entrada del Clan del Golfo o de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra hacia la zona de Cesar y Catatumbo. Lo podemos ver también en el Magdalena Medio, donde también hay una disputa entre varios grupos.
El país hay que mirarlo como en conjunto y las zonas que están identificadas siguen siendo esas principalmente, pero no hay que descuidar, por ejemplo, otras zonas donde no hay disputa armada tan clara, pero el dominio es muy costoso para el Estado de derecho, para la institucionalidad local y para el disfrute de los derechos. Por ejemplo, todas las zonas de dominio hegemónico del Clan del Golfo, que es el grupo con mayor despliegue territorial en todo el país. Esta presencia armada, en la medida en que no causan tantos daños letales, desplazamiento o confrontación, es mucho más silencioso y les permite tener un dominio mucho más tranquilo y expansivo de su actividad armada.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
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