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12 Jun 2022 - 5:37 p. m.

Advierten que no se tuvo en cuenta prevenir el trabajo infantil en zonas de conflicto

En el día mundial contra el trabajo infantil, la Procuraduría alertó que de los 170 municipios que fueron priorizados por el conflicto armado, 62 carecen de planes que pretendan eliminar este flagelo, y al menos 12 estarían en riesgo alto.
Advierten que no se tuvo en cuenta prevenir el trabajo infantil en zonas de conflicto
Advierten que no se tuvo en cuenta prevenir el trabajo infantil en zonas de conflicto
Foto: EFE - Rayner Peña R.

Un jalón de orejas de la Procuraduría al Gobierno Nacional se conoció este domingo en el informe sobre trabajo infantil que emitió el Ministerio Público a propósito del día mundial contra ese flagelo. En su documento, el ente de control advierte que, de los 170 municipios que fueron priorizados por ser territorios afectados por el conflicto armado, 62 carecen de estrategias que prevengan y erradiquen esa situación.

Arauca, Norte de Santander, Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia, Córdoba, Quindío, Meta, Valle del Cauca y La Guajira son algunos de los departamentos en los que la prevención y erradicación del trabajo infantil es una deuda pendiente. No obstante, el Ministerio Público deja claro que 12 municipios son los que presentan un alto riesgo. Se trata de: Anorí, Briceño y San Pedro de Urabá en Antioquia; Morales en Bolívar; Cartagena del Chairá y Valparaíso en Caquetá.

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Así como Mapiripán y Puerto Lleras en Meta; El Rosario, en Nariño; San Calixto y Teorama en Norte de Santander, y Ataco en Tolima. A juicio del Ministerio Público, los municipios que hacen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) deben tener entre sus estrategias implementar proyectos de desarrollo que mitiguen el trabajo de los menores de edad.

El ente de control recordó que “el trabajo infantil es una violación a los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes, que afecta su proceso de desarrollo, genera condiciones que vulneran el goce de los derechos y complejiza la construcción de proyectos de vida”, y añadió que los municipios PDET requieren esfuerzos para que se implemente una política pública que prevenga el trabajo infantil.

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En ese orden, la Procuraduría emitió seis recomendaciones a los municipios que aún tienen esa deuda. La primera de ellas es actualizar la información sobre la población rural, el embarazo adolescente, la cobertura de educación, la deserción escolar y el promedio de jornada única escolar. El segundo es que las autoridades locales deben actualizar el Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores Formas (SIRITI) que busca erradicar esa situación en el país.

De otro lado, el Ministerio Público también recomendó generar acciones de “cohesión de esfuerzos entre las distintas instituciones gubernamentales, organizaciones privadas y centrales trabajadoras, para implementar esta política pública”. Además de, revisar, ajustar o generar una estrategia específica dirigida a la población adolescente trabajadora o en riesgo entre 15 y 17 años, con el fin de identificar y focalizar la oferta, y que se les incluya en los programas del Estado, atendiendo sus necesidades particulares.

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Por último, el Ministerio Público advirtió que el Gobierno debe priorizar un presupuesto suficiente que les permitan entregar una oferta de educación, vida, recreación y bienestar para los menores que se encuentran ejerciendo trabajos. Añadió que los presupuestos deben ser con base a las necesidades de cada territorio.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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