El reclutamiento de niños y niñas en el conflicto armado no fue una práctica exclusiva de la guerrilla de las Farc. En el macrocaso 07, en el que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investiga este crimen, se determinó que la Fuerza Pública es responsable de haber utilizado a al menos 94 menores de edad antes de la firma del Acuerdo de Paz, en 2016. La Sala de Reconocimiento, que lleva el caso, hizo además un llamado para que más víctimas que hayan sufrido estos hechos se acrediten como víctimas en el sistema de justicia transicional.
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Ya en 2021, la JEP había concluido que la antigua guerrilla de las Farc reclutó a al menos 18.677 menores de edad, pero los informes de entidades del Estado y organizaciones de víctimas daban cuenta de que la Fuerza Pública también cometió este crimen. Tras cruzar la información de 75 fuentes distintas y verificar que al menos una de ellas confirmara que la víctima era menor de edad al momento de su vinculación, la Sala de Reconocimiento pudo determinar una cifra de víctimas sobre la cual trabajar: 94.
Además, los datos muestran algunas tendencias de este crimen poco investigado, y menos en lo que respecta a las Fuerzas Militares. Primero, un notable pico en la utilización de niños y niñas entre los años 2006 y 2009, periodo que concentra el 72% de las víctimas. Segundo, una predominancia en la institución a la que se atribuye: en 81 casos se señala al Ejército. Tercero, una concentración territorial de los hechos: el departamento del Cauca registró el 28% de los reclutamientos, seguido por Valle, Nariño y Antioquia.
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A su vez, la JEP lamentó que, hasta ahora, solo cinco personas han acudido se han acreditado como víctimas de reclutamiento por parte de la Fuerza Pública. De allí que la decisión lance un llamado “a las organizaciones de víctimas que participan en el Caso 07 para que, por su conducto, se invite a las víctimas de hechos de reclutamiento y utilización que estén relacionados con acciones de la Fuerza Pública, y que deseen participar en el Caso 07, para que soliciten su acreditación en el marco de este caso y puedan, así, aportar información y participar en el desarrollo de la investigación de estas conductas”.
En la misma decisión, la magistrada Lily Rueda, que conduce el macrocaso 07 remitió a otro despacho la investigación por las atrocidades de las que se señala al Ejército en el marco de la Operación Berlín. Si bien esta acción militar fue mostrada en su momento como la prueba fehaciente de que las Farc reclutaba a niños, como contó este diario, informes y testimonios de víctimas que están en poder de la JEP dan cuenta de que los militares habrían cometido ejecuciones en situación de indefensión, engaños, actos de barbarie y tortura psicológica.
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“Dado el contenido referenciado, el despacho encuentra que copia de este informe debe también remitirse al Caso 08, para lo de su competencia”, escribió Rueda en la decisión judicial. En ese macrocaso, que conduce la magistrada Catalina Díaz, se investigan los crímenes cometidos por la Fuerza Pública en asocio con paramilitares.
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