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Este 30 de agosto, cuando se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, tres entidades pusieron sobre la mesa una misma alerta: en Colombia la desaparición no ha cesado. Mientras la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) intenta esclarecer la suerte de 137.000 personas, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sigue documentando nuevos casos relacionados con los conflictos armados y la Defensoría del Pueblo advierte sobre los riesgos que enfrentan varias regiones y poblaciones del país.
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Entre enero y julio de 2026, el CICR documentó 99 desapariciones en 14 departamentos. La cifra indica que, en promedio, al menos una persona desapareció cada dos días por hechos relacionados con los conflictos armados. Más de una tercera parte de las víctimas, de decir, 36 en total, son niños, niñas y adolescentes.
Según el reporte de esa entidad internacional, Cauca, Norte de Santander y Antioquia concentran el 59 % de las desapariciones registradas durante esos siete meses. El organismo aclaró, sin embargo, que sus cifras corresponden únicamente a hechos conocidos directamente por sus equipos y no reflejan la dimensión total del fenómeno en Colombia.
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El balance acumulado también demuestra que el problema persistió después de la firma del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc. Desde su entrada en vigor, en diciembre de 2016, y hasta julio de este año, el CICR ha documentado 2.659 desapariciones relacionadas con la guerra en Colombia.
“La desaparición sigue siendo una de las consecuencias humanitarias más dolorosas de los conflictos armados. Detrás de cada uno de estos casos hay una familia que no sabe qué ocurrió con su ser querido”, señaló Cleber Kemper, coordinador adjunto de Protección de la delegación regional del CICR en Bogotá. Para el funcionario, prevenir nuevos casos resulta tan urgente como buscar a quienes siguen desaparecidos y atender las necesidades de sus familias.
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A ese panorama se suman los registros de la Defensoría del Pueblo. Entre el 1 de enero y el 1 de julio de este año, la entidad recibió 244 declaraciones por hechos de desaparición forzada ocurridos en el marco del conflicto armado. Esa cifra no equivale necesariamente a desapariciones cometidas durante esos seis meses, sino a testimonios recibidos por la institución en ese periodo sobre hechos que también pudieron ocurrir anteriormente.
La Defensoría recordó que la desaparición forzada es un delito permanente e imprescriptible mientras no se establezca la suerte o el paradero de la víctima. A través de su Sistema de Alertas Tempranas, la entidad ha identificado riesgos asociados con las disputas por economías ilícitas, el reclutamiento de menores de edad, la trata de personas y las rutas migratorias, especialmente en el Darién, Norte de Santander y San Andrés.
Esos riesgos también golpean a líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas y firmantes del Acuerdo de Paz. Según el informe más reciente del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia, 58 firmantes han sido reportados como desaparecidos desde la firma del acuerdo.
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Una búsqueda que se remonta a 1921
La desaparición más antigua registrada por la UBPD en el contexto del conflicto armado ocurrió hace más de un siglo. Se trata de Tobías Borda Cepeda, visto por última vez en 1921 en Rondón (Boyacá), municipio que entonces era conocido como San Rafael. Sus familiares, hacendados de la región, nunca volvieron a tener información sobre su paradero.
Desde aquel caso y hasta el 1 de diciembre de 2016, fecha que delimita el mandato temporal de la entidad, la Unidad de Búsqueda registra un universo de 137.000 personas desaparecidas. Casi la mitad de los casos, el 48,5 %, ocurrió durante la década de 2000. Los años 2001, 2002 y 2003 fueron los de mayor impacto, mientras Antioquia, Meta y Valle del Cauca encabezan, en ese orden, los registros departamentales.
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Detrás de esa cifra hay 51.716 personas buscadoras registradas, de las cuales más del 63 % son mujeres. Otras 54.076 han acudido ante la UBPD como familiares o allegadas para solicitar ayuda en la búsqueda de un ser querido. Muchas de las personas buscadoras superan los 60 años y enfrentan difíciles condiciones humanitarias, por lo que la entidad ha llamado la atención sobre la necesidad de garantizar un relevo generacional que permita continuar los procesos.
La búsqueda también tiene impactos diferenciados para las familias pertenecientes a pueblos indígenas, negros, afrodescendientes, raizales, palenqueros y Rom, que cuentan con un marco de protección reforzada. Las consecuencias de una desaparición pueden prolongarse durante años o décadas y afectar las condiciones económicas, emocionales, jurídicas y sociales de quienes siguen esperando una respuesta.
Las cifras de atención de la Defensoría muestran que son las mujeres quienes asumen, en su mayoría, esa espera. Durante 2025, la entidad orientó y asesoró a 2.183 personas con género identificado, de las cuales el 65,9 % fueron mujeres. Entre enero y agosto de 2026, esa proporción aumentó al 68,9 %, según el Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional.
La desaparición forzada, además, fue el hecho que concentró el mayor volumen de atención durante 2025, con 3.205 casos. En los primeros ocho meses de 2026 ya se acumulaban 2.145 atenciones, un ritmo que, de mantenerse, superaría el total registrado durante el año anterior.
Las obligaciones frente a la desaparición
De acuerdo con las entidades que investigan este fenómeno violento, las circunstancias en las que una persona puede desaparecer son diversas. Puede ser víctima de desaparición forzada, resultar privada de la libertad o ser reclutada sin posibilidad de comunicarse con sus familiares. También puede morir durante combates u otros hechos de violencia sin que su cuerpo sea recuperado o identificado. Las desapariciones pueden ocurrir, además, en contextos migratorios o como consecuencia de desastres.
Según el Derecho Internacional Humanitario, las partes involucradas en los conflictos armados tienen la obligación de prevenirlas, incluso cuando no sean intencionales. Si una persona desaparece, deben realizar los esfuerzos necesarios para esclarecer su suerte y paradero. Para el CICR, cualquiera que sea la circunstancia, toda persona desaparecida debe ser buscada y su familia tiene derecho a saber qué ocurrió.
El organismo destacó la expedición del Decreto 1029 de 2026, mediante el cual fue adoptada la Política Pública Integral para la Atención, Prevención, Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas. La medida busca mejorar la articulación entre las instituciones responsables de prevenir las desapariciones, adelantar las búsquedas e identificar a quienes murieron sin que sus familias conocieran su destino.
Aunque Colombia cuenta con varias entidades y mecanismos para enfrentar el fenómeno, el CICR advirtió que las dificultades para coordinar su trabajo y las restricciones para compartir información han limitado el derecho de las familias a conocer la verdad.
“Colombia cuenta con diversas entidades y mecanismos para abordar la desaparición. Sin embargo, las dificultades para articular su trabajo y las restricciones para compartir información han limitado el derecho de los familiares a saber qué ocurrió con sus seres queridos”, explicó Kemper. Para el funcionario, la nueva política puede marcar una diferencia si permite responder de manera diferenciada a las múltiples necesidades de las familias.
El terremoto también puso en riesgo la búsqueda
El terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar (Chocó) abrió otro frente de preocupación. La Defensoría, la UBPD, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ministerio del Interior y más de 15 organizaciones de la Mesa de Trabajo contra la Desaparición Forzada pidieron proteger los cementerios afectados por el movimiento telúrico.
La alerta cobija los cementerios de Roldanillo y Siloé, en Valle del Cauca; Sonsón y Caramanta, en Antioquia, y San Camilo, en Risaralda. Los daños pusieron en riesgo estructuras en las que reposan cuerpos de personas desaparecidas que podrían resultar fundamentales para futuros procesos de identificación y entrega digna a sus familias.
Aunque las desapariciones causadas por desastres están por fuera de su mandato temporal, la Unidad de Búsqueda recopiló 159 reportes tras el terremoto y los remitió para que fueran gestionados de acuerdo con los protocolos establecidos para la emergencia. La entidad cuenta con 27 sedes en el país, desde las cuales acompaña las búsquedas que están dentro de su competencia y orienta aquellas que deben asumir otras instituciones.
No hay que esperar 72 horas
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Unidad de Búsqueda pidió a las instituciones públicas, al sector privado y a la sociedad sumar esfuerzos para encontrar a quienes llevan décadas, años, meses o días sin regresar a sus hogares.
“Esta es una fecha fundamental para recordar que la desaparición no ha cesado. El Comité Internacional de la Cruz Roja nos señala que, después de la firma del Acuerdo de Paz, 2.659 personas han sido desaparecidas; por eso, debemos unirnos como sociedad, como colombianas y colombianos, para buscarles, porque la búsqueda es un compromiso del presente”, afirmó Luz Janeth Forero Martínez, directora general de la UBPD.
La Defensoría recordó que buscar a una persona desaparecida es un derecho autónomo de las víctimas y sus familias, así como una obligación del Estado que no depende de la existencia de un proceso penal ni de una denuncia previa. Cualquier persona puede solicitar el Mecanismo de Búsqueda Urgente ante una autoridad judicial, sin necesidad de contar con un abogado. Tampoco es necesario esperar 72 horas para activar los protocolos de búsqueda.
Las cifras más recientes confirman que la desaparición no es una violencia sepultada en el pasado. Desde el caso de Tobías Borda Cepeda, ocurrido en 1921, hasta las 99 personas desaparecidas durante los primeros siete meses de 2026, miles de familias han quedado atrapadas en la misma incertidumbre. Mientras siga faltando una sola persona, la búsqueda no puede detenerse.
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