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28 Jun 2022 - 8:11 p. m.

Alcalde de Neiva afrontará proceso penal en detención domiciliaria

Un juez ha impuesto detención preventiva en su lugar de residencia al mandatario de los neivanos, Gorky Muñoz Calderón. La Fiscalía le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. El proceso judicial tendría origen en dos contratos del Programa de Alimentación (PAE) celebrados durante la pandemia.
El alcalde de Neiva junto al exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Gorky Muñoz de origen liberal llegó a la Alcaldía en 2019 con un movimiento político pero apoyado por diversos sectores políticos.
El alcalde de Neiva junto al exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Gorky Muñoz de origen liberal llegó a la Alcaldía en 2019 con un movimiento político pero apoyado por diversos sectores políticos.
El alcalde de Neiva junto al exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Gorky Muñoz de origen liberal llegó a la Alcaldía en 2019 con un movimiento político pero apoyado por diversos sectores políticos.
El alcalde de Neiva junto al exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Gorky Muñoz de origen liberal llegó a la Alcaldía en 2019 con un movimiento político pero apoyado por diversos sectores políticos.

Un juzgado penal de Neiva con funciones de control de garantías decretó en primera instancia detención preventiva en su residencia contra el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón. El juez del caso acogió la imputación presentada por la Fiscalía por celebración indebida de contratos y violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades en el marco de la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la capital huilense durante la pandemia.

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El proceso judicial tiene su origen en dos contratos asignados de manera directa en abril de 2020 (dos semanas después del principio de la cuarentena por el Covid-19) para el PAE. Tanto el contratista seleccionado (Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando) como el interventor de dicho contrato (Fundación Colombia Florece) tenían sede en el Departamento de Nariño y compartían cargos entre sus órganos directivos y revisoría fiscal, además de estar ubicados en la misma sede.

Además, a juicio de la Fiscalía, no tenían, ni la experticia, ni la capacidad para asumir estos contratos. El vínculo entre las organizaciones contratistas y la alcaldía de Neiva es Otoniel Vergara, un político con trayectoria que fue el primer representante legal de Asoformando y quien coordinó en Tumaco la campaña de Germán Vargas Lleras a la Presidencia en 2018.

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La jueza insistió en la gravedad en torno a los hechos señalados y manifestó “la corrupción ha permeado todas las esferas del poder afectando directamente a los más vulnerables”. También resaltó como se ha deteriorado la credibilidad de la sociedad civil en las instituciones ante hechos como los mencionados.

La adjudicación directa de los contratos sin proceso de licitación se basó en la urgencia manifiesta que se había decretado en la crisis del Covid-19 y que permitía procesos de contratación más rápidos en aras de atender a las comunidades vulnerables. Sin embargo, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, se incumplieron los principios establecidos para salvaguardar el erario. A través de sus redes sociales el mandatario de los neivanos se pronunció para dar un parte de tranquilidad y anunciar un pronunciamiento más completo tras reunirse con su equipo jurídico.

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En el proceso también están vinculados su exsecretario de Educación, Giovanny Córdoba, y a los asesores externos Juan Felipe Molano y Andrés Camacho. A su vez, se encuentran imputados el exconcejal de Tumaco (Nariño) Otoniel Vergara y los contratistas Miguel Alfonso Banguera y Carmen Rosaida Castillo Arboleda. La jueza estableció frente al exconcejal de Tumaco una serie de medidas no privativas de la libertad. Los demás continuarán vinculados al proceso pero sin detención preventiva.

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Tanto la Fiscalía, como el Ministerio Público y la defensa de Gorky Muñoz Calderón y Otoniel Vergara anunciaron que interpondrán recursos. Lo anterior significa que el alcalde continuará en su cargo hasta que la decisión quede en firme.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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