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Fue acusado formalmente el alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por los delitos de concusión y prevaricato por acción. Al parecer, el mandatario habría exigido dinero y favores a la representante legal de una empresa de inversiones para otorgarle una licencia de construcción.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el 8 de junio de 2025, el alcalde, supuestamente, le exigió a la representante legal de la empresa contratar a Juan Camilo Sánchez Torres, un conocido suyo, para que prestara asesoría en la gestión de permisos y otros trámites administrativos. Posteriormente, habría pedido aumentar los honorarios pactados para el contratista, quien recibió pagos cercanos a los COP 48 millones durante los 11 meses en los que prestó sus servicios.
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Asimismo, el 4 de marzo de 2026, Gamboa Chaparro habría solicitado a la empresaria, a través de mensajes de voz, COP 112 millones, equivalentes al 20 % del valor fijado por la ampliación de la licencia de construcción. Aunque el alcalde posteriormente retiró esa exigencia, dos días más tarde expidió una resolución que, según la Fiscalía, habría sido una represalia y una forma de presionar a la empresaria por negarse inicialmente a entregar el dinero solicitado.
El ente investigador señaló que, como consecuencia de esa decisión, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva negó la solicitud para ampliar la licencia de construcción. Por estos hechos también fue acusado Sánchez Torres por el delito de concusión. Además, el inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso a los responsables del proyecto una multa cercana a los COP 232 millones.
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Los otros procesos judiciales contra el alcalde de Villa de Leyva
El pasado 20 de enero, la Fiscalía imputó a Víctor Alfonso Gamboa Chaparro por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, cargos que el mandatario no aceptó.
Según el ente acusador, el caso está relacionado con la firma de un contrato de prestación de servicios suscrito en febrero de 2024 con Javier Alexánder Múnevar González, quien fue vinculado como supervisor de maquinaria amarilla del municipio. La Fiscalía advirtió que el contratista es hermano de Ángela Johana Múnevar González, entonces secretaria de Desarrollo Social de la administración local.
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La investigación también señala presuntas irregularidades en el proceso de contratación de Múnevar González. De acuerdo con la Fiscalía, los estudios previos habrían sido elaborados con base en la propuesta presentada por el mismo contratista y conocidos por la administración días antes de la firma, lo que, en criterio del ente investigador, evidenciaría la ausencia de una evaluación objetiva e independiente del contrato.
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