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Más de 850 organizaciones sociales que integran la Coordinadora Humanitaria hicieron un llamado al presidente electo Abelardo de la Espriella para que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) deje de ser visto “únicamente como una obligación jurídica” y se convierta en un eje transversal de la política de Estado en materia de seguridad, paz y transformación territorial.
En su pronunciamiento, las organizaciones manifestaron su preocupación por los hechos de violencia que continúan afectando al territorio colombiano. Según explicaron, durante el primer semestre de 2026, el Reporte Humanitario de Vivamos Humanos documentó 402 eventos relacionados con el conflicto armado.
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“Entre las principales afectaciones se registraron 179 hechos contra la vida e integridad personal, 67 casos asociados al uso de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos, y 47 restricciones a la movilidad”, detalló el documento.
Asimismo, en el pronunciamiento las organizaciones mencionaron diferentes hechos relacionados con desplazamientos forzados, confinamientos, accidentes e incidentes por minas antipersonal y otros artefactos explosivos, así como con el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado.
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Para la Coordinadora Humanitaria, estas cifras demuestran que la protección de la población civil “no puede seguir dependiendo exclusivamente de estrategias militares, sino que requiere una presencia integral del Estado”. En ese sentido, recordó que la aplicación del DIH no solo responde a una obligación del Estado colombiano.
“También constituye una herramienta concreta para reducir el impacto de las hostilidades sobre las comunidades, proteger la misión médica y humanitaria y garantizar su acceso, prevenir nuevas infracciones y generar condiciones para avanzar en escenarios de diálogo y construcción de paz”, señalaron las organizaciones en su comunicado.
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Además, explicaron que, durante los últimos años, el país ha construido una infraestructura humanitaria integrada por mesas humanitarias, acuerdos humanitarios, mecanismos comunitarios de monitoreo, sistemas de alertas tempranas, procesos de diálogo territorial y redes de respuesta rápida.
En ese contexto, las más de 850 organizaciones hicieron un llamado para que estos avances no se pierdan durante “la transición gubernamental”. Por el contrario, pidieron que se fortalezcan y consoliden como parte de una política pública permanente para la protección de la población civil.
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