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Un contrato por COP 3.000 millones para la ciberseguridad de entidades públicas puso en alerta a la Procuraduría. El ente de control detectó presuntas inconsistencias en un contrato de Colombia Compra Eficiente para implementar herramientas de ciberseguridad en las entidades públicas a nivel nacional.
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El ente de control pidió explicaciones a la entidad sobre varios aspectos críticos del proceso. Por ejemplo, solicitó información sobre “la pluralidad real de oferentes, la dependencia de autorizaciones expedidas por fabricantes, la posible existencia de canales únicos, la selección de marcas en la operación secundaria, la metodología de evaluación económica y el manejo del riesgo cambiario”.
Igualmente, el Ministerio Público le solicitó a Colombia Compra Eficiente explicaciones sobre requisitos de experiencia, condiciones de personal, factores técnicos de puntuación y posibles inconsistencias entre el pliego, los anexos, los formatos y la minuta del proceso que llevó al contrato.
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De acuerdo con la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, “la competencia no puede ser únicamente formal y que las reglas del instrumento deben evitar que la selección de una marca reduzca la participación a uno o pocos proveedores”.
Aún así, el ente de control resaltó que “la actuación es estrictamente preventiva y no suspende el proceso ni sustituye las competencias de Colombia Compra Eficiente. Su propósito es anticipar riesgos, fortalecer la transparencia y garantizar condiciones objetivas de participación”.
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Sin embargo, el Ministerio Público recomendó a la agencia evaluar “la realización de mesas técnicas con fabricantes, proveedores, integradores, expertos, agremiaciones y entidades compradoras antes de avanzar en las etapas definitivas del proceso”.
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