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Alertan sobre un presunto plan para atentar contra el registrador nacional, Hernán Penagos

La amenaza contra el registrador nacional, Hernán Penagos, habría surgido desde una cárcel. El Gobierno y la Fiscalía tuvieron conocimiento de ella a través del ministro de Justicia, Iván Cancino.

Registrador Nacional de Colombia
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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Un presunto plan para atentar contra la vida del registrador nacional, Hernán Penagos, activó las alarmas del Gobierno. Según información divulgada por Caracol Radio, la advertencia habría surgido de un centro penitenciario, donde un recluso aseguró conocer detalles de un eventual atentado.

De acuerdo con ese medio, el ministro de Justicia, Iván Cancino, habría puesto la información en conocimiento del presidente Abelardo de la Espriella, del vicefiscal Gilberto Guerrero, quien actualmente está encargado de la Fiscalía General de la Nación, y del propio registrador.

La persona, desde una prisión, habría entregado información sobre el supuesto plan, lo que habría llevado a las autoridades a adoptar medidas para proteger a Penagos. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han hecho públicos los detalles de la amenaza. Según Caracol Radio, durante esta semana se prevé reforzar el esquema de seguridad del registrador para prevenir cualquier hecho.

Lea: Hernán Penagos: este es el hombre que estuvo detrás de la defensa del proceso electoral

No sería la primera vez que el registrador es blanco de amenazas. En agosto pasado, la Defensoría del Pueblo rechazó mensajes amenazantes dirigidos contra Penagos, otros servidores de la Registraduría y sus instalaciones, difundidos desde cuentas anónimas en redes sociales y plataformas digitales.

Según la entidad, esos mensajes circularon en medio de una campaña reiterada que buscaba desacreditar al registrador y a la organización electoral con acusaciones de fraude, planteadas al margen de las instancias previstas para tramitar denuncias e inconformidades. La Defensoría advirtió que esta situación afectaba la confianza ciudadana en las instituciones y ponía en riesgo a quienes ejercen funciones electorales.

El organismo también alertó sobre la escalada de violencia en entornos digitales y la urgencia de evitar que estas conductas se normalicen o deriven en formas más graves de agresión.

En ese momento, la Defensoría pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar las amenazas y las expresiones que pudieran constituir delitos, además de preservar la evidencia digital, establecer el origen de los contenidos e identificar a los posibles responsables. A la Unidad Nacional de Protección (UNP) le solicitó evaluar o reevaluar el riesgo del registrador y de los funcionarios de la Registraduría, determinar su nivel actual y garantizar las medidas de protección necesarias.

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Los señalamientos contra Penagos se dieron en el contexto de las últimas jornadas electorales, durante las cuales el expresidente Gustavo Petro lideró una persistente campaña de cuestionamientos al sistema de votación y llegó a hablar de fraude electoral, sin que hasta el momento se hayan presentado pruebas que respalden esas afirmaciones.

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El pasado 5 de octubre, el Consejo de Estado admitió la acción de tutela que Penagos interpuso contra Petro por sus afirmaciones sobre el proceso electoral. El recurso busca proteger los derechos fundamentales del registrador al buen nombre, la honra y la rectificación en equidad, así como el buen nombre de la Registraduría, y solicita que el expresidente se retracte.

Como lo contó El Espectador, la tutela sostiene que Petro habría usado el poder de la Presidencia durante sus últimos meses en el cargo para construir una narrativa de fraude, desacreditando a quienes organizaron los comicios y minando la confianza en el voto.

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El documento afirma que la imputación “no solo atribuye hechos que no ocurrieron: atribuye poderes que no existen”, pues, según el registrador, “no cuenta votos ni declara resultados”. El caso quedó en el despacho del magistrado Nicolás Yepes Corrales.

El martes 13 de octubre, Penagos se refirió al tema y dijo que el buen nombre de la Registraduría está ahora en manos de la justicia. Explicó que el proceso colombiano es manual y que el conteo y el escrutinio están a cargo de comisiones escrutadoras, con la participación de 9.300 jueces de la República y del Consejo Nacional Electoral, instancias que declararon quién es el presidente. “No hay ninguna duda frente a cómo se gestionó el proceso electoral”, afirmó, y agregó que así lo certificó la observación internacional.

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Sobre la tutela, el registrador indicó que ya no tenía más que decir: “Que los jueces de la República se pronuncien frente a una realidad que está absolutamente clara y que ha sido evidenciada no solamente por observadores internacionales, sino por todos los órganos de control de Colombia”.

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