:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/2RNFSFmtk-7YwaaXjqpzIUO4LYg=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/D7N3TOR6DZFUNNCVYHXRMAYQ4M.jpg)
Este 24 de mayo, el fiscal Gilberto Iván Villareal acusó formalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Este caso investiga una presunta red que tendría como objetivo torcer los testimonios de varios testigos en favor del expresidente, la cual habría sido liderada por el mismo Uribe.
El Juzgado 44 Penal de Bogotá, a cargo de la jueza Sandra Liliana Heredia, decidió negar de plano la solicitud de nulidad que había solicitado la defensa del expresidente Álvaro Uribe, a través de su abogado Jaime Granados. Para la jueza, la solicitud de anular el caso era “impertinente e improcedente”. Añadió que, para evitar dilaciones, “en contra de esta decisión no proceden recursos”. Posteriormente, durante esta diligencia, fueron acreditados como víctimas del caso el senador Iván Cepera Castro, el exfiscal Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Perdomo y a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella del caso.
Durante la diligencia, el expresidente realizó una intervención en la cual insistió en su inocencia. Además, reiteró que la indagatoria no fue clara ni concisa en su momento, al ser equiparada con la imputación. El también exsenador volvió a poner en el centro de la discusión que hubo falta de precisión en la indagatoria, pues asegura que nunca le imputaron cargos. Vale la pena recordar que esa discusión ya la había resuelto la Corte Constitucional en 2022, cuando aclaró que la indagatoria que había hecho el alto tribunal correspondía a una imputación.
El caso tiene su origen en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia investigaba una presunta manipulación de testigos en contra del senador Iván Cepeda, tras una denuncia interpuesta por el entonces también senador Uribe. Sin embargo, el alto tribunal descubrió que la situación presuntamente habría sido la revés. Varios testigos habrían recibido dinero y beneficios, de personas cercanas a Uribe, a cambio de hablar a favor del exmandatario.
La Corte, entonces, decidió investigar a Uribe y en agosto de 2020, luego de ordenar su captura, ya tenía todo listo para iniciar el juicio contra el exjefe de Estado. Sin embargo, Uribe renunció al Congreso, como una jugada para que su caso pasara a la Fiscalía que dirigía Francisco Barbosa. Actualmente, la Fiscalía asegura tener pruebas que demostrarían que Uribe Vélez sí intentó torcer testigos que lo señalan de supuestamente tener vínculos con grupos paramilitares, pese a que él lo niega. Este material fue retomado de las pruebas que ya había recogido el alto tribunal.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.