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Amiga de la pareja de Nicolás Petro denunció al fiscal Mario Burgos

El funcionario del ente investigador fue denunciado por el delito de prevaricato por omisión y a Days Vásquez, expareja de Nicolás Petro, por violación de datos personales.

25 de enero de 2024 - 10:54 p. m.
Nicolás Petro y Daysuris Vásquez fueron capturados el pasado 29 de julio en Barranquilla.  / Ilustración: Viviana Velásquez
Nicolás Petro y Daysuris Vásquez fueron capturados el pasado 29 de julio en Barranquilla. / Ilustración: Viviana Velásquez

Génesis Leal Olave, mejor amiga de la actual pareja de Nicolás Petro, denunció por prevaricato por omisión al fiscal Mario Burgos, y a Daysuris Vásquez, (expareja del hijo del presidente), por el delito de violación de datos personales. Las denuncia ante la Fiscalía señala que Daysuris Vásquez, principal testigo del caso contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito, pagó $20 millones para interceptar las comunicaciones de sus antiguas amigas Laura Ojeda y a Génesis Olave. Vásquez sospechaba a finales de 2022 que Nicolás Petro le estaba siendo infiel.

Dice la denuncia que, el fiscal Mario Burgos, tiene los informes de policía judicial desde el 26 de junio del 2023 que acreditan esas interceptaciones ilegales, pero, solo le imputó a Dayssuris el hecho de haber vulnerado los datos a Laura Ojeda. Según la denuncia, el fiscal Burgos, no investigó y tampoco compulsó copias, para que se investigara el caso de Génesis Olave García, a pesar de que Days Vásquez confesó que ordenó las“chuzarlas”.

“El pasado 15 de enero de 2024, mediante apoderada, concurrí a la audiencia fracasada de principio de oportunidad en favor de Daysuris del Carmen, y allí el señor fiscal informó que tampoco mis hechos iban a ser objeto de dicho principio”, dice la denuncia publicada por la W Radio.

El pasado 11 de enero, Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, fue acusado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los delitos por los cuales es investigado el hijo del presidente habrían sido cometidos cuando era diputado de la Asamblea del Atlántico y se desempeñaba como una de las fichas claves de la campaña de su padre en la Costa Atlántica.

¿De qué lo acusan?

Petro Burgos fue capturado en Barranquilla el 29 de julio pasado, junto a su exesposa Day Vásquez, quien hoy es la principal testigo en su contra y así arrancó una cinematográfica secuencia de hechos que, en un comienzo, prometía su colaboración con la justicia. Al aparecer, a cambio de beneficios, Petro hijo habría dicho que revelaría presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de su papá.

Sin embargo, en cuestión de días, esa posibilidad se vino abajo. La hipótesis consolidada en contra del exdiputado del Atlántico establece que se habría enriquecido injustificadamente y que habría intentado blanquear cientos de millones de pesos a través de la compra de propiedades. Para llegar a esa conclusión, la Fiscalía encontró que su única fuente de ingresos era su trabajo como político. De hecho, en sus declaraciones de renta de 2020 y 2021 reportó únicamente sus ingresos como diputado. No reportó tener obligaciones financieras ni ser partícipe en sociedades o tener actividades económicas de carácter privado. A pesar de esto, la Fiscalía le habría pescado lujos que no tenía cómo justificar.

Lea: El Espectador le explica los hechos noticiosos que marcaron el 2023

Entre ellos, el pago de un arriendo en el edificio Balcones del Parque, de Barranquilla, por $23 millones y el arriendo de una casa condominio, en julio de 2022, en Puerto Colombia, por $86 millones. Además, reveló la Fiscalía, en noviembre de ese año, pagó otro arriendo en Barranquilla, el Altos de Bonavista, por $38 millones y, para esa misma época, ya había pagado el monto inicial de una casa en Tubará, por $334 millones, y había adquirido un carro Mercedes Benz por $200 millones. Para soportar todos estos gastos, Nicolás Petro debió contar con al menos $1.450 millones, según la Fiscalía, sin embargo, a corte de 2022, en realidad solo podría justificar $280 millones.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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