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En la mañana de este miércoles 4 de febrero, el Juez 43 penal de Circuito de Bogotá escuchó al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien está citado como testigo estrella en el expediente por Agro Ingreso Seguro que enfrentan tres exfuncionarios de esa cartera: Juan David Ortega Arroyave, Óskar August Schroeder y Tulia Eugenia Méndez Reyes. Los exfuncionarios son investigados por irregularidades en un proyecto que buscaba subsidiar agricultores colombianos en 2007, pero que terminó beneficiando a grandes empresarios.
Andrés Felipe Arias, quien está detenido en el Cantón Norte del Ejército en Bogotá, cumpliendo una condena de 17 años impuesta en 2014 por las irregularidades del programa Agro Ingreso Seguro, viene declarando como testigo de la defensa de Juan David Ortega, secretario general del ministerio de Agricultura en el periodo 2006-2009, y quien actualmente está vinculado a la Empresa de Desarrollo Urbano y Habitad (EDU). A través del abogado Iván Cancino, Arias explicó las entrañas del programa de subsidios.
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“Agro Ingreso Seguro era una política nacional en la que se invitó a agricultores, gremios, alcaldías, gobernaciones. Además, esos entes podían concatenarse al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para que le hiciera el acompañamiento. Se ayudaron hasta universidades. Era cooperación con el ministerio de Agricultura, pero abierta a todos los agricultores que quisiera presentarse al acompañamiento”, explicó Andrés Felipe Arias, quien llevó documentos a la audiencia y estuvo custodiado en toda la diligencia por un efectivo del Ejército.
De acuerdo con el exministro de Agricultura, la esencia del cuestionado programa era llevar a cabo unos convenios de ciencia y tecnología, específicamente en el desarrollo del riego como modelo de producción, cuyos recursos debían ser manejado a través de unos acuerdos con las partes intervinientes, incluido el IICA. “Así lo puede ver uno en los convenios, en los planes operativos, si bien manejamos los recursos, ese no era el objetivo central de la política pública de Agro Ingreso Seguro”, explicó en audiencia.
(Antecedentes: Exsecretario Ortega, en La Picota)
El defensor de Juan David Ortega, Iván Cancino, llevó el interrogatorio hasta el tema de los algoritmos de selección de beneficiarios del programa, que, según Andres Felipe Arias, no fueron manipulados por el ministerio de Agricultura, pues la autonomía técnica estaba en manos del IICA. A partir de allí, cuestionó los hechos que llevaron a su condena. “En mi juicio fueron los beneficiarios los que hicieron este modus operandi fraudulento. Eso se dijo ante la Corte Suprema de Justicia. Aquí ningún funcionario influyó. Eso salía en una lista, del mayor al menor puntaje”, apuntó.
Luego de eso, el abogado Cancino puso sobre la mesa el tema de una posible ejecución anticipada de los convenios para campesinos, ante el cual Andrés Felipe Arias hizo una serie de afirmaciones en contra de la Fiscalía que lo investigó. “Eso nunca ocurrió. Eso fue una parte del relato público de la Fiscalía, sobre todo porque antes de que comenzara el programa, en el año 2007, se socializó la convocatoria, dijimos que era importante para que los alcaldes y agricultores se sumaran. Decíamos que venía una convocatoria, que se prepararan, que el IICA iba a participar. ¿Cómo es que lo estaba ejecutando anticipadamente? Eso no tiene sentido”, puntualizó.
Pero los comentarios de Andrés Felipe Arias sobre la Fiscalía no se quedaron allí. El exministro aseguró que hubo una época en la que el ente investigador dijo públicamente que él y otros funcionarios relacionados a Agro Ingreso Seguro utilizaban vuelos chárteres para ir a “fiestas y banquetes”, sin embargo, según su alegato en la audiencia en la cual fungió solo como testigo, se trataba de una “cooperación multilateral entre entidades”. De hecho, Arias explicó que la Fiscalía se aprovecha de que en el debate público no se entienden detalles técnicos del proceso: “La Fiscalía ambientó ante la galería un escándalo mediático”.
Tras el desencuentro planteado sobre la Fiscalía que participó en la condena de Arias, el abogado Iván Cancino quiso incluir en el debate las fichas EBI -Estadística Básica de Inversión- de Agro Ingreso Seguro, las cuales son una descripción sobre el impacto de las políticas públicas a implementarse, que cuentan con el estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP). De acuerdo con el exministro de Agricultura, la primera ficha EBI del proyecto no contemplaba que se trataba de un proyecto de innovación de ciencia y tecnología, pero que tal documento es variable y con el tiempo se corrigió ese error. Sin embargo, de nuevo aseguró que la Fiscalía tomó como prueba solo esa primera ficha para desarrollar el proceso penal en su contra.
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Al final, Andrés Felipe Arias utilizó su propio caso para intentar, de acuerdo con el interrogatorio de Cancino, salvaguardar su nombre y el de los funcionarios involucrados en el proceso penal paralelo. El defensor le preguntó si era cierta la hipótesis de la Fiscalía, de que Agro Ingreso Seguro no ayudó a reducir la desigualdad en el campo, ante lo cual el exministro respondió que “es una aseveración que se aleja mucho de la realidad”. El testigo buscó en sus papeles y leyó la Ley 101 de 1993, que habla sobre el desarrollo agropecuario y pesquero, en la cual el Congreso decretó que “entre mas hectareaje tenga un agricultor, hay que entregarle más recursos”, concluyó.