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El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias Leyva sigue estando detenido en el Cantón Norte, unidad militar ubicada al norte de Bogotá. En un comunicado, el exfuncionario desmintió una información que se hizo viral en redes sociales que aseguraba que este se había fugado del país y que había sido visto en Chile. Arias, condenado a 17 años de prisión por las irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro, pidió a la Fiscalía que investigue quiénes estarían detrás de estos mensajes falsos.
El exministro aseguró que cuando este tipo de mensajes se publica, tanto él como su familia reciben amenazas y mensajes de odio que tienen efectos sobre su esposa y sus hijos. La primera vez, dijo, fue a comienzos de diciembre cuando un juez le dio un permiso de 72 horas y en redes sociales de difundió que supuestamente, después de tomarlo, no había regresado al centro de reclusión. Esa información resultó falsa y hasta el Inpec tuvo que salir a desmentirla.
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“La noticia falsa de este fin de semana gravita sobre mi presencia en Chile. He sido informado por mis apoderados y familia que, como era de esperarse, las amenazas y mensajes de odio se han exacerbado el día de hoy (domingo). Quiero dejar claro que no he hecho uso del permiso de salida y que, en el momento de hacerlo, será responsabilidad de quienes han instigado estas noticias falsas, amenazas y mensajes de odio lo que me pueda suceder a mí o a mi familia”, dijo Arias.
“Igualmente, pido respetuosamente a la Fiscalía General de la Nación que investigue el origen de estas noticias falsas, amenazas y mensajes de odio que recaen sobre nosotros”, agregó el exministro quien señaló que algunas de las amenazas recibidas ya han sido judicializadas por sus abogados ante dicha entidad. Arias se encuentra a la espera de que una Sala de Decisión al interior de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelva la impugnación que este presentó contra la condena que le fue impuesta en 2014 por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
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La condena se dictó por haber tramitado y celebrado, como jefe del Ministerio de Agricultura, los convenios de cooperación técnica y científica 003 de 2007, 055 de 2008 y 052 de 2009 con la oficina en Colombia del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en el programa Agro Ingreso Seguro. La Corte Suprema determinó que esos contratos, en los cuales hubo irregularidades, permitieron que particulares se apropiaran de dineros del Estado.