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El juez 36 penal de conocimiento de Bogotá anuló lo actuado en el proceso en el que la Fiscalía había llamado a juicio al expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade. Se trata del proceso que enfrenta el exfuncionario por posibles irregularidades en la firma de un otrosí en el proyecto de la Ruta del Sol 3. El ente investigador sostiene que Andrade se apropió para terceros de más de $800 millones, algo que él niega. La Fiscalía anunció que volverá a imputar a Andrade, con lo que el caso vuelve casi a ceros.
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Para anular el escrito de acusación, el juez básicamente acudió a la norma que expresa el deber de la Fiscalía en esa diligencia. Allí se ordena que el fiscal debe ser “claro”, que su exposición debe ser “sucinta” y que no debe descubrir las pruebas que mostrará posteriormente en el juicio. Para el funcionario judicial, en este proceso no se cumplieron ninguna de esas tres condiciones. Pero “los desatinos de la fiscal (del caso)", como llamó el juez a sus tropiezos, no pararon ahí.
“La extensión de la imputación fáctica, la constante referencia al contenido de los elementos materiales probatorios e información legalmente obtenida, así como las extensas citas jurisprudenciales, no permiten entender con facilidad los hechos por los que se vinculó al proceso penal a Luis Fernando Andrade Moreno, al punto que la reproducción de la audiencia preliminar debe intentarse una y otra vez para extraer lo jurídicamente relevante”, escribió el juez sobre lo poco clara que está la acusación.
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Tampoco fue un llamado a juicio “sucinto”, dice el juez, pues “la Intervención de la delegada de la Fiscalía comprendió algo cercano a la hora y 38 minutos”. Y, para rematar, la fiscal descubrió elementos probatorios de la investigación como el informe de auditoría que hizo la Contraloría sobre el cuestionado otrosí que aprobó Andrade, las declaraciones de por lo menos nueve testigos del expediente, entre las que está la de Eduardo Zambrano sobre la cual, según el juez, la funcionaria dio “una reseña especialmente amplia”.
En respuesta, en la tarde de este 4 de noviembre, el ente investigador anunció que volverá a imputarle cargos al expresidente de la ANI. “Con esta decisión, la Fiscalía busca ajustar a la legalidad el proceso, ante la decisión del Juzgado 36 Penal de Conocimiento de Bogotá que declaró la nulidad desde la audiencia de imputación contra el señor Andrade Moreno, por diferentes fallas en las que habría incurrido la anterior fiscal que tenía a cargo este caso”, reconoció la entidad en un comunicado. La imputación se hará por los mismos delitos, interés indebido en la celebración de contratos y peculado, y la llevará el Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht.
Pero estos reparos de jueces a este segundo proceso que le sigue la Fiscalía a Andrade no son nuevos. Ya en julio del año pasado la jueza de garantías que presidió la audiencia de imputación de cargos había regañado al ente investigador por la falta de claridad en los hechos que se narraron. De hecho, Jesús Yepes, abogado del expresidente de la ANI, pidió a la fiscal del caso ser más precisa con lo que su cliente supuestamente hizo, solicitud a la que se sumó la propia jueza.
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La razón por la que la Fiscalía abrió investigación formal contra Andrade es porque, asegura, el alto exfuncionario habría planeado junto con Roberto Prieto, gerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, el envío de unos dineros dados por Yuma Concesionaria para cubrir unos huecos en la campaña del 2014. A cambio de estos recursos (serían $900 millones), Andrade habría favorecido a la concesionaria desde la ANI haciendo las gestiones necesarias para hacer una adición al tramo 3 de la Ruta del Sol, del cual está a cargo desde 2010.
Sin embargo, la primera investigación que se abrió contra Andrade tiene que ver con la Ruta del Sol 2. Según el ente investigativo, Andrade fue esencial para que la ANI adjudicara sin licitación el tramo Ocaña-Gamarra a la concesionaria Ruta del Sol (integrada por Odebrecht, Episol -de Corficolombiana- y CSS Constructores), a través de una adición al contrato original, firmado en enero de 2010 por un valor inicial de $2,4 billones. Con el otrosí de Ocaña-Gamarra, a la concesionaria le llegaron $799.000 millones más. Justo cuando el exfuncionario iba a recuperar su libertad por las demoras de la Fiscalía en este caso, le abrieron una nueva investigación por la Ruta del Sol 3, que es la que hoy tiene en rollos al ente investigador.
Nota de la editora: este artículo se actualizó en la tarde del miércoles 4 de noviembre cuando la Fiscalía respondió a la decisión del juez 36 de conocimiento de Bogotá y anunció que volvería a iniciar el proceso desde la imputación.