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Una Jueza de Ortega (Tolima) dejó sin efecto la orden de desalojo impartida por una inspectora de policía municipal, quien aceptó los argumentos de una querella presentada por la empresa de hidrocarburos Hocol en contra de 15 miembros de la comunidad indígena Pijao. Los miembros de esa comunidad permanecen en Minga en los campos petroleros del área Ortega-Tetuán en defensa del agua, la vida y el territorio. Y allí seguirán.
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Según se conoció, el fallo de la jueza resolvió amparar los derechos fundamentales al debido proceso y defensa de los indígenas, los cuales, según la togada, fueron vulnerados por la inspectora. La vulneración se habría dado porque la funcionaria habría accedido a las pretensiones de la empresa de hidrocarburos sin aplicar las normas correspondientes, violando garantías de los indígenas.
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Los 15 indígenas habrían formulado una recusación, señalando los hechos y causales por las cuales consideraban que la inspectora se encontraba impedida para decidir sobre el asunto. En el acto, mencionaron que la funcionaria tenía una animadversión contra el proceso social de la Minga y que se encontraba parcializada a favor de la empresa petrolera.
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Según confirmó la Juez, la inspectora no dio el trámite debido a esta recusación y no consideró los hechos y motivos para declararse impedida. Según la autoridad judicial, la funcionaria debió suspender inmediatamente la audiencia y remitir el expediente a su superior, en este caso el alcalde municipal de Ortega, para que decidiera sobre la recusación.
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Ante las faltas, la Juez concluyó que a partir de ese momento los indígenas habían quedado absolutamente desprotegidos, sin quien velara por sus garantías procesales, pues, según se conoció, acudieron a la audiencia sin la representación de un abogado. Por los motivos manifestados por la Juez, el fallo dejó sin efectos la decisión, aparentemente arbitraria, que tomó la inspección de policía.
