“Aquí no existen carteles ni empresas criminales”: nueva presidenta del Consejo de Estado

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez es la consejera de Estado detrás de fallos como el que devolvió al partido MIRA tres curules en el Senado, con el destape de malos manejos del conteo de votos en la Registraduría, el que encontró que la campaña del no en el plebiscito por la paz había mentido y el que permitió anular la elección de Francisco Ricaurte en el Consejo Superior de la Judicatura. Después de cinco años y medio en la Sección Quinta, Bermúdez llega a la presidencia del Consejo de Estado y, en diálogo con El Espectador, se refiriere a las críticas que han traído sus decisiones, a los retos del alto tribunal y a su convicción de que, a pesar de los escándalos en la justicia, estos son aislados y más bien escasos.

Solo ocho de los 31 magistrados del Consejo de Estado son mujeres. Y hoy, su presidenta es una de ellas. ¿Qué puede hacer una presidenta diferente al resto de compañeros?

Más que cuestión de género, creo que es un tema de estilos. Cada uno tiene algo diferente. Esto permite enviar un mensaje de inclusión para demostrar que, en todas las instancias, desde preescolar hasta el nivel más avanzado de educación, o desde la célula más pequeña de la sociedad, que es la familia, hasta las más altas instancias del Estado o de la economía, deben existir las condiciones para que las mujeres podamos competir. Si bien aquí no somos mayoría, tenemos el respaldo absoluto de los hombres, porque, si fuera distinto, yo no estaría hablándoles como presidenta. Esa es una garantía que el Consejo de Estado puede mostrar al resto del país.

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¿Cuál ha sido el fallo más importante de su carrera?

Todos los fallos de este tribunal impactan en los cimientos del Estado y por eso son igual de importantes. Aquí tratamos temas ambientales, de impuestos, de negocios, de víctimas y electorales. En Sala, hace un tiempo, hablé de la importancia de la legitimidad de las leyes, de las decisiones judiciales pasadas y de las reglas sociales, porque es ahí donde realmente se involucra la voluntad popular. Sin embargo, puedo decir que en la sección a la que pertenezco, la Quinta, sí tenemos posiciones muy importantes, como el respeto a la seguridad jurídica y a las posiciones que se han tenido en la historia del alto tribunal. Esto nos permite tener una solidez en nuestra jurisprudencia que es importantísima.

¿Tiene un fallo favorito?

No tengo (risas). Más bien recuerdo mucho uno en especial, pero por la intensidad del trabajo que hicimos. Es el del Senado y el partido MIRA. Este caso nos implicó a toda la sección un trabajo de día y noche. Y hasta de fines de semana.

La leyenda cuenta que les llegaron camiones llenos de papeles con pruebas... ¿Eso sí pasó?

Es verdad. Trajeron una tractomula repleta de archivos. Querían bajarlos en la Secretaría del Palacio de Justicia, nos tocó inmediatamente pedirles que pararan, no cabían. Nos tocó salir a buscar otro espacio. Menos mal que por esa época estábamos buscando otras oficinas cerca al Palacio y habíamos visto un piso en un edificio cercano a los despachos. Le pedimos al camión que diera la vuelta y varios señores nos ayudaron a bajar los archivos. Eran millones de papeles. Nosotros mirábamos esa cantidad y decíamos: ¡no lo vamos a lograr!

Pero lo lograron...

Sí. La clave fue organizarnos. Planeamos, con mi despacho y un grupo de descongestión, un cronograma que debíamos cumplir cada semana. Hicimos además la tarea de definir qué íbamos a revisar de cada papel y qué información nos servía. Si no cumplíamos la meta, nos tocaba venir los sábados a terminarla. El trabajo fue de una disciplina absoluta. Además de esto, y un cambio en la demanda inicial, teníamos otra dificultad y era que nos tocaba revisar y contrastar la información con la Registraduría, que lamentablemente no nos mandaba la información que le pedíamos. Tuvimos todas las dificultades con ellos. Duramos dos años en esas hasta que logramos probar que había problemas y que la sección votara. Lo hizo en favor de mi proyecto de fallo.

Otro fallo importante en el que usted fue ponente fue el que dijo que la campaña del no en el plebiscito había mentido. Miembros y simpatizantes del Centro Democrático la acusaron de estar a favor del gobierno Santos. ¿Qué opina de esas acusaciones?

Las decisiones que tienen que ver con temas electorales siempre tienen un impacto político. Como jueza electoral debo estar preparada para soportar esos escenarios. No son cómodos, eso sí. Pero los entiendo como normales dentro del debate político.

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A propósito de su intervención en el fallo que sacó a Francisco Ricaurte de la Judicatura, ¿cree que esta entidad debe desaparecer?

Creo que el órgano de gobierno de la rama Judicial debe seguir existiendo como entidad autónoma, pues hace parte de la evolución constitucional. Sin embargo, creo que debe ser objeto de algunos ajustes en cuanto al perfil que se debe exigir a quienes quieren llegar a los cargos de la Judicatura. Creo que deben tener una visión gerencial y de buena administración. No necesariamente un juez es un buen administrador. Ese sería el ideal, pero muchas veces eso no ocurre.

El Consejo de Estado ha sido un actor fundamental a la hora de garantizar reparación a las víctimas y responsabilizar a los actores de la guerra. Ahora que existe la JEP, ¿cuál será el papel del tribunal?

Va a tener un rol complementario. Además de los temas que se deben trasladar a la JEP, aquí hay muchos otros que continúan su curso en el tribunal. Nuestro trabajo como órgano ha sido reconocido internacionalmente, en especial por los fallos en los que se han decretado medidas de reparación simbólica e inmaterial, como los actos de perdón. Por esto creo que vamos a complementarnos muy bien.

¿Hizo el Consejo de Estado alguna revisión interna para asegurarse de que no tuviera también su cartel de la toga?

Nuestro sistema no prevé que seamos jueces de nosotros mismos. Esa es una garantía que tienen los ciudadanos. Sin embargo, hemos hecho grandes esfuerzos para evitar que nos pase. Como corporación judicial, somos los únicos que hemos suscrito pactos que tienen que ver con la transparencia y buenas prácticas que implementamos día a día. Uno de los ejemplos claros de este compromiso es el cambio de nuestra página web. Allí vamos actualizando, con total transparencia, cada una de nuestras actividades. Puede acceder cualquier ciudadano y los servidores de la jurisdicción pueden ser vigilados en todo momento, pues somos servidores públicos.

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Escándalos como el cartel de la toga han minado la confianza de la ciudadanía en los altos tribunales y también la de generaciones de jóvenes que aspiraban a ser magistrados. ¿Qué podría decirles?

Que no pierdan la esperanza. Que existen las formas de hacer un trabajo honesto y que esas situaciones que se han presentado son aisladas y no algo sistemático. Aquí no existen carteles ni empresas criminales. Así como hay médicos o jardineros deshonestos, también puede haber un abogado deshonesto, porque somos seres humanos. Pero esa no es la constante en nuestra conducta. A los estudiantes quiero decirles también que vale la pena ser abogado, ser honesto y trabajar con dedicación a nuestra disciplina.

Esa recuperación de la confianza también podría pasar por una reforma a la justicia. En su opinión, ¿cuáles son los factores más importantes que deben incluirse?

El Consejo de Estado, desde hace cinco años, ha sido pacífico en manifestar que sabemos que la rama Judicial necesita algunos ajustes. Pero la ciudadanía debe saber que esa reforma no significa un cambio en las cortes mismas. La justicia es mucho más amplia y está integrada desde el juez promiscuo en un municipio hasta el presidente de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema. Necesitamos ajustes y mejorar, por ejemplo, en que la justicia sea más cercana al ciudadano, más eficiente y bien administrada. Necesitamos también unos mecanismos que nos lleven a establecer una política de descongestión que empiece con algo básico: que todos hagamos lo que nos corresponde.

¿A qué se refiere?

Me refiero a que los jueces no generamos los conflictos, sino que tratamos de resolverlos. Y hay miles de procesos, por ejemplo, de ciudadanos que han puesto una tutela porque una entidad no le contesta un derecho de petición. Si el funcionario a quien le llegó la solicitud hubiera hecho lo que le correspondía, ese proceso nunca se hubiera abierto y, en consecuencia, la tutela no existiría. Otro ejemplo: los cientos de miles de procesos porque al ciudadano no le dan los medicamentos o la autorización de una cita médica. Si nos ahorramos esas faltas, el sistema se descongestiona automáticamente. Hay que pensar en otros mecanismos para evitar que esos conflictos aparezcan y lleguen a la justicia.

¿Como cuáles?

En esto es fundamental la utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos que sean eficaces y que no se apliquen simplemente por cumplir un requisito. Estos cambios y todos los que faltan tienen que estar pensados bajo la premisa de que del funcionamiento de la justicia depende la paz social.

¿Cómo se va a caracterizar su presidencia del Consejo de Estado?

Un punto en el que vamos a marcar la diferencia es en establecer una relación absolutamente clara, transparente y directa con todos los usuarios de la administración de justicia de esta jurisdicción, que es el juez del Estado. Y el Estado somos todos. Por eso, cualquier cosa que hagamos aquí impacta en toda la ciudadanía. Quiero que todos identifiquen lo que hacemos, cómo y quiénes somos, y que entiendan que somos seres humanos. Tratamos, en lo posible, de acertar con nuestras decisiones. Quiero, además, generar confianza en lo que hacemos, no solo en la ciudadanía, sino también en las entidades del Estado.

¿De qué le sirve a una alta corte como el Consejo de Estado contar con magistradas que tengan un enfoque de género diferente?

Aquí tenemos la comprensión de una administración de justicia que también impacta a las mujeres. Muchas veces, las decisiones que tomamos necesitan de ese entendimiento y experiencia femenina. Además, yo pertenezco a una generación de mujeres que ha vivido una transición.

¿Cuál transición?

Yo soy de la generación que ve a mujeres llegar hasta las más altas dignidades dentro del Estado. Hace un tiempo, eso no era común. Y creo que ese cambio es muy positivo, porque les demuestra a las mujeres que están en formación que sí se puede llegar a donde sea que aspiran, con esfuerzo y disciplina. Además, esto permite que tengamos una justicia más inclusiva y que busca siempre levantar las barreras de acceso para que todas las personas puedan acceder a ella.

¿Trabajar durante la administración de Duque es distinto respecto a la administración de Santos?

No. Hay enfoques diferentes, como es normal. Estoy absolutamente segura de que tanto el anterior gobierno como el actual tienen la intención de que el país funcione de la mejor manera posible.