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20 Jan 2022 - 9:30 p. m.

Arauca: civiles entre ataques, desplazamientos y enfrentamientos de grupos armados

La situación de violencia en el departamento fronterizo con Venezuela no cesa. El más reciente ataque al centro de Saravena deja entrever que las acciones tomadas hasta ahora por el Gobierno son insuficientes para proteger a la población civil. Acá le contamos lo que está pasando.

Jhordan C. Rodríguez / jrodriguez@elespectador.com / @JhordanR11

Al mismo tiempo, el presidente Duque atendía un Consejo de seguridad para tomar medidas que mitiguen la violencia en el departamento
Al mismo tiempo, el presidente Duque atendía un Consejo de seguridad para tomar medidas que mitiguen la violencia en el departamento
Foto: Twitter María Camila Orozc

La detonación de un carro bomba en el centro de Saravena (Arauca) en la noche de este 19 de enero, sumó un muerto más a los 30 que se han registrado en lo que va corrido de 2022. Las primeras versiones entregadas por el Ejército señalan como responsables del ataque al Frente 10 de las disidencias de las Farc, uno de los grupos que disputa el control de la zona. La reciente explosión ha dejado en entredicho las afirmaciones que hizo el Gobierno al inicio de esta semana en el consejo de seguridad celebrado en ese departamento, en el que aseguraban que la zona estaba bajo el control de la Fuerza Pública y estaba garantizada la protección de la población civil.

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Lo que está ocurriendo en Arauca es una confrontación principalmente entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias de las extintas Farc, quienes disputan el control del territorio fronterizo con Venezuela. Esta zona del país históricamente ha sido de combate entre grupos armados por su ubicación estratégica, debido a las rutas que brinda para el narcotráfico y el grado de abandono estatal que les representa mayor libertad en sus acciones. Desde finales de 2021, se ha advertido que esta situación se ha recrudecido en los municipios de Tame, Fortul, Arauquita y Saravena en Colombia, y en algunas poblaciones como Apure en Venezuela, causando el desplazamiento de propios y extranjeros hacia otras zonas del país, sobre todo hacia Norte de Santander, departamento que se está viendo afectado por la situación de orden público.

Por su parte, el Gobierno ha tomado medias que, como se está evidenciando, son insuficientes para salvaguardar la seguridad de la población civil en Arauca. Una de las decisiones que tomó el presidente Iván Duque para hacerle frente a esta situación de violencia fue enviar dos batallones a que reforzaran la presencia militar en el departamento, aportando 600 hombres más. A pesar de esto, el pasado lunes 17 de enero, mientras que el presidente Duque y el ministro de Defensa, Diego Molano, atendían un consejo de seguridad en el departamento, a unos cuantos kilómetros de allí, en el caserío La Esmeralda en Arauquita (Arauca), hombres armados del Eln se paseaban por las calles.

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Las imágenes de los guerrilleros hicieron dudar sobre el control que asegura tener el Gobierno en el departamento, a lo que el Ejército, el ministro Molano y el propio presidente Duque respondieron con versiones contradictorias e interpretaron como una provocación e intento de deslegitimación por parte del Eln. Con los recientes ataques de los grupos armados y afrentas a las afirmaciones del Gobierno, cobra sentido lo dicho por el investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier, quien asegura que “solo con tropas no se va a mejorar la situación de Arauca”. Para el investigador, lo que ocurre en Arauca “es un problema de ausencia del Estado”.

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La población civil, principal víctima de los distintos hechos que ocurren en Arauca, parece no tener ninguna garantía de protección, pues no han bastado los consejos de seguridad del Gobierno, ni los llamados de atención hechos por organizaciones, entidades e individuos que piden ayuda en esta zona del país. La preocupación de las personas no es para menos, sobre todo, teniendo en cuenta que para las dos primeras semanas de 2022 ya se habían registrado 27 personas muertas, incluidos dos menores de edad, dos mujeres y cuatro venezolanos, al parecer asesinadas por orden del Eln.

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Esta ola de violencia que vive la zona fronteriza con Venezuela parece ser más cruel después de la corta tranquilidad que parecía haber logrado la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc en 2016, pues ya no había presencia de ese grupo. Ahora, la lucha la dan los disidentes y los pobladores de Arauca temen que se repita el ciclo de violencia que se vivió allí entre 2004 y 2010, cuando Farc y Eln mantenían una guerra por tierras y rutas para extorsionar, contrabandear armas, mercancía y estupefacientes. Adicionalmente, se presenta otro problema en esta historia, la presencia de La Segunda Marquetalia, grupo disidente de las Farc, en Venezuela.

Algo en lo que el Gobierno de Colombia ha sido muy enfático, es en afirmar que La Segunda Marquetalia tiene el respaldo del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien, según ellos, sabría de la presencia de esta disidencia en su país. Pese a los ataques, afrentas y otras acciones que cometieron, y siguen cometiendo, los grupos armados en Arauca, el Gobierno sigue manteniendo su postura ante la sociedad de que tienen el control en la zona fronteriza. Así lo quiso demostrar en su cuenta de Twitter el ministro Molano, cuando le respondió al hoy precandidato presidencial Sergio Fajardo, quien criticó las medidas del Gobierno ante la presencia en las calles de Arauca de hombres del Eln.

Mientras que los habitantes de Arauca viven entre el miedo y la incertidumbre, se adelanta un nuevo consejo de seguridad, el segundo en menos de una semana, para tomar, otra vez, medidas sobre una situación que parece no tener un verdadero control. Las motos y botes entregados a inicio de esta semana a la Fuerza Pública, al parecer no son suficientes para controlar un problema que, como lo dijo Juan Pipper, no se soluciona con más tropas, pero que, hasta ahora, no responde tampoco a las peticiones de distintos organismos defensores de los derechos humanos, ni a las alertas tempranas que saca la Defensoría del Pueblo.

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Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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