Un nuevo hecho de violencia contra un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se registró en la noche de este lunes 12 de octubre en el país. El dragoneante Bryan Rangel Saavedra fue atacado con arma de fuego luego de salir de su turno de trabajo en la Cárcel Modelo de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander). Es el segundo hecho de este tipo en este fin de semana.
Según la información que se conoce hasta el momento, el funcionario del Inpec salió de trabajar y fue en su vehículo hasta la estación de servicio del barrio Prados del Este, en Cúcuta, para tanquear. Estando allí, al parecer fue atacado por hombres armados. Las autoridades de inmediato llegaron hasta el lugar para verificar lo ocurrido y confirmar la identidad de la víctima.
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Este es el segundo hecho de violencia que se registra este fin de semana en contra de funcionarios del Inpec en el país. En la noche del sábado 10 de octubre, dos dragoneantes de la cárcel El Bosque, en Barranquilla (Atlántico), fueron atacados a las afueras del centro penitenciario por hombres armados. Los funcionarios tuvieron que ser llevados a un centro asistencial de urgencia.
Justo en la noche de este lunes, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó la captura en el barrio Caribe Verde de Barranquilla de una mujer identificada como Juliánis Paola Altamar Medina, alias "Lucía". Según el jefe de Estado, esta persona estaría involucrada en el atentado en contra de los funcionarios de la cárcel El Bosque y haría parte de la estructura criminal conocida como Los Pepes.
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El Ministerio de Justicia ha manifestado su preocupación por la ola de violencia en contra de funcionarios del Inpec, que se da en medio de las órdenes recientes de traslados de jefes de estructuras criminales a cárceles de máxima seguridad en el país. Incluso, desde esa cartera del Gobierno señalaron que el presidente De la Espriella y el ministro Iván Cancino han recibido amenazas.
También desde las organizaciones de servidores del sector penitenciario han expresado su preocupación por la circulación de panfletos amenazantes en los que se habla de un "plan pistola" en su contra. La Defensoría del Pueblo se pronunció recientemente al respecto, pidiendo verificar la veracidad de las amenazas y tomar medidas de protección urgentes para los funcionarios públicos.
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