Germán Roso, líder social y defensor de los derechos de las familias campesinas reclamantes de tierras, fue asesinado el pasado 10 de septiembre en el sector de Valle Escondido, en Puerto Salgar (Cundinamarca). El crimen, señaló la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ocurrió a pesar de las denuncias previas sobre amenazas contra esta comunidad por su labor para recuperar su terrenos.
Según versiones preliminares, hombres armados le dispararon a Roso en repetidas ocasiones. Aunque algunas personas intentaron auxiliarlo, el líder falleció en el lugar por la gravedad de sus heridas. Con su asesinato, ya son 116 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo corrido de 2025, de acuerdo con registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
La directora de la SAE, Amelia Pérez, lamentó el asesinato y recordó que Germán Roso había regresado a su territorio pese a las amenazas que denunció ante distintas instancias. “Ya sabíamos que había amenazas hacia estos líderes porque hicieron su respectiva denuncia, primero cuando estábamos haciendo entrega de tierras en Barrancabermeja y también ante las autoridades respectivas”, señaló.
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Pérez aseguró que, en lo corrido del año, se han registrado al menos 11 casos de personas y grupos amenazados por recuperar predios administrados por la SAE, bienes que habrían estado vinculados a economías ilícitas. La funcionaría exigió a “la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, la misma Policía, Ejército, todos los entes de control, la intervención necesaria para que estos hechos no queden en impunidad”.
El asesinato de Germán Roso, señaló Pérez, refleja la persistente amenaza contra los líderes de restitución de tierras en el país. Pese a las alertas de la SAE sobre el riesgo para comunidades en departamentos como Bolívar, Sucre, Córdoba y Valle del Cauca, aseguran que no han recibido respuestas efectivas de las autoridades.
“No queremos que regrese la violencia de los años 80 y 90 y que se vuelvan a dar los desplazamientos de quienes tienen derecho a sus tierras, porque no vamos a permitir que nos afecten la reforma agraria. La SAE va a continuar entregando estos predios a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y no vamos a parar por nada”, subrayó Pérez.
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La Defensoría del Pueblo lleva alertando que la imposición de normas y mecanismos de control social por parte de grupos armados ilegales continúa amenazando la vida e integridad de quienes trabajan por la defensa de la tierra y los derechos colectivos. En Puerto Salgar, donde fue asesinado Germán Roso, se ha confirmado la presencia de bandas locales que ejercen presión sobre las comunidades campesinas.
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