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La captura del exdirector de inteligencia del DAS Laude José Fernández volvió a prender las alarmas sobre las interceptaciones hechas por la organización que fue desmantelada a inicios de agosto en Ipiales (Nariño). Esta vez se evidenció que el sindicato de pilotos (Acdac) fue otra de las víctimas de esta red experta en espionaje. Aunque la Asociación fue notificada el pasado 8 de octubre de que había sido “chuzada” con el objetivo de conocer las acciones legales que estaban adelantando en contra de Avianca, sus integrantes ya tenían sospechas de lo que estaba sucediendo desde meses atrás. La aerolínea, por su parte, siempre ha manifestado que no tiene nada que ver en este escándalo.
Fuentes cercanas al proceso confirmaron a El Espectador que, desde el 21 de septiembre del año pasado, primer día de huelga de los pilotos de la Acdac, los integrantes del sindicato empezaron a sospechar que los “chuzaban”. La pista fue un mensaje que supuestamente había sido enviado por uno de los familiares de los pilotos. “Por favor les pido oración. Me encuentro en urgencias por un dolor muy fuerte”, decía el texto de Whatsapp que fue enviado al piloto y a sus familiares cercanos. Sin embargo, y ante la verificación de esa noticia, se percataron de que era falso y el mensaje había sido un sofisma de distracción escrito por un tercero.
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Lo que vino después fueron 51 días de huelga que realizaron los más de 700 pilotos de Avianca afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), que terminó siendo declarada ilegal en julio por parte de la Corte Suprema de Justicia. Lo que estaba pasando tras bambalinas era algo oscuro. Mientras los pilotos y sus abogados trataban de defender sus pretensiones, la red de interceptaciones ilegales recolectaba información de los principales líderes de esta Asociación, como correos electrónicos, audios de llamadas telefónicas, información personal de sus celulares o conversaciones de Whatsapp de los aviadores. Las fechas en las que se hizo el trabajo fueron entre el 20 de septiembre y el 12 de noviembre.
Toda esta información reposó en el computador de María Alicia Pinzón, conocida como la hacker, hasta el momento de su captura y posterior colaboración, y luego permitió a los investigadores acceder a la carpeta denominada “Avianca”, que al parecer había sido encargada por el coronel Jorge Humberto Salinas. Luis Quiroga Cubillos, otro de los cerebros de esta organización ilegal, aseguró a los investigadores que habían sido dos funcionarios de la Fiscalía quienes los contactaron y les comentaron lo relacionado con el caso Avianca. Se trata de Roberto Carlos Montenegro y Luis Carlos Gómez, adscritos a la entidad.
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“(Montenegro) me contacta y me comenta el caso de Avianca. Lo que me dio a conocer es que el personal de Avianca, y sus abogados, querían conocer, en tiempo real, lo que estaba pasando con el sindicato y me pasó los números de celular del presidente y del vicepresidente de la Acdac. Querían conocer las conversaciones referentes a las acciones que ellos estaban adelantando en contra de Avianca”, precisó Salinas en su interrogatorio. Al parecer, habría sido Roberto Carlos Montenegro el enlace entre la red de interceptaciones ilegales y Laude José Fernández, representante legal de Berkeley Research Group (BRG).
Laude es un viejo conocido en el mundo de las interceptaciones y trabajos de inteligencia en Colombia. En enero de 1995 fue nombrado director de la central de inteligencia del (DAS) y siete años después fue llamado como testigo dentro del escándalo de chuzadas que protagonizó la entidad hoy desaparecida. En su declaración, Fernández aclaró que nada fue ilegal y que cualquier trabajo de interceptar comunicaciones o ingresar a viviendas, los agentes que estaban bajo su dirección necesitaban una autorización judicial. Sin embargo, la justicia logró probar que en el DAS sí se realizaron interceptaciones con patrocinio de sus jerarcas Jorge Noguera y José Miguel Narváez, para rastrear a particulares, opositores u organizaciones de derechos humanos.
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Además de su paso por el DAS, Laude Fernández añade en su hoja de vida que trabajó en la división de inteligencia del Ejército de Colombia, que ha realizado cursos sobre inteligencia y fuentes humanas y que uno de sus mentores ha sido el servicio de inteligencia británico, más conocido como el MI-6 o la casa del agente James Bond. Desde 2015, agrega en su perfil, es el director de la sede en Colombia de la firma consultora Berkeley Research Group, una empresa dedicada a ayudar a organizaciones empresariales en tres áreas puntuales: disputas e investigaciones, finanzas corporativas y estrategias, y operaciones puntuales.
Avianca siempre ha negado algún nexo con la red de chuzadas. En uno de sus comunicados de prensa aclaró que, en abril de 2017, la compañía contrató a la multinacional Berkeley Research Group para investigaciones sobre fraudes corporativos contra la empresa. Para esta misma fecha, la compañía transportadora señaló, en otro comunicado, que la empresa A&G Seguridad Limitada, propiedad del general (r) de la Policía Humberto Guatibonza, también capturado por este escándalo de interceptaciones ilegales, se presentó a una licitación para prestar servicios de seguridad, pero la firma no quedó seleccionada.
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“Vemos que está avanzando la Fiscalía con paso firme y rápido, y esperamos que todos los que resulten involucrados de alguna manera colaboren con la justicia para poder establecer quiénes son los responsables y quiénes recibían la información que esta oficina de interceptaciones ilegales obtuvo nuestra información de manera fraudulenta”, aseguró el capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) a este diario. Laude José Fernández ahora será la pieza clave para determinar quién pidió las interceptaciones a los miembros de la Acdac, con qué propósito y a qué persona se le entregó la información recolectada por los exoficiales del Ejército y la hacker Pinzón.