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En el departamento del Chocó la guerra no para. Al menos 3.600 personas han salido desplazadas y más de 12.000 están confinadas, según la gobernación y el Ejército, tras los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, en la región del Medio San Juan. Los combates iniciaron el pasado 5 de febrero.
El río San Juan, caudaloso e imponente, es el cerco de discusión entre dos hombres que se declararon la guerra por la dominación del territorio y las economías ilícitas: alias Jerson, líder del Frente Ernesto ‘Che’ Guevara del ELN, y Pablo Antonio Borja Ortiz, alias Piernas Limpias y líder de la subestructura Baudó del Clan de Golfo.
A la presencia de estas dos estructuras armadas, que se disputan los negocios ilícitos de la producción y salida de coca hacia el Pacífico, la minería ilegal y el contrabando de madera, se suma el temor de una posible llegada de integrantes de las disidencias de las Farc. Así lo advirtió a medios de comunicación la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.
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“Tenemos el temor de la amenaza que ha manifestado la Defensoría del Pueblo, acerca de una alianza de uno de los grupos de las disidencias de las Farc por el Valle del Cauca. Lo que nos dicen es que están buscando una alianza con uno de los dos grupos. Obviamente, atacando al otro grupo para darle un espacio”, señaló la gobernadora.
Para replegar la acción de los grupos armados, el Ejército Nacional ya tiene 340 hombres en la zona. En la mañana de este 13 de febrero informaron también que 150 uniformados estaban en alistamiento en el Cantón Militar de Ánimas Chocó, que ingresarán a los corregimientos de Puerto Murillo y Noanamá. Son al menos cinco los municipios afectados por la acción de los grupos armados: Istmina, Medio San Juan, Nóvita, Sipí y Litoral de San Juan.
También la Armada Nacional dispuso de un buque tipo nodriza y un elemento de combate fluvial integrado por cinco lanchas artilladas y personal de Infantería de Marina. El objetivo de su intervención es facilitar la movilidad de las tropas en esa zona de difícil acceso.
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Uno de los temores de las autoridades y habitantes de la región es la presencia de minas antipersona. La gobernadora Córdoba ya ha denunciado la siembra de este tipo de artefactos que en 2024 provocaron al menos 160 incidentes que involucraron a civiles y militares. “Estamos viendo niños de 14, 15 años perdiendo sus piernas por las minas”, dijo la mandataria.
Por su parte, el general William Caicedo, comandante de la Brigada 15 del Ejército Nacional, aseguró que las tropas ya están adelantando los controles necesarios para identificar la presencia de esos artefactos, desactivarlos y permitir que los desplazados retornen a los territorios y que las personas confinadas puedan salir con seguridad.
La gobernadora Córdoba ha hecho llamados insistentes para que las autoridades del orden nacional presten la atención necesaria a la violencia que permanece en el Chocó. Teme que en su departamento se presente una escalada como la que vive la región del Catatumbo (Norte de Santander) desde el pasado 16 de enero. “Yo no quisiera sentir que hay crisis de primera y de segunda clase. No entiendo por qué aquí la respuesta no es la misma”, señaló.
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En contraposición, el general Caicedo desestimó la posibilidad de que los enfrentamientos entre Clan del Golfo y ELN en el Medio San Juan puedan configurar una crisis como la que se viven al norte del país. También desmintió un cálculo inicial que indicaba que la cifra de desplazados era de al menos 20.000 personas; argumentó que el Comité Extraordinario de Justicia Transicional tiene un dato de 3.600 personas desplazadas y 12.677 confinadas.
Del total de desplazados, al menos 156 llegaron hasta Medellín. Así lo confirmó Carlos Arcila, Secretario de Paz y Derechos Humanos de la capital antioqueña. “Se han brindado las rutas de ayuda humanitaria y albergue. Muchos también se han autoalbergado con las familias, es una situación que ese está viviendo en la ciudad, debido al conflicto en el Chocó”, señaló.
Por información de las Fuerzas Militares se conoce que entre el 5 y el 8 de febrero hubo tres enfrentamientos. Sin embargo, las autoridades refuerzan su presencia en la zona, para atacar la acción de los grupos armados. Al tiempo, la administración departamental insiste en que, si bien es importante la presencia militar, mientras no haya inversión social, será muy difícil desescalar la violencia.
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