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Así fue el operativo que desmanteló 14 túneles del Clan del Golfo usados para extraer oro ilegal

Los inmuebles localizados en Buriticá (Antioquia) tenían la capacidad de extraer oro ilegal avaluado en cerca de tres billones al año. El presidente Petro anunció que los túneles serán entregados a cooperativas de pequeños mineros.

Redacción Judicial

11 de octubre de 2025 - 08:37 p. m.
En el operativo participaron 140 soldados del Ejército Nacional, adscritos a la Séptima Brigada, junto con 120 uniformados de la Policía Nacional.
Foto: Policía
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En un operación de la Fuerza Pública se logró el “golpe más grande de la historia contra la minería ilegal”, de acuerdo con el presidente Gustavo Petro. La acción, desarrollada en el municipio de Buriticá (Antioquia), permitió la incautación de 14 inmuebles con túneles utilizados para la extracción ilegal de oro, cuyo valor anual se estima en tres billones.

El mandatario señaló que esa producción ilícita era controlada por el Clan del Golfo, organización que habría utilizado las ganancias para financiar su estructura armada y el tráfico de armas en la región. “Los actuales grupos armados son grupos que giran alrededor de la economía ilícita; sin economía ilícita deja de existir la mafia armada”, afirmó Petro.

En el operativo participaron 140 soldados del Ejército Nacional, adscritos a la Séptima Brigada, junto con 120 uniformados de la Policía Nacional, apoyados por posiciones artilladas y drones de reconocimiento.

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El presidente anunció que los 14 túneles decomisados serán titulados a cooperativas de pequeños mineros tradicionales de Buriticá, como parte de una estrategia para reemplazar la minería ilegal por una economía formal.

Petro agregó que el Gobierno comprará el oro “unos pesos por debajo del precio internacional, para pagar el impuesto local a los municipios auríferos como regalía. La cooperativa pagará a sus socios de acuerdo con sus estatutos, ojalá cumpliendo los aportes a salud y pensiones”.

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El jefe de Estado recordó que la Agencia Nacional de Minería tendrá la misión de acelerar la titulación formal de los pequeños mineros, mientras que otras instituciones deberán fortalecer la presencia estatal en las regiones donde antes predominaba la economía ilegal.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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